Decepción por el rechazo del PP a la Carta de Barcelona

Decepcionante. Joan Clos, alcalde de Barcelona, considera que la intención del Gobierno del Partido Popular de "descafeinar" la Carta Municipal y diluirla en una ley de grandes ciudades es "decepcionante" y "preocupante". Además, supone un incumplimiento del mandato del propio Senado, que en febrero pasado instó por unanimidad a la aprobación de la Carta, una ley que contó con el apoyo de todos los grupos municipales del consistorio, primero, y del Parlament, después.

La Carta regula, entre otros aspectos, la organización de la justicia municipal, contempla más competencias en materia de seguridad y tráfico, y plantea dotar a la ciudad de mejor financiación por la vía de participar en algunos tributos del Estado, como el IRPF y el IVA.

Clos no ocultó ayer su malestar por lo que suponen las manifestaciones del secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, quien el miércoles apuntó en el Senado que la Carta de Barcelona figurará como un "epígrafe" en la futura ley de grandes ciudades, aunque de una manera sustancialmente distinta a la propuesta. Es decir, recortada.

Los principales recortes afectan a los capítulos de justicia y tráfico. Respecto a justicia, la Carta de Barcelona prevé crear juzgados municipales para resolver los conflictos de faltas más frecuentes en la ciudad y que suelen ser los más leves desde el punto de vista penal y también civil. El PP considera que no sería "razonable" establecer un tipo de justicia "distinto" para Barcelona o Madrid. También parece claro el rechazo de la Administración central a que Barcelona tenga un régimen financiero diferente, pese a que esa posibilidad había empezado a ser negociada.

La postura avanzada por el secretario de Estado de Organización Territorial supone un jarro de agua fría para una ley cuya aprobación por el consistorio barcelonés no llegó hasta 1997; es decir, que lograr el consenso ocupó casi dos mandatos. Un año más tarde el Parlament aprobó la parte catalana de la Carta y en 1999 se inició la negociación de la comisión mixta Generalitat-Ayuntamiento con la Administración central respecto al bloque del articulado que, por referirse a leyes generales, requería reformas que debían ser aprobadas por las Cortes españolas.

No se ha conseguido avanzar prácticamente nada. Tampoco han dado fruto las múltiples reuniones mantenidas, ni las de técnicos de varios ministerios -Interior, Justicia y Economía-, ni las del propio alcalde con los sucesivos titulares del Ministerio de Administraciones Públicas. Respecto a la última, mantenida entre Clos y Javier Arenas -que asumió esa cartera en la última reestructuración del Gobierno del PP-, no se ha recibido todavía respuesta. En cambio, Elorriaga anunció en el Senado que la ley de Grendes Ciudades incluirá la posibilidad de que Madrid tenga una ley específica de capitalidad.

Para el alcalde de Barcelona, Joan Clos, está claro ya que la aprobación de la Carta de Barcelona no será posible en este mandato: "Pero no pensamos renunciar a ella y si hace falta seguiremos insistiendo en el próximo mandato, o hasta que haga falta", insistió ayer. Sólo faltan cinco meses para la convocatoria de las elecciones municipales, plazo en el que parece poco probable conseguir modificar la posición del Gobierno central.

El alcalde cree que el Gobierno del PP está convencido de que los planteamientos de Barcelona, sobre todo en materia de seguridad, no son ningún disparate: "Es evidente que Barcelona y Madrid tienen un conjunto de necesidades diferenciadas. Otra cosa es que, además, se haga una ley de Grandes Ciudades en la que se quiera dotar a los municipios que tienen entre 1 y 1,8 millones de habitantes de mecanismos de funcionamiento. Pero insisto en que la única solución para mejorar la seguridad en la calle es la justicia cercana, que pueda aplicar penas más proporcionadas, que no sean siempre las de prisión. Todo eso se hace ya en grandes ciudades de países cercanos y es lo que planteamos desde el Ayuntamiento de Barcelona", subrayó.

El alcalde reconoció, no obstante, que "lo importante es saber la capacidad de negociación" que tendrá Barcelona cuando la ley de Grandes Ciudades sea tramitada en el Congreso de los Diputados.

Precisamente a ese mismo punto se refirió ayer Emilio Álvarez, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. "No creo que ya esté todo decidido. Se trata de una valoración realizada por el secretario de Organización Territorial pero no significa que esté todo ya cerrado", señalaba ayer no sin cierta prudencia. El actual rechazo de la adminstración central a aprobar la Carta en sus estrictos términos deja al grupo municipal del PP en una situación delicada ya que votó a favor del texto. Se da la circunstancia de que el alcaldable del PP por Barcelona, Alberto Fernández Díaz, fue el firmante del acuerdo de la Carta Municipal en 1997, ya que entonces presidía el grupo municipal. "Seguro que se puede seguir negociando porque está claro que el grupo municipal popular no aceptará un recorte en lo que fue aprobado. Otra cosa es", matizó Álvarez, "que se pueda modificar la forma, pero no el fondo".

Mala noticia

Más radical es la postura de CiU. Joan Puigdollers, presidenete del grupo municipal, calificó ayer de "muy mala noticia" la intención del Gobierno del Partido Popular de vaciar de competencias a la Carta. "Estamos absolutamente en contra y llegado el caso CiU votaría en contra de la ley de grandes ciudades", subrayó. Puigdollers considera que, por un lado, la ley de grandes ciudades invadiría competencias catalanas y, además, supondría incumplir la Carta: "Está claro que el Partido Popular no quiere aprobar la Carta Municipal y que con ello no respeta el consenso alcanzado por toda la ciudad, incluidos sus propios regidores", prosiguió Puigdollers.

Pero para el presidente de la formaciòn nacionalista en el consistorio, el veto a la Carta por parte del Partido Popular sólo es explicable por la "incapacidad" de Joan Clos de arrancar el apoyo a la ley: " Se trata de falta de liderazgo".