Quejas aceptadas
"Es forzoso reconocer que en no pocas ocasiones el tratamiento judicial de las situaciones de maltrato puede resultar simple y llanamente inadecuado para dar respuesta adecuada a un fenómeno de esta entidad". Esta declaración se contiene en la reciente Memoria del año 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha dedicado uno de sus apartados al análisis de la intervención judicial en la conflictividad familiar. La reflexión crítica sobre el propio sistema de funcionamiento y el intento de detectar los fallos en la respuesta judicial merece una valoración positiva. Especialmente cuando se trata de una problemática como la violencia doméstica, donde las causas que la provocan son varias -con carácter marcado el factor cultural o de socialización en la violencia- y resulta demasiado fácil acudir al socorrido "echar la culpa" al otro cuando algún eslabón del sistema institucional quiebra en el caso concreto.
La mujeres víctimas de malos tratos se quejan de no ser creídas por la Administración de Justicia, se quejan que la denuncia contra el agresor supone un aumento del riesgo y del temor a sufrir represalias, se quejan de no ser protegidas por el sistema judicial; dicen, con razón, que los agresores se quedan con la casa mientras ellas deben ocultarse en otras secretas llamadas de acogida. La mujeres víctimas de malos tratos esperan de la Justicia protección durante el proceso e información sobre las consecuencias de su denuncia, porque de saber y conocer que su denuncia puede ser calificada como leve o "falta" con pena de multa de 60 euros, por ejemplo, igual piensan que no merece la pena aumentar la agresividad de quien la amenazó con arma. Más vale callar, puede pensar, a ver si se terminan los trámites de la separación matrimonial y de una vez el Juez de Familia cita para decidir sobre la adjudicación de la casa y custodia de los hijos. Entretanto puede ir recogiendo ropas y sus pequeños recuerdos para que una amiga los vaya guardando.
La ineficacia de los Juicios de faltas y de la sanción penal que conllevan en asuntos de violencia doméstica, ha sido reconocida por el Tribunal Superior Andalucía, tras analizar un informe sociológico encargado por el Consejo General del Poder Judicial. Según éste informe, un elevado número de denuncias de lesiones, amenazas, coacciones, vejaciones o injurias se tramitan como infracciones leves en juicios de faltas, con un elevado porcentaje de sentencias absolutorias y cuando son de condena para el agresor ( 27 % aproximadamente) la pena impuesta en su mayoría es de multa, con escasa aflicción para el agresor, que ya se ingeniará para restarla del sustento familiar, cuando no de la pensión por alimentos que deba pasar a los hijos.
Es importante que institucionalmente se constate que la ineficacia de las faltas para combatir la violencia doméstica; y resulta de especial interés en estos momentos, que comienzan a funcionar los denominados juicios rápidos. En principio nada hay que objetar al trazado de un sistema procesal ágil que ofrezca una respuesta en tiempo razonable. Precisamente una de las quejas más frecuentes de las víctimas de malos tratos es que la vía judicial va lenta y los sucesos denunciados pueden repetirse con un resultado peor. No obstante, no podemos dejarnos llevar por la euforia o el triunfalismo y debemos descender a la realidad y a la práctica. En éste lugar, donde están las víctimas, los agresores, la policía, los jueces y los fiscales es donde se revelan las trágicas historias; y si en el momento de la denuncia la víctima no se encuentra asistida por abogado o la policía carece de medios técnicos para conocer si existen denuncias previas o decisiones judiciales sobre la misma familia, nos podremos encontrar que el número de faltas aumentarán con el resultado que ya conocemos...aunque de manera más rápida y se podría escapar la obligatoria investigación del delito de violencia habitual en aras de la celeridad.
La asistencia jurídica permitirá que la víctima conozca las consecuencias de la denuncia y que ésta se redacte con la máxima precisión y detalle; de suerte que la policía y los jueces obtengan suficiente información acerca de la reiteración o habitualidad de malos tratos en la familia, que les permita graduar la gravedad de los hechos y valorar los riesgos de una nueva agresión. Se proyecta modificar la ley y cambiar a delito lo que hoy es falta de lesión, pero no ocurre lo mismo con las amenazas con arma, coacciones, vejaciones injustas que se dicen leves en el ámbito familiar y de no remediarse las víctimas seguirán quejándose y con razón. Quejas que por fin han sido oídas por el gobierno de los jueces en Andalucía y que deben servir para que el entorno judicial deje de resultar inhóspito para la víctima y para mejorar la respuesta judicial en éste problema social que no cesa.
Inmaculada Montalbán Huertas es coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Jueces para la Democracia.
