Municipalismo sostenible
Con los rescoldos del congreso popular aún incandescentes y con la no del todo enfriada euforia búlgara que con tanta vocación propaga el PP por estos lares... digo que, con toda esta marea de fondo, he intentado refrescar en mi memoria alguna de las ideas que ocuparon la atención del último conciliábulo del PP. Y como resultado de este propósito, y de entre todas las tentativas analizadas, querría destacar, más allá de los tópicos facilones y de la clásica retórica que habita en este tipo de cónclaves, las consignas publicitarias, tipo patriotismo constitucional, que vinieron a llenar, con algo de oportunismo y una pizca de mala fe, el no debate de este congreso.
Y más concretamente, de entre estas consignas publicitarias que están embadurnando nuestra actualidad más rabiosa, querría centrarme en el anuncio, por una parte, del cierre -definitivo según el PP, e ilusorio según mi parecer- del estado autonómico. Y, por otra -no sabemos aún si como causa o efecto de lo anterior-, el anuncio de una segunda descentralización, de la que serían presuntos beneficiarios los ayuntamientos; administraciones que hasta el momento son -y en esto el consenso es unánime- la pieza del edificio institucional que se ha quedado marginada en la construcción de la agenda política en el último cuarto de siglo.
El reto es absolutamente inaplazable. Nadie lo pone en duda. Pero tenemos que partir al menos de un diagnóstico de la situación y de un mínimo horizonte compartido, basado en el consenso del conjunto de las fuerzas políticas. Y es aquí donde nos tememos que el PP esté planteando de nuevo la necesidad de una reforma con trampa, como ya nos ha enseñado con la Ley Orgánica de Universidades y como nos enseñará, no lo duden, con la futura Ley de Calidad Educativa. Y es que, a mi parecer, el PP está aprovechando esta necesaria y solicitada reforma del ámbito local para introducir elementos perturbadores, dentro de una estrategia de control institucional claramente premeditada. En este caso, con el objetivo de enfrentar municipios y gobierno autonómico para al final meter la zarpa centralizadora encubierta bajo el paraguas de coordinación y/o armonización.
Es evidente que el municipalismo, del cual el valenciano es una muestra significativa por su estructura, precisa de una urgente revisión y de una profunda modernización para seguir cumpliendo su función de forma satisfactoria. Las nuevas necesidades de unos ciudadanos cada día más exigentes, que reclaman calidad en los servicios, transparencia y agilidad en la gestión, capacidad de elección y austeridad en el gasto público, y todo esto en el contexto de unas sociedades cada vez más complejas, marcadas por la primacía del individuo y su libertad, y las nuevas tecnologías como herramienta de acceso a un mundo sin restricciones... digo que estas nuevas necesidades precisan de una reformulación de la administración municipal, si queremos seguir musitando el tópico de que la administración local es la más cercana al ciudadano.
Sin duda, la segunda descentralización debería afrontar de raíz los problemas del municipalismo: financiación, competencias, pero por encima de todo qué modelo de administración local queremos. Un modelo que tendrá que ser también sostenible: es decir, competencias ajustadas a su financiación, pero sobre todo al ciudadano, si queremos contar con municipios viables como instituciones prestadoras de servicios.
El caso valenciano es el ejemplo más claro de la falta de voluntad para afrontar con sinceridad este asunto. Tenemos, por un lado, el tan manido Pacto Local que mantiene obnubilado y más contento que unas pascuas a Arenas Bocanegra, pero que las fuerzas políticas valencianas ya refrendaron por unanimidad, un lejano 28 de febrero de 1999, en el transcurso de la Asamblea de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; acuerdo que hasta la fecha está intacto en su cumplimiento. Por otro lado, y si bien la financiación es un aspecto que tendría que tratarse en un contexto estatal, y también global para dar cabida al anuncio de la supresión del IAE, aún no se ha escuchado ni una propuesta razonable ni una opinión colectiva al respecto, al menos desde el municipalismo valenciano.
Y mientras, en lo que concierne a la Generalitat, como es la dotación del Fons de Cooperació Autonòmic, ya son tres los presupuestos que se han quedado en blanco. Retraso que se reedita en cuanto al diseño institucional para el futuro, en tanto en cuanto el Estatut fija la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de régimen local y, en este sentido, ya va para tres años que el Consell debería haber presentado la Llei Valenciana de Règim Local. Instrumento que debería servir para iniciar el debate con el objetivo de alcanzar un municipalismo moderno y con futuro: el ámbito donde discutir sobre las escalas de cooperación y decisión, en un país donde el 45% de los municipios tiene menos de mil habitantes y el 75% menos de cinco mil, con áreas prácticamente desiertas y grandes conglomerados urbanos en los que cuarenta municipios recogen las dos terceras partes de los ciudadanos. Panorama variopinto al que le debemos sumar las diferentes situaciones que existen como, por ejemplo, municipios que hasta quintuplican su población según la estación, y otros con un importante patrimonio que mantener. Por no citar el retraso de dos décadas de la legalización del papel cotidiano y real de las comarcas.
Es hora por tanto de la política, de ese tópico que es la política con mayúsculas, de la voluntad y la decisión para afrontar los problemas. De lo que no es momento, aunque la tentación absolutista está ahora más presente que nunca por la acción de un gobierno franco y reaccionario, es del regate corto, del planteamiento partidario con el objetivo de sacar ventajas del día a día. Ni es el tiempo de sacar del baúl de la Piquer recetas decimonónicas como el fortalecimiento de las diputaciones. Es hora de hablar del futuro con planteamientos serios que hagan viable el municipalismo sostenible que debería regir estas administraciones durante las próximas décadas.
Ferran Puchades es secretario de Organización del Bloc.
