La Junta pide al Gobierno un pacto sobre el reglamento de extranjería

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, exigió ayer al Gobierno central que consensúe con la oposición un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula 13 de sus artículos. Según Chaves, la resolución es un nuevo reflejo del "fracaso" de la política migratoria del PP. El presidente de la Junta culpó al Gobierno del incremento de indocumentados.

Chaves, que participó en Granada en unas jornadas del PSOE sobre áreas urbanas, señaló que la decisión del Supremo es un efecto más de una acción de Gobierno en materia de extranjería que hace que "cada día sea mayor el número de inmigrantes sin papeles e irregulares que hay en nuestro país".

"Hay una evidencia clara de que la nueva Ley de Extranjería que aprobó el Gobierno de la nación no sólo no ha solucionado el problema, sino que lo ha agravado y ahora tiene también la tacha de ilegalidad o de que no responde a los efectos constitucionales", dijo el presidente andaluz, quien recordó las advertencias de inconstitucionalidad del reglamento hechas por el PSOE.

Ahora, el Gobierno no tendrá "más remedio que cambiar el reglamento porque, desde el punto de vista de su legalidad, ha sido seriamente afectado; por tanto, tiene que proceder a la modificación sustancial del reglamento y el Gobierno tiene ahora la oportunidad de consensuar con la oposición, ya que no consensuó ley, el reglamento", dijo Chaves.

"Estamos echando en falta acuerdos y pactos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas que tienen en su territorio el fenómeno de la inmigración y que requieren un acuerdo para la prestación de los servicios básicos para los ciudadanos de terceros países", subrayó.

"Caos jurídico"

Por su parte, el consejero andaluz de Gobernación, Alfonso Perales, dijo ayer que la anulación de 13 artículos del reglamento de la Ley de Extranjería por parte del Tribunal Supremo es un "varapalo" al Gobierno central que va a suponer un "caos y desorden jurídico". El consejero declaró que esta situación demuestra que la política de inmigración del Gobierno es una "sucesión de mentiras continua y un discurso muy duro que no puede llevar a la práctica". A su entender, el Gobierno ha aprobado un reglamento que "invade" los derechos humanos y "más duro" que la propia Ley de Extranjería. Añadió que es "mentira" que a los tres días de estar detenido un inmigrante, si no es expulsado, tiene que ser puesto en libertad. "Yo le puedo decir al Tribunal Supremo y a todos que en el caso de la costa sur de España, en Tarifa, no es a los tres días. El primer día se detiene a los inmigrantes clandestinos, se les da un papel de expulsión y en doce horas están puestos en libertad, es decir, están en la calle sin ningún papel", aseveró.

Perales consideró que, en la práctica, la política gubernamental ha sido una "calamidad" y tendrá más "varapalos jurídicos", porque el Ejecutivo central "ha hecho una legislación penosa, injusta y técnicamente incorrecta".