De las ayudas a la dependencia a pedir una pensión: los diez trámites que el Govern quiere transformar ya

El Gobierno de Salvador Illa tiene entre sus principales prioridades transformar la administración pública para agilizarla, acercarla a la ciudadanía y hacerla más eficiente. Y para ello ha creado una comisión formada por hasta 68 expertos y 12 grupos de trabajo que tiene que elaborar un informe en los próximos 10 meses que contenga propuestas concretas. “Esta vez va en serio”, ha afirmado contundente el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, en el acto en el Palau de la Generalitat que ha puesto en marcha de forma oficial esta comisión. El aviso no es baladí: algunos de estos expertos han participado con anterioridad o han sido testigos de otras comisiones que tenían el mismo objetivo, pero que fracasaron. “El reto es enorme, mastodóntico. Llevamos décadas con administraciones públicas anticuadas y es normal que la gente no se crea la transformación, pero esta vez tenemos liderazgo y voluntad política, los mejores expertos y tiempo para trabajar”, ha dicho Carles Ramió, el presidente de la comisión que ahora echa a andar. Con todo, Dalmau y Ramió han avisado que no habrá que esperar al informe para tener los primeros resultados, sino que el Govern ya ha empezado la reforma: ha identificado cuáles son los 10 trámites digitales más complejos y con más impacto para la ciudadanía —desde el reconocimiento del grado de discapacidad o las ayudas al alquiler, hasta las ayudas de dependencia o para comprar coches—, con el objetivo de empezarlos a transformar.

Dalmau ha explicado que el Govern trabaja ya en la reforma de la administración, en paralelo a las tareas que empieza a hacer la comisión de expertos (llamada oficialmente Comisión de Expertos para la Definición de la Estrategia de Transformación de la Administración de la Generalitat de Cataluña y la Mejora de los Servicios Públicos, o CETRA, su acrónimo abreviado). Las medidas que vaya tomando el Govern se consultarán con la comisión, y la comisión también irá proponiendo medidas a corto plazo que se pueden implementar antes de que se haya elaborado el informe, para ir avanzando. Según Ramió, cuando hayan pasado los 10 meses de elaboración del informe y otros cuatro meses que el Govern usará para evaluar las propuestas, un tercio de las medidas ya debería estar implementado, y otro tercio tendrían que estar ya iniciadas por el Govern. De esta comisión y del informe tienen que salir propuestas muy concretas sobre operativas y trámites, pero también cambios normativos, “un cambio en la ley de ocupación pública, una nueva ley de organización de la Administración, o una nueva ley para simplificar la normativa”, ha dicho Ramió.

Por ello, Dalmau ha presentado las medidas más a corto plazo, en las que ya está trabajando el Govern. Y una de ellas es identificar los 10 trámites burocráticos que más impacto tienen en la administración, ya sea por el tiempo de espera que generan, por la dificultad de tramitación, por su falta de digitalización, por su pobre diseño o por el nivel de autonomía y satisfacción que perciben los ciudadanos al hacer estos trámites. Estos diez trámites más costosos sumaron el año pasado más de medio millón de tramitaciones, con lo que, según el Govern, son un buen comienzo para atajar las problemáticas de la relación de los ciudadanos con la administración. Los diez trámites son: el reconocimiento del grado de discapacidad y las prestaciones en este ámbito; las ayudas y subvenciones al alquiler; las ayudas del ICAEN vinculadas al plan Moves III y a energías renovables; la gestión de la pensión no contributiva por invalidez o jubilación; los trámites sobre familias numerosas o monoparentales; el acceso y la preinscripción a la universidad; la renta garantizada de ciudadanía, cuyos fallos de diseño han tenido duras consecuencias en los últimos meses; la homologación de los títulos extranjeros no universitarios; los trámites de dependencia; y las ayudas a la movilidad internacional de los estudiantes.

El Govern quiere transformarlos ya, consiguiendo reducir el tiempo de espera, que en algunos casos está alrededor de un año (como los trámites para solicitar ayudas energéticas al ICAEN, o el reconocimiento de la discapacidad o la dependencia). También, para facilitar la tramitación telemática: para algunas ayudas, como las pensiones, las de familia numerosa o las de personas con discapacidad, el porcentaje de personas que completan el trámite solo telemáticamente es menor al 10%. También, más de un tercio de los usuarios ha llamado al 012 para pedir ayuda o quejarse de que no entiende cómo hacer algunos de estos diez trámites, con lo que los usuarios pierden una autonomía que el Govern quiere que recuperen. Por todo ello, estos 10 trámites serán rediseñados. “Hay mucho margen de mejora en los primeros pasos de los trámites, en los procesos de comunicación internos y hacia la ciudadanía, y en la usabilidad de los aplicativos”, explican fuentes del departamento.

Además de las actuaciones sobre estos diez trámites, el Govern impulsará durante el primer trimestre de 2025 una encuesta a la ciudadanía sobre los servicios digitales, que se enviará a 120.000 usuarios, para tener indicadores de evaluación. Y implementará un sistema de evaluación que el usuario podrá rellenar después de todos los servicios digitales públicos. Por último, el Govern pondrá en marcha antes de final de año un nuevo observatorio sobre la administración digital, donde constarán los principales datos de todos los trámites, como su uso, su valoración, qué tecnología utilizan, etc.

“Hay un consenso extraordinario sobre el hecho de que es necesario un cambio en la Administración, porque está demasiado lejos de la ciudadanía y de las empresas”, ha dicho Dalmau, quien ha añadido que esta transformación se puede hacer desde la visión de desballestarla, como sugieren los planes de Donald Trump y Elon Musk en Estados Unidos, “o lo que defendemos nosotros, que es transformar la administración para proteger los servicios públicos, para proteger el Estado del Bienestar y la democracia”. Dalmau, quien ya anunció hace un mes y medio que terminará por ley con la obligación de tener una cita previa en los servicios públicos —entre otras medidas como promocionar la dirección pública profesional o abrir la administración a los jóvenes con la creación de 2.000 plazas de prácticas—, ha insistido en que esta transformación está destinada a dar “las mejores herramientas” a los más de 250.000 funcionarios de la Generalitat.