La inflación se dispara
Los últimos datos de diciembre sobre la inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística nos indican que los precios han crecido un 4,1% en nuestra comunidad durante 2002, más del doble de lo previsto por el Gobierno, situando el diferencial con los demás países de la UE en su techo histórico, lo que provoca una gran inseguridad en los agentes económicos de la Comunidad Valenciana.
De esta forma, la inflación encadena cuatro años consecutivos por encima del objetivo oficial del gobierno, con un incremento acumulado cercano al 15% en nuestra comunidad. De hecho habría que remontarse hasta 1998 para encontrar una tasa de variación por debajo del control de precios impuestos por el BCE, garante de la política monetaria de la UE.
Esta fuerte subida del 100% respecto a las previsiones del Gobierno, se observa en todos los grupos que componen el IPC, cosa que ya ocurrió en el año 2000, lo que pone de manifiesto la incapacidad de nuestros gobernantes para controlar los precios y, que junto a los malos datos de desempleo, nos sitúa en una difícil situación para encarar el nuevo año que ahora comienza.
El control de los precios, para la UGT-P.V., es una de las cuestiones más importantes y delicadas en cualquier economía, ya que las consecuencias de una escalada de los mismos provocan pérdidas de competitividad y ésta puede traducirse en menores posibilidades de crecimiento si no se compensa con aumentos de la productividad.
Por otro lado, una inflación desbocada también provoca continuamente pérdidas de poder adquisitivo, sobre todo a los preceptores del Salario Mínimo Interprofesional, a los empleados públicos, temporeros, y demás trabajadores que dependen del SMI, aunque en el caso de existir cláusulas de revisión salarial esta pérdida puede ser compensada posteriormente.
Las cláusulas de revisión se convierten así en un instrumento fundamental en la negociación colectiva, ya que en los últimos cuatro años el ejecutivo ha errado en su previsión de inflación, con la que se negocian los salarios para el año entrante, y si no existiera esta salvaguarda las trabajadoras y trabajadores valencianos verían cómo se reduce, año tras año, su poder adquisitivo.
Al contrario de lo que se ha dicho, las cláusulas nunca pueden ser consideradas un elemento inflacionista, sino más bien como una consecuencia de la inflación y si las empresas se ven obligadas a abonar la diferencia entre la previsión del gobierno y la inflación real, esto es algo de lo que no se puede culpar a las cláusulas, sino al propio gobierno, que no ha sabido o no ha querido controlar los precios.
En consecuencia, el Gobierno debería dar alguna explicación del comportamiento de los precios porque este descontrol no es puntual, se debe a causas estructurales. El incremento puede explicarse por el mal comportamiento de algunos mercados alejados de la competencia, cuyas empresas pueden fijar los precios para ampliar sus márgenes de beneficio ante la pasividad del ejecutivo y por el efecto de redondeo provocado por la llegada del euro a nuestros bolsillos. Prueba de ello es el aumento de los precios en el sector servicios que se situó en el 4,3%.
Observando el mapa autonómico, la Comunidad Valenciana se sitúa como una de las autonomías más inflacionistas, superando en una décima la media nacional, por mucho que el gobierno autonómico cifrara la subida en el 2%, una previsión que se repite para este año, cuando las posibilidades de que se produzca una guerra en el Golfo Pérsico no auguran un comportamiento mejor de los precios en 2003.
De mantenerse esta situación, el encarecimiento de los precios pasará factura de los sectores exportadores, pues existe el temor de que el diferencial con Europa reduzca las ventajas comparativas que en el pasado han gozado las mercancías y servicios valencianos en la Unión Europea, donde se destinan tres cuartas partes de las ventas. No podemos olvidar que nuestra inflación cuadruplica la alemana y duplica la francesa.
Desde distintos medios gubernamentales se nos dice que las tensiones inflacionistas que soportamos decrecerán en la primavera, como si pudiéramos esperar cruzados de brazos hasta que la situación varíe. Pero desde abril de 2000 la tasa anual de inflación sólo se ha situado por debajo del 3% en dos meses, noviembre y diciembre de 2001, por lo que resulta inadmisible argumentar que se trata de una situación pasajera.
Para la UGT-P.V. ahora es el momento de poner en marcha un plan urgente de lucha contra la inflación, que recoja medidas para frenar la escalada de precios, puesto que la situación no puede mantenerse así por más tiempo. Nuestros gobernantes deberían dejar de lado la complacencia ejercida con los sectores más inflacionistas y aplicarse a fondo en este problema que, de continuar durante mucho tiempo, dañara nuestra economía, tal vez de forma irreparable.
Rafael Recuenco Montero es Secretario General de UGT-P.V.
