El PP rebaja las exigencias a los ISP

No está la batalla ganada, pero la rectificación de última hora del Partido Popular ha supuesto 'un avance', según Martín Pérez, de ASIMELEC, la asociación que representa al 80% de los proveedores de servicios de Internet (ISP) en España.

El PP ha rectificado la polémica propuesta de obligar a los ISP a almacenar durante un año los datos de tráfico de la red, para su 'puesta a disposición de las autoridades judiciales o policiales' en la investigación de delitos cometidos en el uso de Internet.

Durante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, que debatía la semana pasada la ley de Internet LSSI, el PP limitó el acceso de datos a la autoridad judicial y la obligación de los ISP de guardar esos datos como 'máximo' un año. 'Habrá que esperar a ver cómo se regulan. Nos sigue preocupando que se nos obligue a tener la custodia de datos sensibles. Y siguen pendientes las multas cuantiosas que imponen a los ISP', reconoce Pérez. Según la nueva redacción, la LSSI obligará a los ISP a retener los datos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio.

En su desarrollo reglamentario posterior, se fijarán las categorías de datos que habrán de almacenar los ISP según el tipo de servicio prestado y el plazo de almacenamiento.

La modificación a última hora de la enmienda que obligaba a los ISP a almacenar los datos de las comunicaciones de los inter-nautas tendrá como consecuencia menos costes para dichas empresas. Al menos eso aseguró con rotundidad la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, en unas jornadas del gabinete de abogados Cuatrecasas.

'Hoy en día, las compañías tienen la obligación legal de guardar los datos de las comunicaciones durante un periodo de seis meses', dijo la ministra, para quien 'precisamente con la transposición de la directiva europea a la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información) se establece que sólo tengan que guardar los datos mínimos, y no los relativos a contenidos, durante 12 meses'.

De esta forma, continuó Birulés, 'se reduce a las empresas una parte de lo que tienen que guardar, a la vez que se aumenta el tiempo de almacenamiento'. 'Para que esto se aplique a lo que son las capacidades de almacenamiento desde la óptica de la red', concluyó la ministra, 'entendemos, y así lo entienden también los estados miembros de la Unión Europea, que no superará en costes a los que hoy día ocasionan las leyes aún en vigor, teniendo en cuenta que es mucho más oneroso guardar papel y archivarlo que retener datos informatizados'. Para Birulés, la información mínima que se obligará a las empresas a mantener será exclusivamente 'datos básicos identificativos que quedarán muy precisados en el redactado definitivo de la ley, descartando cualquier clase de contenidos, como los sitios que haya abierto el usuario'.