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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Asesinato en la catedral

El asesinato del arzobispo de Cali, Isaías Duarte, en el atrio de la iglesia donde acababa de celebrar un matrimonio múltiple, sume un poco más a Colombia en la sima de degradación política y social en la que se encuentra por la acción combinada del narcotráfico y de una guerra civil que se prolonga desde hace casi cuatro lustros. A monseñor Duarte le han podido asesinar cuantos están empeñados en Colombia en que el país no recupere la paz: grupos guerrilleros, paramilitares de extrema derecha y carteles de la droga. Pero todo apunta a que el crimen ha sido obra de estos últimos, tras la reciente denuncia del arzobispo sobre la financiación con dinero del narcotráfico de ciertos candidatos a las elecciones parlamentarias celebradas hace dos semanas.

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El arzobispo de Cali no es el primer alto dignatario de la Iglesia católica asesinado en Colombia. En 1989 lo fue el obispo de Arauca, Jesús Emilio Jaramillo, en un crimen atribuido tanto a la guerrilla como a los paramilitares, y la misma suerte han corrido varios sacerdotes. El asesinato de Duarte engrosa la estadística oficial de los 8.078 asesinatos políticos de civiles cometidos en los últimos siete años en Colombia. Pero no es uno más. Su voz se dejaba oír especialmente en un país dominado por el miedo y no calló ante los crímenes de los grupos guerrilleros y paramilitares ni ante la capacidad de corrupción moral y política del narcotráfico, 'el maldito negocio fuente de todos los males', como denunció muchas veces desde el púlpito y en los medios de comunicación.

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El asesinato del arzobispo de Cali se produce en un momento especialmente crítico para Colombia, tras la ruptura del proceso de paz y la oscura perspectiva de una posible intensificación de la contienda civil. Sus asesinos no sólo han silenciado una voz, sino que han matado a un hombre que se implicó directamente en gestiones de paz. Tras el crimen, la tarea más importante e inmediata del Gobierno del presidente Pastrana es evitar que quede impune. Sería la forma más clara de decir a sus instigadores que Colombia resiste a sus acometidas de corrupción y violencia y que no conseguirán sus objetivos.

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