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El Consorcio de Aguas presenta un recurso contra la sanción del Ejecutivo

La decisión final se retrasará unos cinco meses

El Gobierno ha abierto un expediente sancionador por el vertido tóxico que en noviembre causó la muerte de miles de peces en el río Ibaizabal a su paso por Amorebieta. La Dirección de Aguas, dependiente de la consejería de Medio Ambiente, culpa del desastre ecológico a un fallo en la papelera Smurfit, entre Amorebieta y Durango, y considera la sanción como menos grave. Si se confirmase, la multa sería de entre 6.000 y 30.000 euros, además de otra sanción de 12.000 euros por los daños al río.

El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, que por motivos formales es el que recibe la sanción, ya ha recurrido.

La agresión ecológica al río se produjo el pasado 31 de octubre. El informe elaborado por la Dirección de Aguas determina que se registró una avería en sistema de pretratamiento de aguas residuales -antes de que se trasladen a la depuradora del municipio de Iurreta- de la papelera. Este fallo motivó que la depuradora recibiera un volumen de residuos superior al normal y, como consecuencia, la saturación de su sistema y el posterior vertido al río de aguas no depuradas. El 2 de noviembre, miles de peces aparecieron muertos en el tramo del Ibaizabal desde la papelera hasta Amorebieta.

Medio Ambiente abrió un expediente administrativo en los días siguientes, que el pasado mes resolvió inicialmente con la incoación de un acta sancionadora contra el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. Este organismo, que regula el abastecimiento y saneamiento del agua que emplea el 90% de la población del territorio, es el destinatario del expediente, ya que tiene el permiso de vertido al Ibaizabal. La papelera Smurfit deposita sus aguas residuales en la depuradora. Sin embargo, es muy probable que el Consorcio exija responsabilidades a la empresa por vía civil si se confirma la sanción.

La resolución de la Dirección de Aguas califica la sanción como menos grave, para la que la ley establece multas de entre 6.000 y 30.000 euros, a lo que se suman los daños al dominio público (el río), que se han calculado en 12.000 euros (dos millones de pesetas).

Un portavoz de Medio Ambiente reveló que no habrá decisión definitiva antes de cinco meses, ya que actualmente se encuentra abierta la fase de alegaciones, a lo que seguirá una resolución de Aguas y un nuevo periodo alegatorio. Además, dado que el Ibaizabal discurre también fuera del País Vasco, la resolución final debe remitirse a la Confederación Hidrográfica del Norte, que emitirá la sentencia definitiva aunque se basará en lo decidido por la Dirección de Aguas vasca.

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De noche

El Consorcio Bilbao-Bizkaia no ha querido hacer ningún comentario sobre el expediente y un portavoz se limitó a afirmar que han presentado alegaciones a la decisión del Gobierno. Smurfit, cuyos responsables de la planta han declarado ante la Dirección de Aguas, señala que avisó en cuanto se produjo el accidente, pero 'al ser por la noche el problema es que no había nadie trabajando en la depuradora', dijo un portavoz oficial. Esta fuente no analizó la posibilidad de una futura sanción. 'Es un suponer, de momento a nosotros sólo nos han llamado como testigos'.

Smurfit es una empresa irlandesa líder en el tratamiento del embalaje de papel y cuenta con otras dos plantas similares a la de Durango en Jaén y Valladolid. Posee otra papelera en Zalla, aunque está se dedica a transformar sacos de papel.

Esta empresa adquirió la papelera de Durango en 1997 a sus antiguos propietarios, la firma francesa Saint Gobain, que protagonizó los mayores desastres ecológicos en el Ibaizabal en los años 90. La fábrica se llamaba entonces Celulosas del Nervión y funcionaba desde 1957. Por su causa, según los ecologistas, desapareció 'toda la fauna piscícola aguas abajo hasta Bilbao'. Pese a que en 1988 se inauguró una depuradora para que la papelera dejase de verter directamente al río, la empresa no se conectó a la planta y prefería pagar multas insignificantes. Entre 1990 y 1991 se registraron cinco vertidos tóxicos importantes al Ibaizabal.

La presión de las autoridades llevó a mediados de los 90 a materializarse el enganche a la depuradora. Con la adquisición de la planta por Smurfit, hubo fuertes inversiones en nuevas tecnologías y la situación cambió radicalmente. Los ecologistas reconocen que en los últimos cinco años no se ha producido ningún incidente grave.

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