El fiscal denuncia a cinco centros de idiomas por presunta estafa

La fiscalía de Madrid ha denunciado por presunta estafa ante el Juzgado de Instrucción número 26 a cinco escuelas de idiomas que embarcaron a centenares de alumnos en créditos bancarios sin haberles informado del compromiso que adquirían. Las diligencias fueron abiertas después de que la Oficina Municipal de Información al Consumidor recibiera 229 denuncias y pusiera el caso en conocimiento de la fiscalía.

Centenares de alumnos con la sensación de haber sido estafados y cinco escuelas sentadas en el banquillo de los acusados: así podría acabar el curso que empezó en septiembre con las ya tradicionales campañas de publicidad de las escuelas de idiomas. Los centros denunciados son de ámbito nacional y funcionan por el régimen de franquicias.

Un curso de inglés de ocho meses cuesta, dependiendo del centro y del número de horas, entre 1.200 y 1.800 euros, según fuentes del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Madrid. Para hacer el pago más asequible, las escuelas ofrecen al alumno fraccionarlo en mensualidades.

Lo que sucede en realidad es que la escuela tramita un crédito con un banco, que el alumno firma en la propia escuela. Cada pago se convierte así en la devolución de parte del crédito y no en el pago mensual de las clases. Y es en este punto donde empieza la confusión. 'Lo que firma el alumno es un instrumento mercantil, un crédito, que le obliga a pagar al banco todas las mensualidades', explica Juan Ignacio Rojas, director de Consumo del Ayuntamiento de Madrid.

De este modo, si el alumno se ve obligado a abandonar las clases a mitad de curso, por cualquier causa, se encontrará con la desagradable sorpresa de que debe seguir pagando al banco las mensualidades que le quedan por abonar del crédito, de unos 200 euros cada una.

Obligado a informar

Esta práctica es absolutamente legal y común en muchos comercios, pero a lo que sí está obligado el centro es a informar al consumidor del compromiso que adquiere y en qué condiciones. Y esto es lo que, al parecer, podrían haber hecho mal las escuelas de idiomas denunciadas. 'Siempre puede haber malentendidos, pero 229 son muchísimas denuncias y casi todas son por el mismo motivo: los alumnos aseguran que las escuelas les dijeron que, en caso de abandonar las clases, no tendrían que seguir pagando nada. Pero siempre de palabra, no hay documentos por escrito', precisa Rojas.

Ante la avalancha de denuncias, la Oficina Municipal de Información al Consumidor hizo dos cosas: trasladar el caso a la fiscalía de Madrid y, dentro de sus competencias, investigar si los centros de enseñanza cuentan con las licencias necesarias para desarrollar su actividad. En este aspecto, el Ayuntamiento no ha detectado ninguna irregularidad.

La fiscalía de Madrid, sin embargo, sí parece haber apreciado indicios de delito en el modo en el que las escuelas de idiomas financian los cursos de sus alumnos, por lo que el pasado 25 de marzo presentó una denuncia contra cinco de estos centros al Juzgado de Instrucción número 26.