La regidora de Chinchón delega sus funciones en un concejal investigado por prevaricación
La alcaldesa de Chinchón, Ana María Magallares, del PP, ha delegado las funciones de regidora en su primer teniente de alcalde, Francisco Grau Romano -que se halla incurso en un proceso judicial por presunta prevaricación-, aunque ella conservará el bastón de mando. La dirección regional del PP pidió el pasado lunes a Magallares que dimitiera, tras ser condenada a ocho años de inhabilitación por prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es]. Ayer, fuentes de la ejecutiva popular calificaron la decisión de la alcaldesa de adecuada, al considerar que supone una dimisión 'a todos los efectos'.
Magallares fue condenada por prevaricación al no convocar una comisión de investigación aprobada por el pleno municipal en 1998. 'Seguiré ayudando a Chinchón, no hay que olvidar que mi candidatura gobierna en este Ayuntamiento porque la votaron los ciudadanos', afirmó Magallares. La alcaldesa piensa reunirse en breve con el presidente regional del PP, Pío García Escudero, para comunicarle su decisión. 'La cesión de funciones al primer teniente de alcalde es como si se hubiera marchado ya. Lo que no es lógico es que dimita antes de que el juez decrete la ejecución de la sentencia que la inhabilita', señalaron fuentes del PP.
Imputado
Grau Romano se halla, junto a la propia Magallares, incurso como imputado en otro procedimiento judicial abierto en octubre de 2000 en el Juzgado número 2 de Valdemoro. La promotora Punor, SA, acusa a ambos ediles de los delitos de coacciones y prevaricación. Esta empresa contrató con Construcciones y Mantenimientos Chinchón, SA (Cymchsa), la construcción de cuatro viviendas unifamiliares en el municipio. Cymchsa ha realizado casi todas las obras del Ayuntamiento de Chinchón, a pesar de carecer de la calificación adecuada, según la querella.
Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de Cymchsa, Punor dio por roto el contrato, firmado en enero de 1998. Después, los administradores de la promotora recibieron constantes amenazas, según la querella, tanto de Grau como de Magallares, para que volvieran a contratar a Cymchsa. En caso contrario paralizarían las obras de las cuatro casas. El valor de venta global de los pisos ascendía a 336.000 euros.
El 19 de agosto de 1999, la alcaldesa paralizó las obras con 'un decretazo lleno de sinrazones, incongruente, confuso y contradictorio', según la querella. Punor recurrió la decisión de Magallares en el Ayuntamiento, pero recibió la callada por respuesta. Esta situación llevó a los administradores de Punor a demandar a la regidora y a Grau ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Magallares aseguró ayer: 'En este Ayuntamiento la vida política está judicializada. Todo el mundo va por la vía penal. Nadie acude a los tribunales administrativos'.
