Las asociaciones de periodistas crean un Consejo Deontológico

Los periodistas españoles cuentan, desde ayer, con un Consejo Deontológico que velará por el cumplimiento de los principios básicos de la profesión y tendrá capacidad disciplinaria, de arbitraje y de mediación en temas relacionados con los contenidos de los medios de comunicación. El organismo, similar al constituido en 1996 en Cataluña, está impulsado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

Formado por once representantes del periodismo, la Universidad, la magistratura y la sociedad civil, el consejo se constituye como un órgano de autocontrol ético, autónomo y disciplinario. Fijará las normas de funcionamiento interno de la profesión, cumplirá funciones de arbitraje y mediación en caso de que un medio se vea obligado a rectificar alguna información y velará por la credibilidad de los medios, siguiendo el ejemplo del Comité de Quejas británico o el Consejo de la Información de Cataluña.

Con un mandato de cuatro años renovable, forman parte del consejo los ex presidentes de la FAPE Jesús de la Serna, Antonio Petit y Alejandro Fernández Pombo. Además, lo integran el catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Núñez Encabo; su homólogo de la Autónoma de Barcelona, Manuel Parés i Maicas; la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, Adela Cortina; el magistrado José Sánchez Fabra, ex presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; el magistrado de la Sala Quinta de lo Militar de Tibunal Supremo, Ángel Juanes, y las presidentas de Manos Unidas y Cáritas, Ana Álvarez de Lara y Nuria Gispert, respectivamente. El undécimo consejero aún no ha sido elegido.

El Consejo Deonotológico recogerá las quejas de cualquier persona que se considere afectada por una información difundida en un medio impreso o audiovisual. Su intervención será "absolutamente incompatible" con el sistema judicial español, precisan sus responsables. De esta manera, el ciudadano afectado tendrá que elegir entre una de las dos vías de actuación. La conclusiones del consejo sólo tendrán fuerza moral o ética, ya que se limitará a hacer pública una resolución.

La FAPE recuerda que los derechos a la libertad de expresión y de información de los profesionales están sometidos a la no vulneración de otros derechos fundamentales. "Los periodistas asumen sus deberes, que es la única manera de reivindicar sus derechos", comentó ayer Manuel Núñez Encabo. Para Jesús de la Serna "no hay mejor servicio a la sociedad y a nosotros que darnos unos límites al ejercicio de nuestra profesión y asumirlos".

Una de las primeras misiones del consejo será la elección de presidente y la modificación del reglamento para que, además de actuar de parte, pueda abrir expedientes de oficio a los medios. Los contenidos audiovisuales serán objeto de especial seguimiento, aseguró uno de los consejeros. De hecho, el consejo catalán ha tenido en la televisión un verdadero filón. Afeó al espacio de TV-3 Domini públic por no respetar el derecho de las personas a su intimidad e imagen y reprobó la conducta del periodista Ramón Pellicer por simultanear su trabajo con la participación en un anuncio.