El resquicio

Pasado mañana el Parlamento de Vitoria debatirá sobre la plasmación técnico-jurídica y la hoja de ruta del plan anunciado hace un año por el lehendakari Ibarretxe para avanzar hacia un nuevo status de libre asociación del País Vasco con el Estado español. La opacidad que ha blindado la larga etapa de incubación del proyecto ha multiplicado las incertidumbres sobre sus propósitos e incrementado los temores a una eventual ruptura dramática -e incluso violenta- de la estabilidad institucional por su causa. Si las líneas maestras del plan expuesto en septiembre de 2002 por Ibarretxe eran ya difícilmente compatibles con la Constitución de 1978, la filtración el pasado mes de julio de un texto articulado de Estatuto Político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi hizo sonar todas las alarmas: tanto el contenido sustantivo como el mecanismo procesal (incluidos los plazos conminatorios de negociación y el referéndum vasco a espaldas de la legalidad vigente) traspasaban inequívocamente las fronteras del marco constitucional. Aunque Ibarretxe restó importancia a la filtración con el argumento de que ese texto articulado no era sino uno de los ocho borradores de la versión definitiva, la lectura del documento dejó la impresión de que el Gobierno de Vitoria -sin mayoría absoluta en el Parlamento a menos que sea apoyado por Batasuna- se estaba metiendo en un callejón sin salida.

Tanto la Constitución española como la Constitución de la Unión Europea en curso de elaboración cierran el camino a los proyectos geopolíticos del nacionalismo vasco moderado, cuyos desacuerdos con el nacionalismo radical acerca de los medios (el uso de la violencia y la justificación del terrorismo) y los ritmos (el gradualismo de las etapas) no se hace extensivo a los fines últimos. Si bien las exigencias del plan Ibarretxe se limitan por el momento a conseguir la soberanía compartida -de corte confederal- del País Vasco con España, la eventual conquista de ese objetivo sería el primer paso para la reivindicación irredentista de Navarra y los territorios franceses como partes de una Euskal Herria unificada e independiente.

La razón de que el incoado proyecto Ibarretxe sea democráticamente inviable no es sólo su pretensión de modificar unilateralmente el mapa de la Unión Europea para construir un nuevo Estado sobre territorios que se hallan actualmente bajo la soberanía de España y de Francia; más grave resulta aún la falta de consenso existente dentro de la sociedad vasca, rota en dos mitades en lo que se refiere a su propósito. En 1979, sin embargo, los ciudadanos vascos -nacionalistas o no- lograron un amplio entendimiento en torno a las instituciones de autogobierno: el Estatuto de Gernika fue aprobado por el 90% de los votantes en un referéndum con el 60% de participación. ¿Por qué romper ese consenso, que expulsa a los vascos no nacionalistas de su patria compartida? No se trata de un conflicto entre los derechos colectivos de España, Francia y Euskal Herria sino de los derechos individuales de los ciudadanos vascos amenazados no sólo por el terrorismo de ETA sino también por la perspectiva de que sus libertades políticas y civiles fuesen negadas o recortadas en ese Estado independiente.

La asistencia del lehendakari la pasada semana a la recepción dada en el palacio Real por el Rey a los miembros del Comité de Honor para la conmemoración del 25º aniversario de la Constitución de 1978 ha abierto, sin embargo, un mínimo resquicio a la esperanza de una estrategia combinada de rectificación y de negociación capaz de evitar el irremediable choque frontal al que conduciría la estrategia del Gobierno vasco, encaminada a una ruptura unilateral del marco constitucional a través de los hechos consumados. Aunque el gesto simbólico de Ibarrete suavizó un tanto las pesimistas impresiones existentes sobre el debate de pasado mañana, las malas experiencias del inmediato pasado respecto al viraje soberanista dado por el nacionalismo vasco moderado en los últimos años (desde las negociaciones secretas del PNV con ETA que alumbraron el Pacto de Estella en 1998 hasta los enfrentamientos fronterizos a la desobediencia del Gobierno de Vitoria con el Poder Judicial en torno a la ilegalización de Batasuna) no mueven desgraciadamente al optimismo.