Salvar el Jaizkibel
Tiene su punto de humor inglés que el titular del Departamento de Transportes, sr. Amann, trate de justificar el dislate ambiental de la creación de un puerto industrial en los acantilados del Jaizkibel (Pasaia) aduciendo el cumplimiento del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Si el asunto no fuese tan serio, podría verse incluso como un buen chiste. No es, precisamente, el Departamento de Transportes el que se ha caracterizado estos últimos años por preocuparse del cumplimiento de Kioto. Algunos recordamos que en noviembre de 2002 y a propuesta del consejero Amann, el Gobierno vasco aprobaba un Plan Director de Transporte Sostenible sin metas ambientales concretas, fechas ni partidas presupuestarias, es decir sin compromisos reales de cambio. Aquel plan fue sencillamente humo.
Una obra como ésta supone la destrucción irreversible de tres kilómetros de acantilados en una zona de muy alto valor ecológico
Por supuesto me alegro de que el departamento empiece a preocuparse por la grave responsabilidad que el sector del transporte ha tenido y tiene en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el País Vasco, pero cualquier estudioso del tema podría aportarle 100 ideas concretas, prácticas, eficaces para mejorar el comportamiento del transporte vasco sobre dichas emisiones sin que conlleven la destrucción irreversible de tres kilómetros de acantilados en uno de los enclaves, Jaizkibel, ecológicamente más valiosos de nuestro litoral.
La envergadura de la agresión ambiental al litoral vasco que supone el denominado puerto exterior de Pasajes sólo es comparable a la que, en su día, suponía la central nuclear de Lemoiz o los planes de convertir el estuario de la Ría de Gernika -hoy única Reserva de la Biosfera del País Vasco- en un enorme puerto industrial. Por supuesto, aquellos proyectos también contaban con "sólidas" justificaciones económicas y sociales y trataban de vender, como hoy hacen los promotores de este nuevo megaproyecto, que eran "obras vitales" para el desarrollo económico de la zona y del País Vasco.
Una generación después de aquellos desatinos propios de un desarrollismo salvaje, la primera diferencia que nos separa en términos ambientales de aquellos tiempos es que formamos parte de una Unión Europea que ha hecho una opción firme, de gran calado y alcance político por el desarrollo sostenible. Formamos parte de una UE cuyo Consejo ha emitido en años recientes dos resoluciones en las que puede leerse que "las zonas costeras constituyen una herencia común, frágil y vital y es fundamental salvaguardar su diversidad biológica, el valor de sus paisajes, su calidad ecológica y su capacidad de mantener la vida, la salud, la actividad económica y el bienestar social".
Formamos parte de una Unión Europea cuyo Parlamento y Consejo aprobaron en el año 2002 una Estrategia para Europa de Gestión Integrada de las Zonas Costeras, que aboga por un planteamiento estratégico basado en "la protección del medio ambiente costero, formulado en términos de ecosistemas y capaz de preservar la integridad y funcionamiento de los mismos, así como la gestión sostenible de los recursos naturales de los componentes tanto marinos como terrestres de las zonas costeras".
La segunda diferencia respecto a aquellos tiempos es que, hoy día, el País Vasco cuenta con unas normas de protección ambiental que ni siquiera Transportes ni la Diputación de Guipúzcoa podrán ningunear. Para empezar, el entorno del Jaizkibel está incluido en el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral del País Vasco y habría que modificar dicho plan para poder acometer el proyecto. Para continuar, Jaizkibel figura en la lista de lugares que el País Vasco aporta a la Red Natura 2000 de la UE y está incluido en el Listado Abierto de Espacios de Interés Naturalístico, creado al albur de las Directrices de Ordenación Territorial. Figura como una de las cinco grandes áreas naturales a conservar y proteger en Gupúzcoa según el Estudio de los Espacios de Interés Naturalístico aprobado por la Diputación Foral en 1990.
