Arafat restablece la pena de muerte para atajar el caos en Gaza y Cisjordania

El presidente palestino, Yasir Arafat, ha decidido restablecer la pena de muerte para atajar la oleada de anarquía que devasta en las últimas semanas los territorios de Cisjordania y Gaza, en los que actúan de manera descontrolada las milicias y las mafias armadas. Con esta orden se reactiva la aplicación de la pena capital, que se encontraba oficiosamente congelada en las zonas autónomas desde hace tres años como consecuencia de las presiones internacionales, especialmente de la Unión Europea, y de las organizaciones de defensa de derechos humanos.

La disposición, que ha sido ya comunicada al Parlamento y a las Fuerzas de Seguridad, podría afectar de manera inmediata a unos 10 convictos, que desde hace tiempo esperan en la cárcel la aplicación de la sentencia de muerte, que en su día les fue impuesta por un tribunal por delitos comunes o haber colaborado con las fuerzas de ocupación israelí. La pena capital podría asimismo aplicarse a cuatro taxistas de la franja de Gaza que hace pocas semanas fueron detenidos por haber secuestrado, violado y asesinado a una muchacha de 15 años, de origen beduino, Mayadah Abu Lamdi, vecina del campo de refugiados de Shati.

El asesinato de esta muchacha ha desencadenado una oleada de indignación popular que llevó el viernes a centenares de personas a manifestarse por las calles de Gaza, para concentrarse ante la prisión principal o serrallo, en el centro de la capital. La multitud reclamó acceder a los detenidos para lincharlos, por lo que las fuerzas de policía palestina se vieron obligadas a lanzar gases lacrimógenos y disparar contra los manifestantes, provocando dos heridos. Familiares de la víctima aseguraron que dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina les habían asegurado que los cuatro detenidos serían ejecutados.

La Autoridad Nacional Palestina, en su campaña por atajar el caos y la anarquía, ordenó asimismo este fin de semana a todos los mandos policiales no abandonar sus cuarteles y oficinas, ni dejar el control directo de sus tropas sin permiso de sus superiores, para impedir de esta manera las defecciones de los agentes o su participación en operaciones armadas contra las fuerzas israelíes.

Esta serie de medidas disciplinarias y policiales han ido acompañadas de otras de orden administrativo por las que se decreta la unificación de todas las fuerzas de seguridad bajo un mando único y la construcción de una serie de acuartelamientos en las principales ciudades, contando para ello con la ayuda y el asesoramiento de la comunidad internacional, especialmente del Reino Unido, que se ha comprometido a enviar asesores en materia de seguridad a Cisjordania y Gaza. Las nuevas construcciones suplirán los acuartelamientos y oficinas policiales que, de manera sistemática, han sido destruidos por los israelíes durante la Intifada.

El presidente Yasir Arafat ha aprovechado la reestructuración de los cuerpos policiales para pasar cuentas a sus enemigos. El primer paso ha sido ordenar a la Seguridad Militar, que dirige su sobrino Musa Arafat, actuar contra el ex ministro del Interior el general Nasser Yussef, con el que ha protagonizado importantes enfrentamientos verbales en los últimos meses, que culminaron la semana pasada en Ramala con ocasión del Consejo Revolucionario de Al Fatah. El general acusó al presidente de ser incapaz de poner orden en los territorios y Arafat, a su vez, le respondió si hablaba así por encargo de Israel o de Estados Unidos, para a continuación tirarle el micrófono con el que estaba hablando.

Las fuerzas de la Seguridad Militar, en cumplimiento de estas órdenes, han retirado las armas de los escoltas del general Yussef, irrumpieron en los domicilios de sus más estrechos colaboradores y confiscaron un gran número de documentos. Horas antes las mismas fuerzas confiscaron también los vehículos oficiales que utilizaba el general, si bien no pudieron actuar directamente contra el militar, ya que se encuentra en el extranjero. En medios políticos se asegura que el general Yussef podría haber optado por un exilio provisional, para no ser objeto de ningún acto de venganza.

Derechos humanos

Ayer, coincidiendo con las órdenes presidenciales, la organización oficial palestina Comisión Independiente por los Derechos Humanos hacía público en Ramala su informe anual en el que culpa a la Autoridad Nacional Palestina de "no haber hecho nada para detener el deterioro de la vida y los derechos humanos" en los territorios, a pesar de las dificultades creadas por la ocupación militar israelí.

El mencionado informe asegura que la situación de los derechos humanos en Palestina ha ido empeorando y que durante el pasado año continuaron los arrestos arbitrarios, las torturas y se registraron asimismo 48 asesinatos, resultado de ejecuciones arbitrarias. Este instituto palestino reclama como una de las medidas a tomar más urgentes la convocatoria de elecciones municipales, para atajar el caos y la anarquía e impedir que proliferen situaciones como las acaecidas en Nablús, donde hace una semana se vio obligado a dimitir el alcalde, Ghassan W. Shakah, después de que se declarara incapaz de mantener el orden en la ciudad.