Otro modelo de crecimiento
Muchos políticos llaman largo plazo al tiempo que resta hasta las siguientes elecciones. Por eso nuestros responsables económicos no están preocupados por la economía española "en el largo plazo". Sin embargo, hay motivos serios de inquietud por la sostenibilidad de un modelo de crecimiento que se ha basado en un fuerte cóctel de estimulantes, pero que está obteniendo resultados mediocres, y en muchos casos negativos, en los más importantes pilares de los que depende el crecimiento futuro: los recursos humanos, el capital tecnológico, el capital público, en particular las infraestructuras, y la liberalización de la economía.
La economía española ha venido disfrutando una larga fase expansiva de un ciclo económico que comenzó en 1994, que ha contado con tres combustibles para su motor, con diferente intensidad a lo largo del periodo: las devaluaciones de la peseta de 1992 y 1993, el crecimiento económico internacional y la Unión Monetaria a partir del 1 de enero de 1999.
La reducción de los tipos de interés en más de siete puntos respecto de 1995, mucho más acusada en España que en el conjunto de la UE al desaparecer, con la incorporación al euro, la penalización por nuestra histórica propensión a la inflación y a la devaluación competitiva, ha constituido el cambio más trascendental para la evolución de la economía española de los últimos tiempos. Ha aliviado la carga de intereses de la deuda pública, convirtiéndose en el mejor aliado para equilibrar las cuentas públicas; ha reducido los costes financieros de las empresas, mejorando su competitividad y estimulando la inversión, y ha impulsado el endeudamiento de las familias hasta extremos desconocidos anteriormente, fomentando tanto el consumo como, sobre todo, la inversión en vivienda, con la colaboración en este caso del alargamiento del plazo de las hipotecas. Este estimulante explica, por sí solo, por su impacto sobre la construcción residencial, una parte muy importante del diferencial positivo de crecimiento que está registrando la economía española en la fase de ralentización. El otro factor relevante es el crecimiento de la población por la inmigración, probablemente muy por encima del 0,5% anual.
Todos los gobiernos procuran apropiarse de los acontecimientos positivos sobrevenidos y huyen como de la peste de asociarse a las catástrofes acontecidas. Es lógico, por tanto, que el Gobierno haya pretendido, y en parte conseguido, post hoc, ergo procter hoc, vincular el crecimiento a su política económica, expresada en cuatro ejes: incorporación al euro, equilibrio fiscal, reducción de impuestos y reformas estructurales.
El euro es lo más importante que nos ha sucedido desde el ingreso en la UE. Es interesado por mi parte recordar que el proceso de convergencia que había emprendido el último Gobierno socialista tenía como objetivo estar en la constitución de la UEM en su lanzamiento, y que el calendario del euro se aprobó en la Cumbre de Madrid de 1995. Afortunadamente, el Gobierno del PP superó algunos titubeos iniciales de euroescepticismo y retomó ese objetivo para llevarlo a buen puerto, pasando un examen que terminó con aprobado general para todos los presentados.
Respecto del equilibrio de las cuentas públicas, nada que objetar como principio para un sano crecimiento, y como disciplina para la austeridad y la eficiencia en el gasto, pero no ha tenido el efecto sobre los tipos de interés españoles que se le pretende atribuir. Son iguales en España que en los países de la zona euro con elevados déficit. Mis reservas se refieren a que se ha conseguido sobre todo por la reducción de los intereses de la deuda, por la centrifugación del déficit hacia el sector público empresarial, y sacrificando las inversiones en capital humano, tecnológico y físico.
En lo que se refiere a la reducción de impuestos, la propaganda tampoco se corresponde con la realidad. La estrategia de reformar, una vez por legislatura, el impuesto más visible, el IRPF, y dejar que la inflación fuera, silenciosamente, haciendo la contrarreforma año a año, puede haber funcionado desde el punto de vista de la imagen. La realidad es que la presión fiscal ha aumentado (OCDE) y se ha hecho más injusta.
En lo que se refiere a reformas estructurales, es importante el balance en privatizaciones, pero ello no parece haber aumentado ni la libertad económica ni la competencia, porque se ha optado por liberalizaciones de papel. En telecomunicaciones no se observa una evolución más favorable que en el resto de la UE, ni en precios ni en desconcentración respecto del operador dominante. En energía no ha habido ni cambio estructural ni competencia real. Las reformas más relevantes en el mercado de trabajo (reforma Griñán) o en la Seguridad Social (Pacto de Toledo) se aprobaron o se pactaron entre 1994 y 1996. Cada pocos meses se han anunciado históricos paquetes liberalizadores que han terminado como ratones paridos por una montaña, muy exagerada, eso sí, en sus contracciones. Mientras tanto, han aumentado el intervencionismo sucio, la inestabilidad regulatoria y la arbitrariedad.
