Ni un día más en prisión
El Gobierno ha decidido despenalizar con urgencia, mediante la correspondiente reforma de los códigos penales -el común y el militar-, la negativa a realizar tanto el servicio militar obligatorio como la prestación social sustitutoria. Después de la desaparición de la mili el pasado 31 de diciembre, era jurídica y políticamente insostenible que esos servicios, suprimidos por real decreto en marzo pasado, siguieran siendo legalmente exigibles bajo penas de cárcel y de inhabilitación. Pero eso es lo que sucederá mientras el Parlamento no apruebe la reforma de los códigos que le remita el Gobierno. Más congruente habría sido que esa reforma legislativa hubiera entrado en vigor en la misma fecha de la desaparición de la mili y de la prestación social sustitutoria, como lo exigieron en su momento prácticamente todos los grupos de oposición.
Pero este Gobierno, muy presto en asumir electoralmente la supresión de la mili y la apuesta por el Ejército profesional, ha sido remiso a la hora de sacar las consecuencias de sus propios actos. No sólo ha tardado más de lo debido en suprimir de los códigos delitos que han dejado de serlo en la práctica, sino que se ha mostrado impertérrito ante la suerte de los jóvenes insumisos que han seguido en prisión tras hacerse pública la decisión de suprimir la mili. Desde ese momento, Gobierno y jueces tenían que haberse apresurado a evitar, cada uno en su ámbito de competencia, que ningún insumiso siguiera en prisión un día más por hechos que ya no tenían la consideración de delito, aunque formalmente lo fueran todavía.
Pero a partir del 31 de diciembre, esa actitud de desentendimiento tiene todavía menos razón de ser. El ministro Acebes se ha cuidado en señalar que la reforma de los códigos no tendrá ningún efecto reparatorio o indemnizador, pues las penas impuestas corresponden a obligaciones legalmente exigibles hasta el 31 de diciembre. Pero, ¿deben sobrevivir esas penas siquiera un día a tal fecha? El Gobierno debe darse prisa en indultar a los siete insumisos que todavía penan en prisiones militares y en acelerar una reforma legislativa que debió estar lista al tiempo que desaparecía la obligación de la mili. Ése era el momento apropiado para facilitar el sobreseimiento judicial de las 4.000 causas que siguen abiertas por insumisión.
