Los riesgos de la permisividad
La política de residuos de la Unión Europea es muy clara en cuanto a priorizar e incentivar la disminución en origen, la recuperación, el reciclaje y valorización de los residuos, frente al vertido. Y esta es la senda por la que caminan ya la mayor parte de los sectores industriales europeos. Sin embargo, las inercias y los malos hábitos de algunos sectores se resisten a incorporar nuevos procesos y productos que minimicen los residuos o a paralizar y suspender el vertido de sus residuos tóxicos y peligrosos, máxime cuando estos pueden ya reciclarse o valorizarse.
Esta actitud de determinadas empresas que persisten en el vertido masivo de sus residuos peligrosos, cuando existe y está ya probada una mejor tecnología disponible, económicamente viable y ambientalmente benigna, e incurren adicionalmente en una situación de competencia desleal frente al resto de las industrias del sector que sí valorizan el residuos, resulta extremadamente grave y condenable. Y lo es más cuando la comunidad autónoma en que se ubica esa industria y su vertedero de residuos tóxicos es permisiva y cómplice de dicha actitud.
La política de residuos europea se enfrenta así en algunos países con nefastas prácticas y ejemplos de dumping ambiental entre empresas que cumplen y otras que incumplen. Pero, lo que es aún más preocupante, el dumping ambiental entre comunidades autónomas por la incomprensible permisividad de alguna de ellas con sus empresas que continúan vertiendo residuos tóxicos, mientras en el resto de las autonomías y en la UE se paraliza el vertido y las empresas del sector inician la recuperación, reciclaje o valorización de ese residuo o producto, por existir ya,insisto, una "mejor tecnología disponible" para hacerlo.
Este es el caso en España con un residuo-producto, procedente de la fusión secundaria del aluminio, que genera un residuo peligroso denominado "escorias salinas de la segunda fusión del aluminio" (ESSFA, CER 100308*). En un reciente informe del prestigioso Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR-CER), se desvela crudamente esta grave irregularidad que está sucediendo en España con la industria de la recuperación-valorización del aluminio. Se trata del primer informe técnico de la Serie de Reciclado de Materiales que se dirige al corazón del problema: cuando todos cumplen reciclando, pero a uno se le permite incumplir porque resulta más barato el vertido hay el tremendo peligro de competencia desleal y dumping ambiental, que puede provocar que todos vuelvan a incumplir, reiniciando el vertido.
Este es el preocupante mensaje que se desprende del Informe de Gestión de las Escorias Salinas de los Procesos de Segunda Fusión del Aluminio (Madrid, 2002), informe riguroso que desvela un hecho que inquieta en extremo a ecologistas, ambientalistas e instituciones sensibles con la temática ambiental y el desarrollo sostenible. Cuando todo el sector del proceso de recuperación del aluminio adopta la decisión y la práctica de reciclar-valorizar un residuo peligroso procedente de la producción secundaria del aluminio, cerrando el ciclo de este metal con el máximo aprovechamiento de los recursos y la mínima generación de residuos finales, una empresa -Idalsa, ubicada entre Pradilla de Ebro y Tauste (Aragón), junto al fértil valle del Ebro- persiste en su práctica de seguir vertiendo dichos residuos en la cercanía de sus instalaciones. Según dicho informe, este vertido de residuos peligrosos lo hace en vertedero controlado y santificado por el Gobierno de Aragón, sabedor de que existe una "mejor tecnología disponible" para el tratamiento adecuando de este residuo, tal y como lo están haciendo el resto de las empresas del sector de segunda fusión del aluminio, por expresa indicación de los gobiernos de las comunidades en que están asentadas. Este es el caso de Alcasa y Aluminsa (Cataluña), Remetal (País Vasco), Galdan S.A. (Navarra), Refinalsa (Castilla y León). Todo el sector ha optado razonablemente por reciclar-valorizar las escorias salinas excepto una empresa, Idalsa, que no sólo sigue con la práctica de verter más de 13.000 toneladas/año sino que, además, a la vista de que nadie le dice nada y su gobierno consiente, se ha lanzado a conquistar el mercado ante la situación de ventaja económica comparativa (competencia desleal) y construye otro horno rotativo para ampliar el volumen de vertido hasta las 26.000 toneladas/año.
El ejemplo no puede ser más deplorable e ilustrativo para la política que intenta promocionarse desde la UE, fundamentada en la promoción del reciclaje-valorización y la Directiva sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación. El comentado informe del ISR-CER es inequívocamente revelador cuando señala que "hay una Comunidad Autónoma en la que las escorias salinas aparecen asignadas a la gestión vía vertedero de residuos peligrosos, desmarcándose claramente del resto de las Comunidades" (p. 52). El informe insiste que "en cuatro de las cinco CC.AA. se está actualmente reciclando las escorias salinas de segunda fusión del aluminio en su totalidad y considerando el reciclaje como la única opción válida de gestión, mientras que en la quinta se ha optado claramente por el vertido de las mismas" (p. 55).
Este dumping ambiental entre autonomías sienta un precedente de graves consecuencias para la política de residuos y política ambiental en general. Ya no por la censurable práctica de la empresa, sino por la sorprendente actitud de esa comunidad autónoma. Mientras, entre Tauste y Aragón crecen dos vertederos de residuos clasificados como peligrosos -uno con más de 100.000 toneladas y otro, en su proximidad, que lleva vertiendo 13.000 toneladas/año durante los últimos cinco años y que ha vuelto a obtener licencia del Gobierno de Aragón para verter hasta 26.000 toneladas/año-.
No está de más recordar los objetivos y mandatos del VI Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente para 2002-2010. Es sumamente explícito cuando señala como urgente: "la estrategia de impulsar el reciclado y aprovechamiento de los residuos proponiendo que la mayor parte de los residuos se reintroduzca en el ciclo económico, especialmente mediante el reciclado". Es la UE la que recomienda ya en este programa "una política de información de la población (transparencia) para poner nombre y apellidos a cumplidores e infractores de la normativa".
José Allende es catedrático de Economía Aplicada de la UPV-EHU.