Aún más, el dominio público marítimo terrestre del que forma parte el entorno del Jaizkibel está declarado Zona Ambientalmente Sensible por la ley 3/1998 de protección del medio ambiente aprobada por el Parlamento vasco. Ello supone, entre otras cosas, que no es suficiente la Evaluación de Impacto Ambiental realizada, sino que habría de llevarse a cabo una Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de todo el plan del puerto exterior al amparo del Decreto 183/2003 del Gobierno vasco y de la Directiva de referencia 2001/42/CE sobre Evaluación ambiental estratégica de determinados planes y programas.
El impacto ambiental de una obra como ésta supone la destrucción irreversible de tres kilómetros de acantilados en una zona de litoral de muy alto valor ecológico y paisajístico. Supone planchar con hormigón un espacio equivalente a 400 campos de fútbol, modificando todo el ecosistema y alterando de manera brutal el régimen de corrientes, oleajes y sedimentos de la zona costera, lo que, con el paso del tiempo, sin duda repercutirá en las sedimentaciones necesarias para la preservación de los sistemas de playa de zonas interconectadas con Jaizkibel como son Hondarribia y Hendaya. Supone que comunidades biológicas catalogadas de amenazadas como el cormorán moñudo, el halcón peregrino, la gaviota sombría vean alteradas sus áreas de reproducción. Y que la planta endémica del litoral del País Vasco, Armeria euscadiensis, que tiene su principal población entre los acantilados del Jaizkibel, reciba un golpe de muerte.
Además de los impactos ambientales negativos del proyecto, más que suficientes para invalidarlo de raíz, hay otros aspectos económicos y de planificación que lo cuestionan totalmente. En primer lugar, el litoral vasco tiene apenas 192 kilómetros de costa, de los que 22,5 están totalmente urbanizados y 25,5 son playas plenamente explotadas. Euskadi cuenta ya en el Abra de Bilbao con un macropuerto industrial, el más importante de la cornisa cantábrica, con capacidad para mover más de 30 millones de toneladas anuales y con potencial para absorber los previsibles aumentos en el tráfico marítimo a nuestra costa en los próximos años.
En segundo lugar, el actual Puerto de Pasajes supone, hoy día, en torno al 1,65% del Producto Interior Bruto de Guipúzcoa. Afirmaciones del estilo de que "sin la realización del puerto exterior se puede resentir el conjunto de la economía guipuzcoana" no tienen el más mínimo fundamento económico. La regeneración y modernización del Puerto de Pasajes puede y debe acometerse, pero sin que ello suponga destruir un valioso componente del capital natural de nuestro país como los acantilados del Jaizkibel.
En tercer lugar, la política de gestión integrada del litoral, y dentro de ella la política sobre puertos, ha de hacerse desde la perspectiva de los intereses del conjunto del País Vasco. La comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la gestión integrada de las zonas costeras del año 2002 señala, al respecto, que es a nivel de comunidad autónoma/ región desde el que se dispone de suficientes conocimientos y competencias para adoptar una visión estratégica sobre el desarrollo del litoral que "pueda contrarrestar los poderosos intereses económicos y políticos a corto plazo adoptados a escala local para fomentar decisiones poco sostenibles".
En conclusión, el modelo de crecimiento económico basado en la destrucción del capital natural es un modelo completamente obsoleto. Proyectos como el que nos ocupa sólo se entienden por los intereses económicos egoístas y cortoplacistas de un puñado de empresas y por los de unas autoridades portuarias preocupadas exclusivamente por mejorar su particular cuenta de resultados. El nivel de desarrollo económico, social y ambiental que ha alcanzado el País Vasco en los inicios del siglo XXI afortunadamente nos permiten mirar con optimismo hacia el futuro sin necesidad de acometer proyectos propios de un pasado de desarrollismo salvaje que está completamente fuera de lugar. La sociedad vasca sabrá salvar, también, los acantilados del Jaizkibel.
Antxon Olabe es economista ambiental.
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