La oposición tilda la norma de vaga y propagandística
Las críticas de la oposición a la ley son generalizadas. "Una simple declaración de intenciones" es la frase más repetida por la mayoría de grupos para calificar a esta ley que sólo tuvo el apoyo del PP y Coalición Canaria. El resto de grupos se abstuvieron (socialista, vasco) o votaron en contra (CiU y Entesa Catalana de Progrés). Los más críticos fueron los grupos nacionalistas ya que consideran que la ley invade de forma "flagrante" las competencias de las Comunidades Autónomas, según explica el senador de CiU, Domènech Sesmilo.
"Se dan plazos de hasta de 17 años para suprimir las barreras arquitectónicas y lo que es peor, la ley nace sin un régimen sancionador", se lamenta el senador del grupo vasco, Joseba Aurrekoetxea. "Sin sanciones esta ley es papel mojado", añade el socialista Ángel Díaz Sol. En la ley se usa en repetidas ocasiones la palabra "podrá" seguida de un infinitivo. "La utilización de estos términos ambiguos demuestran lo propagandístico y vago de la ley. Todo el mundo sabe, y Rajoy mejor que nadie, que las cosas se podrán hacer o no", bromea Díaz Sol para clarificar la fragilidad de los términos. "Es la típica ley Zaplana".
Otra crítica al PP fue su negativa al diálogo. "En la LISMI de 1982 se consiguió un acuerdo generalizado pero en esta ocasión no la han querido enriquecer con las propuestas de otros grupos ", dice Ramon Espasa, de Entesa Catalana de Progrés. La senadora popular, Isabel San Baldomero, rebatió estas críticas. "En tiempos de UCD había más generosidad", aseguró. Aunque mostró su satisfacción por tener el apoyo del CERMI y de la ONCE. San Baldemoro recordó que 3,5 millones de discapacitados van a tener un gran avance en el ejercicio de sus derechos en los próximos años. Y recordó también sus familias, diez millones de personas, se verán beneficiadas con la ley. La senadora del PP reconoció el problema de competencias con las comunidades autónomas.
