La venta de AZSA origina la primera sentencia por información privilegiada

Un empresario suizo compró acciones tras saber que se iba a lanzar una OPA, pero no las vendió

Madrid - 07 feb 2003 - 05:23CET

El empresario Thomas Max Schmidheiny, miembro de una de las grandes fortunas suizas, ha sido condenado a una multa de 1,4 millones de euros tras admitir ante el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid que usó información privilegiada para comprar acciones de Asturiana del Zinc (AZSA) después de conocer que la firma helvética Xstrata iba a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre ella. No obstante, el empresario nunca sacó beneficio de la operación. La sentencia, la primera en España por información privilegiada, le exige una multa adicional de 300 euros diarios durante un año (en total, 109.500 euros).

La sentencia, de mutua conformidad, fue alcanzada por Schmidheiny y la Fiscalía Anticorrupción, que había presentado una querella criminal contra él, para obtener una sentencia de mutuo acuerdo. Al confesar, ingresó los 1,4 millones de euros. El artículo 285 del Código Penal castiga el delito de información privilegiada con penas de prisión de uno a cuatro años, el reintegro del dinero y una multa por los días que se dispuso de él.

El caso no deja de ser curioso. Schmidheiny, según la sentencia, nunca materializó la ganancia obtenida. Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2000, el día en el que se reunían los miembros del Consejo de Administración de Xstrata en el cantón de Zug (Suiza) para aprobar una OPA sobre AZSA, propiedad de Glencore Investments BV y otros accionistas minoritarios.

Las acciones de AZSA valían unos 9,30 euros. Xstrata estaba dispuesta a pagar una prima de 4,20 euros por título, esto es, un 45% más. Ofrecía 13,50 euros por acción para conseguir el 80% de AZSA.

Uno de los personajes que participó en la reunión del consejo de Xstrata fue Thomas Max Schmidheiny, presidente del grupo cementero más importante del mundo, Holderbank. Este empresario, según el ranking de la revista Forbes, es la fortuna número 168 del mundo, con 2.400 millones de dólares.

El 5 de diciembre, Xstrata informó de sus planes a AZSA. Ese mismo día, Schmidheiny dio orden al Credit Suisse Private Banking (CSPB) para que se le compraran 350.000 acciones de Asturiana a un precio medio de hasta 9,55 euros. El precio medio pagado por los 350.000 títulos adquiridos en sucesivos días se quedó en 9,31 euros. La inversión total de Schmidheiny, sin incluir comisiones, gastos e impuestos, fue de 3.259.925 euros.

Cotización disparada

La oferta de Xstrata, al conocerse, disparó la cotización de AZSA, que el día 13 de enero de 2001 valía 13,30 euros por acción y los títulos que Schmidheiny 4.655.000 euros. Las plusvalías latentes ascendían a casi 1,4 millones de euros. Pero el empresario suizo no ordenó la venta.

Los servicios de inspección de la CNMV detectaron movimientos anómalos e iniciaron averiguaciones en la Comisión Federal de Bancos Suizos. El presidente de AZSA, Santiago Zaldumbide, negó que la empresa tuviera algo que ver. La CNMV obtuvo un resumen del acta de la reunión del Consejo de Administración de Xstrata.

El 28 de marzo de 2001, la CNMV aprobó la OPA de Xstrata, que logró el 92,4% del capital de AZSA. Después de varios requerimientos a las autoridades suizas, la CNMV decidió indagar directamente sobre una Schmidheiny. En noviembre de 2001, con Blas Calzada al frente de la CNMV tras sustituir a Pilar Valiente, Asturiana dejó de cotizar. Sus acciones se situaban en 14 euros. El 22 de noviembre, la CNMV envió una carta al bufete del penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo, que llevaba los asuntos del empresario suizo con un cuestionario para su cliente. Schmidheiny respondió el 8 de enero de 2002. Negaba los hechos. La CNMV instruyó varios expedientes.

El 7 de enero de 2002, Schmidheiny ordenó depositar sus 350.000 acciones en su cuenta del Credit Suisse. Y un día después formuló una oferta irrevocable de venta a favor de Asturiana del Zinc o a quien dicha compañía designara al mismo precio al que había adquirido los títulos en diciembre de 2000. Sin beneficio. Y sin contabilizar el pago de comisiones, gastos e impuestos, que le habían supuesto, al comprar las acciones, 24.662 euros. Por instrucciones del empresario suizo, el banco vendió las acciones el 24 de mayo de 2002 a Xstrata Zinc BV, empresa resultante de la fusión de Xstrata Spain, SL, y Asturiana del Zinc.

Blas Calzada, decidió, por su parte, enviar el expediente a la Fiscalía General del Estado, advirtiendo de que existían serios indicios de una operación de uso de información privilegiada. El fiscal general envió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción.

Carlos Jiménez Villarejo (izquierda), el fiscal jefe Anticorrupción, y Thomas Max Schmidheiny.

Renuncia como primer ejecutivo

Al conocer la decisión de la CNMV de enviar el asunto a la Fiscalía General del Estado, Schmidheiny anunció que renunciaba temporalmente al cargo de consejero delegado del grupo cementero Holcim (antes Holderbank) para no afectar a la empresa. Y añadió: "Lamento haber actuado en un momento tan delicado sin la suficiente reflexión". Ayer materializó la dimisión definitiva: "Consciente de mi grave error, he cooperado de forma plena con las autoridades". "Hoy he decidido no regresar a mi puesto de consejero delegado, aunque seguiré como miembro del consejo de dirección".

La querella presentada por Jiménez Villarejo era la primera por uso de información privilegiada en España después de la introducción de esta figura delictiva en el Código Penal de 1995. El bufete de Rodríguez Mourullo sostenía que los hechos descritos en la querella no eran delito porque el presunto autor no había materializado la ganancia o beneficio y que debía quedar en una infracción administrativa de la ley del Mercado de Valores.

Luego cambió de opinión. La posibilidad de una condena de 1 a 4 años era un riesgo que no quería correr. Ni pasar por el banquillo. Mourullo sugirió una negociación para alcanzar una sentencia de mutuo acuerdo. Su cliente, por tanto, prefería aceptar los hechos. Tres generaciones de la familia, incluyendo a Thomas Schmidheiny, han dirigido desde 1900 el que pasa por ser uno de los más importantes grupos cementeros. Y Schmidheiny quería evitar un escándalo judicial.

Fue así que el fiscal Luis Rueda y los abogados de Schmidheiny comenzaron a negociar. La ley de Enjuiciamiento Criminal permite acordar un escrito de acusación sin necesidad de pasar por el juicio oral. El pasado 29 de enero, Schmidheiny se presentó ante la juez Pilar Alhambra, en presencia del fiscal y sus abogados. Explicó que el beneficio obtenido había sido teórico pues que nunca se había materializado. Pero admitió su responsabilidad en los hechos narrados. Ese mismo día, el empresario ingresó en el BBVA, los 1,4 millones de euro de la multa.