La defensa de Folchi y de otros tres acusados en el 'caso KIO' pide que se anule el proceso

Cuatro de los acusados en la llamada Operación Wardbase, que se juzga como pieza separada del caso Torras-KIO, pidieron ayer en la Audiencia Nacional que se anule el proceso. Las defensas respectivas del abogado Juan José Folchi, de los ex consejeros del Grupo Torras Miguel Soler y José María Sot Casas, y de la ex empleada de la empresa Karen Parker adujeron que los delitos de los que se les acusa ya han prescrito. La petición se produjo 24 horas después de que el abogado del financiero Javier de la Rosa también solicitara la nulidad parcial de las actuaciones relativas a la controvertida operación.

La Operación Wardbase consistió en el presunto pago por parte del Grupo Torras de 11,4 millones de euros (1.900 millones de pesetas) a Manuel Prado y Colón de Carvajal, a través de la sociedad-pantalla británica Wardbase. El supuesto pago irregular se habría producido en 1992, y se investiga en un proceso en el que el financiero Javier de la Rosa y otras seis personas se sientan en el banquillo. El fiscal pide 10 años de cárcel para De la Rosa, el hombre de KIO en España y vicepresidente de Torras hasta mayo de 1992, y para el ex consejero delegado de Torras Jorge Núñez Lasso de la Vega por los delitos de falsedad y apropiación indebida.

Sobre Folchi, Soler, Sot y Parker sólo apunta la acusación particular, que representa al Grupo Torras. En el caso del abogado y asesor Juan José Folchi, la acusación particular reclama nueve años de cárcel, esencialmente por un supuesto delito de falsedad documental. El abogado de Folchi, Alberto de Miquel, aseguró que este delito ya ha prescrito, ya que han transcurrido 10 años desde el presunto pago irregular.

En el segundo día del juicio oral, De Miquel criticó también al Grupo Torras por haber incurrido en 'abuso de derecho y fraude de ley con alcance internacional', al haber pedido que se incluya en el caso una factura de 780.000 euros abonada en la misma cuenta en la que se ingresaron los 11,4 millones de euros investigados.

Esta factura de 780.000 euros fue presentada por la acusación en el proceso judicial civil desarrollado en el Reino Unido en relación con otra operación (llamada Pincinco) que, pese a formar parte del caso Torras-KIO, es independiente de la de Wardbase. Tanto Juan José Folchi como su antigua empleada Karen Parker fueron absueltos tras ser juzgados de los delitos de los que se les acusó en Londres. Así, su defensor argumentó que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus clientes por el uso de una jurisdicción diferente como la británica por parte de Torras para hacer frente a las defraudaciones presuntamente sufridas.

También el abogado del ex director financiero de Torras Miguel Soler, Cristóbal Martell, reclamó la anulación del proceso por prescripción de delito. Soler no fue citado a declarar como imputado en el caso hasta el mes de mayo de 1997, cuando ya habían transcurrido siete años y seis meses desde que se produjeron los hechos.

El abogado de Soler -por el que se le piden seis años de cárcel- pidió, además, que sea llamado a declarar como testigo Joaquín Tamames, de la asesoría Axel Group, una firma asesora de Torras cuando se produjo el supuesto pago irregular a Manuel Prado y Colón de Carvajal, para quien el fiscal solicita cuatro años y dos meses de cárcel, bajo la acusación de apropiación indebida. La acusación particular exige una pena mayor, de nueve años, igual que para De la Rosa y Núñez Lasso de la Vega.

En el segundo día de este juicio oral también intervino el letrado Miguel Capuz, que representa a quien fuera secretario del Grupo Torras, José María Sot Casas, acusado de apropiación indebida y para el que la acusación particular también exige seis años de cárcel. A Sot nunca se le interrogó por el caso Wardbase, argumentó su defensor, y cuando al fin fue imputado ya habían pasado los cinco años de prescripción del delito que se le atribuye.

La vista seguirá mañana, jueves, con la intervención del fiscal anticorrupción Salvador Viada y de los abogados de la acusación particular, que responderán a las pretensiones de la defensa.