¿Hecho escandaloso o escándalo continuo?
Lo que sorprende, a propósito del escándalo marbellí de las últimas semanas es, precisamente, que sorprenda. Si bien el montaje político alrededor de la moción de censura es sin duda una situación que produce sonrojo, no hay que olvidar que lo realmente escandaloso es que durante una larga década se haya producido en Marbella una situación de continuo abuso de poder, vulneración del Estado de Derecho y enriquecimiento de los responsables municipales a la vista de todos. La situación actual no es más que el epílogo de esa cadena de hechos delictivos y fraudulentos y la atención mediática que ha merecido no debe ocultar hoy la verdadera naturaleza del problema: el sistema que defiende los derechos del ciudadano ante el poder, incluso el poder democráticamente electo, ha dejado de funcionar en Marbella desde que Jesús Gil obtuviera su primera mayoría. Por lo tanto, lo sorprendente, desde el punto de vista democrático, es que, ante el permanente abuso del poder municipal, no se hayan activado los mecanismos que nuestra democracia posee para limitarlo.
Si analizamos lo ocurrido durante estos años, nos encontraremos frente a un escándalo político sin precedentes en España; y ello se debe no sólo a la actuación de un gobierno populista, sino que paralelamente ha habido fallos en el sistema que debe garantizar la aplicación de los derechos y las garantías. Un fraude de tal magnitud no es posible sin la complicidad, por acción o por omisión, de los diferentes agentes que intervienen en el proceso: arquitectos que firmen proyectos de edificios ilegales (y un colegio que los vise), la colaboración de notarios y registradores, un poder judicial incapaz de desmontar un sistema de corrupción generalizada, sin olvidar la responsabilidad de los partidos y de las instituciones políticas.
Quizás sea legítimo argumentar que los primeros responsables de tales desmanes son los electores que, de forma reiterada, han elegido a estos gobernantes. De hecho, probablemente sea cierto. Pero no lo es menos que personas que han ejercido el poder con tal grado de desprecio hacia la democracia, no deberían, en un verdadero Estado democrático, tener la posibilidad de constituirse en oferta electoral. Es más, no se debe confundir (como hace el propio Gil) las elecciones y la democracia.
La elección da al poder una legitimidad de origen, pero la legitimidad del ejercicio de este poder tiene la misma importancia en términos democráticos, y para que la práctica del poder sea legítima, debe respetar los límites que establece el marco legal. Lo que realmente distingue a la democracia de otros regímenes son los límites impuestos al poder, y no sólo el hecho de ser elegido.
Si pusiéramos el caso marbellí en relación con el análisis de la calidad de la democracia en nuestro país, tras 25 años de Constitución, se debería concluir que éste pone de relieve uno de los agujeros negros de nuestro sistema democrático. Es el grado superlativo de un modelo de gestión municipal que pone la institución, cuyo objetivo es la defensa del interés general, al servicio de los intereses personales de los cargos electos y de quienes influyen sobre ellos. Como hemos podido ver en el caso de la Comunidad de Madrid, Marbella es sólo un ejemplo, sin duda más visible (puesto que es más exhibicionista) de un modelo que, en mayor o menor medida y con mayor apariencia democrática, se extiende por otras zonas del país, siempre con la misma naturaleza delictiva y venal, utilizando los mismos mecanismos de corrupción y connivencia. Las formas o las apariencias pueden cambiar, así como el grado de gravedad de la actitud moral de los responsables, pero lo importante es que el resultado efectivo es parecido. Tal resultado es, ante todo, un modelo urbanístico desarrollista, que a pesar de encontrarnos en democracia, tiene las mismas características que el practicado durante el franquismo y que tuvo efectos tan devastadores para nuestras ciudades. La atención mediática sobre el escándalo marbellí abre pues un espacio de reflexión en el que este caso no debe ser percibido como una excepción sino como un ejemplo (a no seguir). Por lo tanto, hay que comprender que los ayuntamientos son, con demasiada frecuencia, instituciones en extremo débiles frente a los intereses de la presión especulativa, sobre todo en zonas de nuestro país (como el litoral o los municipios de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades), en las que el suelo despierta grandes intereses. En ese sentido, tampoco hemos aprendido la lección de los errores del franquismo, en el que sus débiles instituciones locales fueron fácil presa para promotores sin escrúpulos.
A mi parecer, existen tres pistas que habría que desarrollar para dar respuesta a este problema. En primer lugar, es necesario, en la Costa del Sol como en las grandes áreas metropolitanas, desarrollar un sistema de poder local que se corresponda a la realidad de las extensiones urbanas, que han adquirido ya la forma de regiones metropolitanas. En segundo lugar, es urgente una reforma de la ley del suelo que produzca un reparto más justo de las plusvalías que generan los procesos de urbanización del suelo y que reduzca su excesiva complejidad que tanto dificulta su aplicación. Por último, una reforma de la ley electoral que tienda a fortalecer la democracia municipal y a dotarla de mayor estabilidad.
José Asenjo es diputado del PSOE en el Congreso por Málaga.
