La juez califica de delito el derrumbe del puente de Esparreguera que causó dos muertes

La titular del Juzgado número 3 de Martorell, que instruye el caso de la caída, arrastrado por las aguas, del puente de la carretera N-II sobre la riera de Magarola, en el municipio de Esparreguera (Baix Llobregat) -que el 10 de junio de 2000 causó la muerte de dos hermanos- ha apreciado finalmente un presunto delito de imprudencia en el auto que dictó el pasado 22 de diciembre, y no una falta como había tipificado inicialmente. En este auto, la juez imputa, además de al autor del proyecto de ampliación del puente de 1990, Manuel Cadenas, al director general de Carreteras del MOPU en 1990, Rafael Fernández, que dio el visto bueno a dicho proyecto.

En el auto, la juez especifica que ampliará la investigación para determinar si también existen responsabilidades por parte de la Agencia Catalana del Agua (ACA) dependiente de la Generalitat.

Este presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte -los fallecidos fueron dos hermanos: Antoni y Jordi Sánchez Justo, de 24 y 20 años de edad- podría suponer una pena de uno a cuatro años de prisión para los responsables finales que determine el procedimiento judicial.

Este cambio de tipificación de los hechos en el sumario abierto tras la caída del puente se produce después de que la juez admitiera a trámite los recursos presentados por la acusación popular y la fiscalía, que consideraban que el puente sobre la riera de Magarola se derrumbó arrastrado por una riada a consecuencia de una imprudencia múltiple con una serie de causas de naturaleza distinta.

Cuatro causas

El abogado de la acusación particular y popular, Juan Varela, aseguró ayer en rueda de prensa que la rectificación de la juez se ha fundamentado en cuatro causas que originaron la imprudencia con el desenlace final de la caída del puente: la presencia de construcciones a menos de 100 metros de la ribera del río cuando está prohibido por decreto, lo que causó que la fuerza del agua incidiera sobre los pilares del puente; el hecho de que las lluvias caídas aquella noche no superaron un retorno (la media más alta) de 50 años cuando en un principio se dijo desde instancias oficiales que no había llovido así desde hacia 500 años.

Las otras dos causas esgrimidas por la acusación popular fueron el hecho de que el ingeniero que realizó el proyecto se basó en un informe de impacto del año 1969 y la aparición posterior de dos informes, uno realizado dos años después de la construcción del puente y otro de 1999, en los que se alertaba sobre su estructura deficiente y la necesidad de repararlo.

Las reacciones al auto no se hicieron esperar. El alcalde de Esparreguera, Xavier Sitjà, del partido independiente Entesa pel Progrés, criticó ayer la "ligereza" de de la juez de Martorell a la hora de instruir el caso y el hecho de que se hayan perdido dos años en la investigación. También lamentó la "actitud irresponsable" del Ministerio de Fomento al no haber colaborado en la instrucción del caso y no haber cumplido sus compromisos con el municipio tras producirse la caída del puente, como la construcción de nuevas rotondas, la insonorización del núcleo de viviendas que se encuentra al lado de la N-II y el tercer carril de esta vía a la salida de Esparreguera.

El puente de la N-II que atravesaba la riera Magarola en Esparreguera se desplomó en la madrugada del 10 de junio de 2000 a causa de una fuerte tromba de agua. La gran contradicción que se puso en evidencia fue que el puente arrastrado por las inundaciones había sido inaugurado en 1989 por el Ministerio de Obras Públicas, mientras que el puente centenario por el que discurre la autovía en sentido Lleida permanecía en pie.

En el derrumbamiento perdieron la vida dos hermanos de la localidad, Antoni y Jordi Sánchez Justo, de 24 y 20 años respectivamente, cuyo coche se precipitó a la riera instantes después del desastre. En los días siguientes también murieron dos guardias civiles que participaban en el rescate de los cadáveres. Los agentes se ahogaron en las fuertes corrientes de la riera Magarola.

Como consecuencia de la tromba de agua, la autovía sufrió un hundimiento de 20 metros de calzada después de que la fuerza del agua removiese las tierras de una de las laderas sobre las que se asienta la carretera. Este cúmulo de deficiencias en la construcción de la vía fue lo que llevó a la familia de las víctimas y al Ayuntamiento de Esparreguera a presentarse como acusación particular en el juicio. Durante estos dos años y medio, además, se han producido diversas movilizaciones de vecinos disconformes con la evolución de las investigaciones del Ministerio de Fomento.