El Ayuntamiento de Arcos busca métodos legales para frenar la construcción de centrales térmicas
El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), de coalición entre PSOE e IU, ha anunciado su intención de paralizar la construcción de una central térmica de ciclo combinado promovida en ese municipio por la empresa Iberdrola y que contó con el apoyo del anterior alcalde, Juan Manuel Armario, del PP, a pesar de la fuerte contestación ciudadana que provocó el proyecto.
La nueva alcaldesa, Josefa Caro (PSOE), anunció la revisión de "los compromisos firmados por el anterior alcalde y de todos los documentos entregados por la compañía en el Ayuntamiento para justificar las licencias necesarias". Según Caro, la nueva Corporación pretende encontrar "algún resquicio desde la legalidad para paralizar la iniciativa, a pesar de que la planta se encuentra ya en fase de inicio de obra".
La nueva estrategia municipal contará con una comisión de seguimiento a la que se invitarán los colectivos ciudadanos que en la pasada legislatura mostraron su rechazo. La primera reunión está convocada para el próximo martes.
Los denunciantes, miembros en su mayor parte de la plataforma No a la Térmicas y de Ecologistas en Acción de Cádiz, advirtieron del daño que este tipo de plantas genera. Según su versión, al perjuicio sobre las personas se suma el deterioro medioambiental, por el excesivo consumo de agua que precisan los circuitos refrigerantes de la instalación. Además, consideran que esta industria perjudica de manera grave al turismo rural que pretende afianzarse como una fuente de riqueza de la Sierra de Cádiz, de la que Arcos de la Frontera es puerta natural.
Josefa Caro explicó que la iniciativa estará basada "en la prudencia", pero aseguró que la intención política de su gobierno es de "poder frenar eso", en cumplimiento de los compromisos adquiridos por su partido durante la campaña electoral. No sólo el PSOE se muestra contrario a los proyectos de térmicas en Arcos, también, institucionalmente, el Gobierno de la Junta de Andalucía advierte de que las inversiones pretendidas son prematuras, ya que, en su caso, el desarrollo del sector energético deberá estar regulado por un mapa estratégico que el Gobierno central aún no ha culminado.
Iberdrola pretende la construcción de una central de 1.600 megavatios de energía en las orillas del embalse de Guadalcacín. La compañía absorbió los dos proyectos que anteriormente lideraban en la zona la norteamericana Enron, ahora en situación de quiebra, y la empresa Guadalcacín Energía, unificando ambas en una sola central de mayor capacidad. En paralelo al proyecto de Iberdrola, la empresa Unión Fenosa pretende la construcción de una segunda central térmica en la misma zona.
