El Gobierno estudia de nuevo instalar un depósito de residuos tóxicos

El Gobierno vasco está debatiendo con empresarios y agentes sociales la instalación de un depósito especial de residuos tóxicos en la comunidad autónoma. El mayor inconveniente es su ubicación, que ya frustró la iniciativa planteada a mediados de los 90. El Departamento de Medio Ambiente reconoce la necesidad de la instalación para las empresas pero recuerda que 'nos movemos en una materia sensible'. La decisión que se adopte en los próximos meses se plasmará en el nuevo plan de gestión de los residuos peligrosos, en fase de elaboración por el Ejecutivo.

En Euskadi se generan anualmente cerca de 300.000 toneladas de residuos peligrosos, que según el Gobierno están controlados. Existe una veintena de tipos diferentes, aunque el 61% procede de las acerías y fundiciones, mientras que un 10% tiene al aceite como fuente contaminante. El último inventario oficial señala que un 31% de estos desechos tóxicos se logra reciclar y un 68% se deposita en vertederos tras eliminar los componentes peligrosos. Sin embargo, las empresas tienen que exportar también estos residuos fuera de Euskadi: en uno de los últimos estudios se cifraba en 25.000 toneladas, que se trasladan a depósitos ubicados en Madrid, Valladolid, Huelva y Murcia.

Escasa inspección

Los ecologistas dudan del control alardeado por el Gobierno, dados los escasos servicios de inspección. En Euskadi hay medio centenar de vertederos privados, que en su mayoría recogen los residuos de las industrias. Pese a la existencia de un rígida normativa de funcionamiento desde 1994 -que obliga a disponer de un documento de control y seguimiento de los residuos que se debe remitir al Departamento de Medio Ambiente-, expertos medioambientales y ecologistas coinciden en que no existe control ni vigilancia. 'No hay ningún tipo de inspección ni estudios que determinen lo que hay en su interior. Se tira de todo, incluso residuos tóxicos', afirman dos técnicos medioambientales vascos.

La instalación de un depósito de residuos peligrosos es una reivindicación histórica de la industria. A principios de los 90, cuando los socialistas dirigían el área de Medio Ambiente, se acordó su construcción con los empresarios y se estudió invertir seis millones de euros para una instalación con capacidad para 300.000 toneladas. Se seleccionaron cuatro posibles ubicaciones -tres en Álava y una en Guipúzcoa- en función de sus condiciones geológicas, pero el proyecto no fue más allá al no existir un consenso político para aguantar el rechazo social suscitado en las zonas elegidas.

Con la llegada de Eusko Alkartasuna, en 1995, a Medio Ambiente, el proyecto se paralizó al priorizar la apuesta por el reciclaje, aunque en los últimos años algunos altos cargos del departamento ya defendían retomar el plan. El nuevo equipo dirigido por Sabin Intxaurraga ha empezado a estudiar este asunto y desde hace varios meses ha protagonizado contactos con la patronal Confebask y sectores relacionados con los residuos. Los empresarios han comentado al Ejecutivo el actual déficit de infraestructuras para los desechos en el País Vasco.

La ubicación

Dentro de su ambiciosa iniciativa de elaborar un nuevo plan ambiental hasta 2020 -en el que ya se han lanzado 150 compromisos para mejorar el medio ambiente-, el Gobierno está elaborando un nuevo programa de gestión de residuos peligrosos, que sustituya al único elaborado hasta ahora que ha estado en vigor desde 1994 a 2000. 'Hay infraestructuras que habrá que poner en servicio', señala el viceconsejero de Medio Ambiente Iñaki Ezkurra.

Ezkurra, que se muestra cauto en un asunto tan polémico, reconoce la necesidad de conjugar dos cuestiones. 'Nos movemos en una materia sensible y por otro lado hay un realidad económica que necesita respuesta'. El viceconsejero indica que el problema no es el impulso de una iniciativa por parte de la Administración con dinero público 'sino que se posibilite su ubicación' en la comunidad autónoma vasca.

La decisión de implantar el depósito de residuos se concretará en el plan de gestión de los residuos peligrosos, que ya va retrasado al haber concluido el primero en 2000. En él se marcarán tanto los objetivos en generación como en los sistemas de tratamiento.