El expediente abierto por la Junta a Beneroso propone inhabilitarlo y una multa de 30.000 euros

El procedimiento sancionador abierto por la Consejería de Economía contra la caja de ahorros El Monte y su anterior presidente, Isidoro Beneroso, está en su tramo final. El juez instructor del expediente considera infracción muy grave la actitud obstruccionista de Beneroso en el proceso de renovación de los órganos de la caja que culminó, precisamente, con la salida de éste de la entidad. El instructor, un alto funcionario de Economía, ha redactado una propuesta de resolución en la que fija una multa de 1,89 millones de euros a El Monte y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos de dirección en una entidad de crédito y una multa de 30.000 euros a Beneroso. La decisión definitiva se producirá a finales de este mes.

Esta propuesta de resolución, avanzada ayer por El Mundo, fue remitida en los últimos días de mayo a la caja, presidida desde diciembre de 2001 por José María Bueno Lidón; a Isidoro Beneroso y al Banco de España para que formulen alegaciones.

El plazo para que las tres partes presenten sus alegaciones termina el 17 de junio. Una vez que se reciban estas alegaciones -El Monte anunció ayer que las presentará-, hay dos vías. Si se estima que la infracción cometida sólo es grave, será la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quien resuelva y dicte la resolución definitiva. Pero si se considera que la infracción cometida es muy grave, como apunta el juez instructor, será el Consejo de Gobierno de la Junta el encargado de dictar esa resolución.

Este episodio es el último fleco que queda por resolver de la guerra que abrieron Isidoro Beneroso y Juan Manuel López Benjumea, ex presidente de Caja San Fernando, contra la Junta al intentar fusionar las entidades que presidían al margen de la Ley de Cajas autonómica. Una vez que su proyecto de fusión fue frustrado en la Asamblea General de San Fernando, en la que no hubo los votos suficientes para apoyar la fusión con El Monte, ambos presidentes se vieron obligados a iniciar el proceso de renovación de cargos que habían rechazado durante meses.

El problema que originó el expediente sancionador surgió con la elección de los representantes de los impositores en la Asamblea de El Monte. El 4 de septiembre de 2001, El Monte celebró un sorteo entre sus 395.000 clientes para elegir a 450 compromisarios que, a su vez, tenían que seleccionar a los 45 representantes de los impositores en la Asamblea de la caja.

La importancia de controlar este proceso electoral era fundamental para Beneroso y López Benjumea, ya que los impositores eran la única vía que tenían para continuar en sus respectivas cajas una vez que ningún partido les había elegido para formar parte de los órganos de gobierno de las entidades.

El representante de la Junta en la Comisión de Control de El Monte, órgano encargado de velar por la legalidad de las decisiones de la caja, requirió la entrega de la lista íntegra de los impositores, así como la de los 450 compromisarios elegidos en el sorteo. A partir de ese momento, comenzó una guerra de escritos entre la Consejería de Economía y el presidente de El Monte acerca del cumplimiento o no de este requerimiento. Beneroso se negó, con diferentes argumentos, a entregar este listado, lo que finalmente desembocó, el 4 de octubre de 2001, en la apertura de un procedimiento sancionador que ahora está a punto de finalizar.

Entre otras cuestiones, Beneroso adujo que con la entrega del soporte informático con el que se había hecho el sorteo era más que suficiente o que la Ley de Protección de Datos impedía facilitar información sobre los clientes.

Expulsión del PSOE

El instructor rechaza los argumentos de Beneroso y llega a la conclusión de que hubo una infracción muy grave tanto de la caja como de él como máximo representante de la entidad. El instructor deja claro que Beneroso, al que atribuye una actitud 'dolosa', se negó a entregar a la Consejería la documentación que ésta le había reclamado en su función de control del sistema financiero. Esta circunstancia, según el instructor, supone una evidente vulneración de la Ley de Cajas andaluza.

La posición de Beneroso y López Benjumea, militantes socialistas, también llevó al PSOE a abrir un expediente de expulsión a los dos cajeros. Este expediente, que lleva abierto casi un año, ha entrado también en su fase definitiva y, según fuentes socialistas, se resolverá este mes.