La FNMT entrará en septiembre en el mercado privado de la certificación

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) que, a través del departamento Ceres, certifica la identidad digital de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, entrará en septiembre en el mercado privado ofreciendo, entre otros muchos, sus servicios de certificación. A la entrada de Ceres se añade la cercana implantación del DNI digital que, como documento que acredita la identidad de su titular, también tendrá usos en el terreno de la certificación privada. "No tiene sentido que si el ciudadano tiene un documento que le acredita, sólo pueda utilizarlo con la Administración. Se trata de una ventaja para las empresas y los usuarios", declara el presidente de la FNMT. Este panorama ha desatado las alarmas entre las agencias privadas de certificación que lo consideran una competencia desleal.

Gonzalo Ferre Moltó, presidente de la FNMT, explicó a este suplemento la idea que subyace en esta operación. Con él estaban Antonio Mesa, director de sistemas de Información e Ingeniería, y Sergio Ruiz Mahillo, director de Ceres.

Ferre Moltó cree que algunas polémicas se basan en conceptos confusos. "El DNI en España lo expide Interior como servicio público que es y siempre ha servido para acreditar al ciudadano ante otros ciudadanos y no sólo ante la Administración. ¿Por qué tendría que ser distinto el DNI digital? Por definición también ha de ser útil para comunicarse con todo el mundo. El DNI ya te acredita cuando quieres franquear los servicios de seguridad de una empresa privada o confirmar tu identidad en una compra con tarjeta. Junto a esta función básica, el nuevo DNI digital llevará incorporados otros servicios de certificación electrónica".

Uno de los grandes temores del sector privado es que el DNI es gratuito y que no podrán competir con esta herramienta pública. "Posiblemente, la expedición del DNI digital estará sometida a una tasa, como ahora. Cuando hablamos de un servicio público no tiene sentido hablar de dumping [vender por debajo del precio de coste]. Los servicios añadidos de certificación digital deberán ser compensados económicamente. Otra cosa es quién debe compensarlos. ¿Los presupuestos públicos? ¿El tenedor del documento? ¿ O el que obtenga un beneficio por su uso? En el caso de la Agencia Tributaria, nosotros no cobramos al contribuyente, para quien también es una ayuda, sino a la propia agencia porque es ella la que se beneficia económicamente de un trámite digital que le ahorra papeleo".

El sector privado cree que la FNMT no debería entrar en este mercado porque alterará la libre competencia o que, como mínimo, las empresas privadas también pudieran trabajar con la Administración. En este sentido se han dado algunos pasos como el de la Agencia Tributaria, que admite certificados de terceros.

Ferre Moltó considera que hablar de dumping por parte de la Administración no tiene sentido y menos con el DNI digital. "Nosotros ofrecemos un servicio que, por definición, es público: acreditar a los ciudadanos ante terceros. También pueden intentarlo otros aunque, obviamente, con más dificultades en cuanto a expectativa de negocio. Cuando el Estado construye una autopista libre, los concesionarios privados que abren autopistas de peaje no hablan de dumping. Acreditar la identidad es un servicio público y esto es lo que haremos". Por otra parte, argumentan, no se trata de disfrutar de ninguna exclusiva ni en el ámbito de la Administración.

Recientemente, recuerdan, la Agencia Tributaria ha reconocido otros certificados, distintos del de Ceres, para tramitar con ella. Para Ferre "el discurso de algunas empresas privadas que hablan de intrusismo del sector público pretende lo contrario, que el sector privado entre en el público".

La FNMT sostiene que su oferta está enfocada como servicio a la sociedad y que ha sido el sector público -con iniciativas de tanto éxito como la tramitación telemática de la declaración de la renta- el que ha ido introduciendo la cultura de uso de estas tecnologías mucho antes de que entrara el sector privado. Ceres emitió su primer certificado en abril de 1999, antes de que se constituyesen muchas de las empresas que hoy están en el sector y lleva emitidos la imbatible cifra de 535.000 certificados para más de 400.000 usuarios.

Acreditar al ciudadano

"¿Que hará el certificado de Ceres? Pues acreditaremos en el sector privado lo mismo que en el público: la identidad de la persona con quien otros se relacionan, que la información va cifrada, que no ha sido alterada y el no repudio. No interferimos en actividades de terceros como grantizar la solvencia o la titulación profesional".

En la FNMT están convencidos de que quizá el origen del problema para algunas empresas del sector privado es que orientaron mal su modelo de negocio, dirigiéndolo hacia el servicio de acreditación de la identidad en lugar de las aplicaciones y planteándolo como una inversión a corto plazo cuando la cultura de uso de esta tecnología penetra lentamente.

"Hay un gran mercado en el que no entramos. Cuando una empresa suscriba con nosotros un convenio de certificación, nosotros acreditaremos a sus clientes pero no instalaremos las aplicaciones que necesita la empresa para ello. Es como la compañía de electricidad. Te da la acometida pero no te instala los enchufes".

La propia FNMT se pone como ejemplo de ello en la medida que ha acudido al sector privado en busca de proveedores. Cuando se organizó una votación por intranet en el seno de la Guardia Civil, Ceres acreditó la identidad de los funcionarios votantes pero la empresa Indra fue quien gestionó el recuento. Hasta ahora, la FNMT trabajaba con licencia tecnológica de EnTrust. En su nueva etapa trabajará con la compañía Baltimore.

Más de una tarjeta

"Cuando contratamos a EnTrust nos ofreció una licencia ilimitada que luego ha querido limitar a las relaciones interadministrativas y la relación del ciudadano con la Administración. Ante las nuevas necesidades evaluamos que Baltimore ofrecía una mejor oferta tecnológica y económica".

Al margen de esta polémica con el sector privado, se abre otro frente. Las administraciones locales o autonómicas que quieren digitalizar su relación con el administrado están lanzando sus propios proyectos de tarjeta digital, algunos con la FNMT y otros sin ella. ¿Cuántas tarjetas tendrá que llevar el ciudadano para entenderse con las distintas administraciones?

"Cada administración es libre de querer implantar su propio sistema. Ahora bien, sin entrar en consideraciones políticas, los costes son muy altos y hay que tener presente las economías de escala. El coste fijo de implantar una solución telemática de este tipo siempre es el mismo. Obviamente, será menos gravoso si pueden utilizarlo cuarenta millones de ciudadanos que tres".