El CGPJ lamenta que no se resuelvan las quejas de los jueces sobre su seguridad

Juan Pablo González, uno de los dos vocales para Euskadi del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que los responsables de Interior de los gobiernos central y vasco no han respondido a las quejas y peticiones planteadas en julio pasado por jueces y fiscales sobre su seguridad. Entre otras figuraba doblar la escolta de todos ellos, lo que ya fue rechazado por ambos departamentos en mayo. González se reunirá el viernes con la juez decana de San Sebastián y la presidenta de esa Audiencia y con titulares de juzgados unipersonales guipuzcoanos, provincia de la que procedía el grueso de las quejas. El Gobierno vasco destinará este año 11 millones a la seguridad personal de los jueces.

A menos de dos meses del aniversario del asesinato por el comando Vizcaya del magistrado José María Lidón en Getxo, las quejas por las 'deficiencias' en la seguridad de jueces y fiscales vascos no terminan de ser solventadas.

La reunión mantenida el pasado 9 de mayo en Bilbao evidenció que en los criterios de seguridad manejados por los técnicos de Interior de ambas administraciones no entraba la petición de generalizar la doble escolta entre los entonces 273 jueces, magistrados y fiscales destinados en Euskadi.

Por contra, Interior se comprometió a remediar las 'deficiencias' puestas encima de la mesa por jueces y fiscales en dicho encuentro. De hecho, los dispositivos de seguridad previstos este año por el departamento que dirige Javier Balza para el personal de justicia en 'seguridad directa' ascienden a 11 millones de euros, según información oficial de Interior.

La petición de amparo realizada el pasado 17 de mayo por once magistrados vizcaínos al órgano de gobierno de los jueces tras la reunión al ver desatendida su petición de la doble escolta -en la que insistieron sobre todo los representantes de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- fue tratada por la comisión permanente del CGPJ. El Poder Judicial decidió finalmente encomendar la tarea a sus dos vocales para el País Vasco: Juan Pablo González Diéguez y Javier Martínez Lázaro.

'Hace varios meses, la Sala de Gobierno [del Superior vasco] decidió remitir a todos los jueces y fiscales una circular para que planteasen sus quejas en materia de seguridad', ha indicado González a este periódico. 'La mayoría de las quejas llegaron de pueblos de Guipúzcoa, como Irún, Bergara, Azpeitia, y un grupo bastante numeroso de jueces y fiscales de San Sebastián, y se referían a asuntos como la rigidez en la rotación de los escoltas [que en algunos casos ha llegado a ser hasta semanal], la poca sensibilidad de escoltas y autoridades a las quejas planteadas y, en algunos casos, la falta de discreción de algunos guardaespaldas', según explicó el vocal del Poder Judicial. 'En julio dimos traslado de las quejas, pero no nos han respondido aún', agregó.

Fuentes judiciales indican que en Vizcaya la situación es sustancialmente diferente: 'Se ha realizado un esfuerzo muy importante por parte de Interior: en materia de inhibidores, se ha limitado la rotación en los escoltas hasta llegar en algunos casos al semestre y sobre todo, el aspecto de la flexibilización del horario. Ahora se nos anima desde el Consejo a que un par de días a la semana trabajemos desde nuestro domicilio'. Junto a esta realidad, diferentes fuentes judiciales aseguran también que se han multiplicado los permisos y hay preferencia para los jueces destinados en la comunidad autónoma con el fin de que acudan a determinados cursillos de reciclaje o de otro tipo.

Junto a estas medidas, desde las instituciones se está produciendo de manera paulatina una revisión de la protección de los edificios y sedes judiciales del País Vasco, tanto en medios técnicos como en personal de seguridad. El montante previsto por el Gobierno vasco para este segundo apartado se aproxima a los seis millones de euros, según datos oficiales.

ETA no ha vuelto a atentar directamente contra los magistrados y fiscales desde que asesinase a Lidón. Sin embargo, diversas fuentes consideran que el auto de suspensión de Batasuna dictado el 26 de agosto pasado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y las notificaciones judiciales de la clausura de las diferentes herriko tabernas o de las sedes de la coalición independentista, además de las prohibiciones judiciales de algunas manifestaciones convocadas para protestar por esa suspensión, pueden volver a situar a este colectivo en primera línea como objetivo de la organización terrorista. En los últimos atentados, ambos cometidos por el renovado comando Vizcaya, el objetivo han sido los agentes de la Ertzaintza, aunque en el caso de la furgoneta colocada en Zierbena, cargada con 25 kilos de dinamita, no está claro aún si el objetivo era una patrulla de la policía vasca o de la Guardia Civil, según dijo ayer el consejero de Interior, Javier Balza.