Los institutos comarcales exigen los 'papeles de Salamanca'
La asamblea anual de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià (Fiecov) adoptó ayer en Torrent tres importantes acuerdos en defensa del patrimonio cultural valenciano. Uno referente a la devolución de los denominados papeles de Salamanca, otro que solicita el soterramiento del AVE a su paso por L'Horta Sud, y el tercero que exige a la Generalitat la restauración urgente de la torre islámica de Espioca de Picassent, hoy en un estado de gran deterioro. Los acuerdos se tomaron después de la celebración de las segundas jornadas intercomarcales sobre patrimonio valenciano que reunieron en el Museu Comarcal de l'Horta Sud a los técnicos de patrimonio Josep Gisbert, Adrià Besó, Toni Picazo, José Manuel Despiau, Alex Ros y Albert Ferrer.
Sobre los papeles de Salamanca, la documentación de entidades públicas y privadas republicanas confiscada por el franquismo entre 1938 y 1943 que se encuentra en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, la Fiecov acordó instar a la Generalitat a que reclame al Gobierno dicha documentación con el fin de que sea devuelta a sus legítimos propietarios, además de que haga las gestiones oportunas para que se deposite una copia microfilmada en el Archivo del Reino de Valencia para facilitar la labor de los investigadores.
Con esta demanda, la Fiecov pretende conjugar el derecho jurídico a la propiedad con el de la investigación, al tiempo que se adhiere a la petición formulada en el mismo sentido por Acció Cultural, los gobiernos de Cataluña y Baleares y universidades e intelectuales de 47 países.
Legítimos propietarios
Para la Fiecov, "el Gobierno debe cumplir la recomendación del Consejo Internacional de Archivos, adscrito a la Unesco, que defiende el derecho jurídico de los legítimos propietarios a ver restituida la documentación confiscada sustraída indebidamente durante una guerra, según la resolución 46/10 de la ONU". Según la Fiecov, la documentación expoliada en los municipios valencianos, 898 fardos según ACPV, es patrimonio cultural de los valencianos y debe ser devuelta a la Comunidad Valenciana.
Con respecto al AVE, la Fiecov condena la destrucción del patrimonio agrícola de la huerta que supone un AVE en superficie, y solicita al Ministerio de Fomento y a la Generalitat que paralicen el proyecto y entierren el AVE por el corredor ferroviario Silla-Valencia, para evitar así el grave impacto ambiental y paisajístico en la comarca.
