Kenia descuidó la seguridad debido a la proximidad de sus elecciones
Tras el doble atentado de Mombasa, Kenia intenta demostrar al mundo que no es un país fácil para el terrorismo. Además de los 12 detenidos de ayer, la policía investiga toda la costa. Su trabajo está recibiendo el apoyo decisivo del FBI, la CIA y los servicios secretos israelíes, aunque el celo de Israel para con sus ciudadanos también ha despertado las iras de los familiares de los kenianos muertos.
Pero la verdad es que el Gobierno de Nairobi tenía toda la atención política concentrada en un asunto ajeno al conflicto de Oriente Próximo y a la red de Al Qaeda: las elecciones del 29 de diciembre, que van a suponer la salida de la escena política de Daniel arap Moi después de 24 años de control del país. La pugna electoral se presenta muy reñida entre el sucesor designado de Moi, Uhuru Kenyatta, y el líder de toda la oposición unida y de una facción del partido del Gobierno, Muai Kibaki. La victoria de Kibaki significaría un cambio drástico en el país.
En todo caso, la apretada campaña electoral ha supuesto que, en las últimas semanas, la policía, el Ejército, los servicios de seguridad y de fronteras, los organismos burocráticos y todos aquellos que dependen de una u otra forma de la política han estado dedicados en exclusiva a las elecciones. En la radio se escuchan los comentarios de ciudadanos: "He vuelto ayer a casa en avión y ni siquiera me han mirado el pasaporte", dice uno de los testimonios. "Aquí entra de todo, las fronteras no están suficientemente vigiladas, no hay ninguna dificultad para el que quiera infiltrarse", se lamenta otro.
Kenia jamás ha logrado controlar la frontera con Somalia, donde hay grupos en los que no se sabe dónde acaban sus actividades de bandidaje y dónde comienzan sus relaciones con elementos relacionados con Al Qaeda. "Somos un país pacífico. Hay quien quiere transformar esto en un campo de batalla. Pero es una guerra que no tiene nada que ver con nosotros", dice el vicepresidente keniano, Musalia Mudavadi.
© La Repubblica / EL PAÍS
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