Pero, más allá de los méritos y los deméritos, de las relaciones causales o concursales, del énfasis en las carencias o en los logros (hemos crecido y creado empleo, y nuestra situación presupuestaria está más saneada, y eso es positivo), lo preocupante es el deterioro de nuestra posición relativa en la UE en los elementos de los que depende nuestro crecimiento, empleo y bienestar futuros. Demasiados indicadores de organismos nacionales e internacionales muy solventes así lo expresan, y algún debate debieran provocar.
Se ha producido un deterioro de la competitividad de nuestra economía respecto del conjunto de la UE, como reflejan el indicador sintético del Banco de España (BDE), el diferencial de precios y de productividad (BDE) o el deterioro de la balanza comercial (INE).
Nuestro capital humano se ha visto favorecido por la llegada al mercado de trabajo de los jóvenes mejor formados de la historia de España, fruto de la universalización de la educación en los ochenta, por la mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, en los últimos años, por la inmigración. Pero dedicamos menos dinero a educación en porcentaje del PIB que en 1995, situándonos casi a la cola de la UE (OCDE). Estamos también a la cola de la UE en la población activa que participa en programas de formación continua y a la cabeza en jóvenes entre 20 y 24 años que han abandonado ya su formación (Comisión Europea). La precariedad en el empleo desincentiva la inversión en formación ocupacional.
Está aumentando la brecha tecnológica con la UE (BDE). Algo debemos estar haciendo mal en el sistema I+D+i [Investigación + Desarrollo + innovación], con un gasto que apenas alcanza el 54% de la media de la UE (BDE), y en el desarrollo de la sociedad de la información, con un gasto en torno al 60% de la media de la UE. Somos el segundo país por la cola en la UE en el peso de la alta tecnología en nuestras exportaciones (Comisión Europea). En infraestructuras se ralentizó, con la llegada del PP, el esfuerzo inversor realizado entre 1985 y 1995. Sólo muy recientemente parece que se recupera un cierto nivel.
La ampliación de la UE constituye un reto añadido para la economía española. No sólo va aacentuar el desplazamiento del centro de gravedad económico hacia el centro y el este de Europa, sino que se incorporan países con una ventaja competitiva en la relación entre nivel de formación y esfuerzo tecnológico, y costes laborales, como ha puesto de relieve el Banco de España en su último informe anual. Es preocupante el deterioro, en los últimos años, del saldo comercial con los países candidatos en los sectores con mayor contenido tecnológico.
El encarecimiento de la vivienda, cuyo precio ha alcanzado máximos históricos en relación con la renta familiar media, ha absorbido el fuerte incremento del endeudamiento de las familias, que ha pasado del 46% de la renta bruta disponible en 1995 al 83% en 2002 (BDE).
No es tarea agradecida criticar a un entrenador al que le sonríen los resultados. Muchos prefieren dejarse arrastrar por la euforia de la clasificación más que atender a los aguafiestas que alarman sobre el descuido de la cantera, la mala preparación física o técnica, o el desequilibrio de un equipo que va bien en casa (demanda interna) pero obtiene resultados mediocres fuera (mercado exterior). Aunque cuando los resultados no acompañen, porque los estimulantes no compensen nuestras debilidades, nos encontremos con la cruda realidad de las oportunidades perdidas y los deberes sin hacer.
Por ello, el PSOE se encuentra ante un reto difícil en el debate político de sus propuestas económicas. Aspira a fortalecer las bases de nuestro modelo de crecimiento a medio y largo plazo, invirtiendo en capital humano, físico y tecnológico, frente a un PP instalado con relativa comodidad en la apropiación del crecimiento de los últimos años, y en una coyuntura económica en la que los bajos tipos de interés garantizan el mantenimiento de la actividad económica en "su largo plazo", el horizonte electoral. Quiere hacer más justos los impuestos, sin elevar la presión fiscal, frente a un PP que ha subido la presión fiscal haciendo como que la bajaba. Necesita hacer creíble su compromiso firme con la libertad y la competencia en los mercados, con la lucha contra los monopolios, que ha sido en el pasado más consustancial con su práctica de gobierno que con su doctrina política, frente a un PP que lo ha incorporado siempre con desparpajo a su doctrina, pero escasamente a su práctica de gobierno, intentando hacernos pasar las privatizaciones como liberalizaciones. Por último, pretende mantener la estabilidad presupuestaria, aun desconociendo la magnitud del déficit oculto, y concentrar sus energías en la reestructuración del gasto, para recuperar la brecha en productividad, formación tecnológica y de infraestructuras. Se trata de un firme compromiso con la disciplina presupuestaria que globalmente comparto, aunque es discutible si no debiéramos avanzar en la fijación de criterios de estabilidad del gasto que discriminen el gasto corriente de las inversiones en capital físico, humano y tecnológico. Una difícil y ambiciosa tarea que requiere un fuerte impulso político.
Luis Atienza Serna es economista y fue ministro socialista entre 1994 y 1996.
