La patronal alavesa teme que haya más cierres empresariales como el de Newell
La concesionaria de los túneles de Artxanda ha perdido ya más de medio millón de euros
La patronal alavesa SEA y la Cámara de Comercio provincial advirtieron ayer de que el caso de Newell Ibérica, multinacional que va a cerrar su planta de Vitoria antes del verano, dejando en la calle a 100 trabajadores, puede no ser el último en la provincia. El secretario general de SEA, José Manuel Farto, indicó que los costes salariales demasiado elevados ya son un problema que se va a empezar a visualizar con este tipo de cierres patronales.
Una advertencia similar hizo el presidente de la Cámara de Comercio, Josu de Lapatza, quien recalcó que una de las principales dificultades de las empresas alavesas son los costes salariales, que "cada vez están aumentando más". Lapatza agregó que la conflictividad también perjudica, al ofrecer muy mala imagen en el extranjero. Hizo un llamamiento a las centrales para corregir esas situaciones, ya que en caso contrario, "y puesto que no nos podemos sustraer de la realidad del mercado, se pueden producir más deslocalizaciones como la de Newell".
El comité de empresa de la planta de Newell en Vitoria ha decidido no acudir a la reunión a la que les ha convocado la dirección de la firma el próximo lunes en Zaragoza para abordar los cierres de las factorías de la capital alavesa y de Martorell (Barcelona). Los sindicatos creen que con carácter previo debe abrirse una mesa de negociación específica para cada una de las fábricas, y no hacerlo de manera genérica como plantea la dirección.
"Queremos que se monte una mesa de negociación para el caso de la planta de Vitoria, ya que su volumen y envergadura así lo requiere", indicaron fuentes del comité, presidido por ELA. Los representantes de los trabajadores estudiarán la semana entrante la conveniencia de elaborar ya un calendario de movilizaciones.
El primer teniente de alcalde de Vitoria, el popular Miguel Ángel Echevarría, mostró ayer su preocupación ante el cierre de la planta alavesa de la multinacional y aseguró que el Ayuntamiento está dispuesto a "reunirse con la empresa" para evitar el cierre. Para Echevarría, las reducciones de plantilla son "motivo de preocupación en esta ciudad, más aún teniendo en cuenta que estábamos alcanzando los parámetros de desempleo más bajos del Estado, esto es, una tasa de paro que no llega al 7%".
Frente al temor de la patronal y la Cámara de Comercio, el representante municipal se mostró esperanzado en que otras empresas no van a coger el testigo y optar por la deslocalización por el elevado coste de la mano de obra. En su opinión, el consistorio vitoriano tiene la obligación de conocer los problemas laborales y sociales que existen el la ciudad para estudiar si existe alguna posibilidad de reconducir la intención de la empresa, y evitar el cierre de la planta.
[El secretario general de Adegi, José María Ruiz Urchegui, declaró ayer a ETB que la patronal guipuzcoana quiere superar la etapa de enfrentamiento en la negociación colectiva y tiene "voluntad" de llegar a un acuerdo con los sindicatos, aunque "no a cualquier precio"].
Otros cuatro largos conflictos
El comienzo del año ha supuesto la proliferación de conflictos laborales con un denominador común: la búsqueda de equiparación salarial de trabajadores subcontratados con los de las empresas que los emplean.
Varios de ellos duran ya tres meses, como el de la limpieza de los edificios y dependencias públicas de Basauri, que ha obligado al cierre de polideportivos y causado problemas en los colegios. El paro, iniciado el 13 de enero, se ha mantenido ininterrumpido salvo un lapso de dos semanas, en que fue suspendida por orden judicial debido a un error en la convocatoria del paro.
El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia sufre una situación parecida. Todos sus trabajadores subcontratados -unos 280, casi tantos como la plantilla de la entidad- iniciaron un paro el 26 de enero, también en exigencia de la equiparación salarial.
Este conflicto llegó a poner en riesgo el medio ambiente, porque el inicial rechazo de los subcontratados a realizar servicios mínimos colocó a las depuradoras del Consorcio al límite de su capacidad y a punto de tener que verter lodos tóxicos a los ríos. La prolongación del paro ha llenado de nuevo las depuradoras y los sindicatos aseguran que ya se han realizado vertidos, lo que el Consorcio niega.
Hay otros conflictos menos conocidos, como el de los empleados de limpieza de la residencia San José de Erandio, en paro desde el 31 de diciembre, y que han vuelto al trabajo tras una sentencia que han recurrido. O el de los jardineros de Irún, en huelga desde hace un mes.
Dentro de este panorama, destaca como contrapunto el acuerdo alcanzado el 5 de abril en las contratas de limpieza de los edificios del Gobierno vasco en Bilbao y Sestao. Tras una subida gradual desde ahora, lograrán en 2003 una equiparación salarial con la plantilla del Ejecutivo en 2006. "Se ve que una Administración como el Gobierno acepta la equiparación", señala el dirigente de ELA Daniel Gómez.
En cambio, Ibon Areso, presidente del Consorcio de Aguas, habla de discriminación entre los subcontratados. "¿Por qué sí [a la equiparación] para los que trabajan para una Administración pública y no para los que lo hacen para una empresa privada?", se pregunta.
