Fondos delictivos

La justicia ha dictado sentencia -recurrible en casación ante el Supremo- tras el largo proceso sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior, abierto en 1994 tras la denuncia presentada ante el juzgado de guardia por el diputado popular Federico Trillo, hoy ministro de Defensa. La sentencia de la Audiencia de Madrid absuelve a los ex ministros socialistas de Interior Barrionuevo y Corcuera, sobre quienes no hay rastro alguno de enriquecimiento personal, y condena al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y a otros antiguos altos cargos de Interior. Algunos de los condenados han anunciado su intención de recurrir y no es descartable que el fiscal Luzón impugne, por su parte, la absolución de los máximos responsables de la antigua cúpula de Interior.

La sentencia establece varios hechos probados no susceptibles de modificación: el uso de los fondos reservados de Interior entre 1983 y 1993 derivó en prácticas delictivas de malversación de caudales públicos y sirvió de medio para el enriquecimiento personal en algunos casos. No es el caso de Barrionuevo y Corcuera, a los que absuelve por no haber certeza de que 'conocían y consentían las sustracciones'. Una posibilidad avalada por la experiencia de Manuel Fraga al frente de Interior en el Gobierno de Arias Navarro durante 1976 y cuyo testimonio en el juicio -'de los fondos reservados ya se ocupaban dos generales del Ejército de toda confianza'- ha servido de referencia al tribunal para concluir que los ex ministros socialistas no tenían por qué estar enterados de lo que hacían quienes se ocupaban de gestionar los fondos. El tribunal también parte del testimonio del denunciante, Federico Trillo, sobre los regalos navideños que hizo él mismo durante su posterior etapa de presidente del Congerso, para concluir que los obsequios hechos por Corcuera a las esposas de sus subordinados respondían a una larga tradición, asumida por todos, a pesar de las diferencias entre unos y otros.

Sobre Rafael Vera, administrador de hecho de los fondos reservados, recae la mayor condena por haberlos usado en beneficio propio y en el de los otros ex altos cargos de Interior condenados, en forma de sobresueldos e indemnizaciones: los directores generales Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán (éste ya condenado en otra sentencia por los mismos hechos); el gobernador Iñaki López y el jefe policial Francisco Álvarez, antiguo responsable del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Al antiguo secretario de Estado para la Seguridad se le condena a 7 años de cárcel por sustraer para sí 141 millones de pesetas, haciéndole también responsable solidario de la restitución al Estado de la mayor parte del dinero sustraído: 3,5 millones de euros aproximadamente (unos 650 millones de pesetas). Dos fincas, a cuya adquisición destinó Vera parte del dinero, según declara probado el tribunal, servirán de garantía de ese pago. A esta cantidad se añaden unos 800.000 euros (130 millones de pesetas) de los que Sancristóbal se apropió directamente desde su puesto de director de la Seguridad del Estado. El tribunal concluye que el volumen total sustraído asciende a 4,8 millones de euros (unos 800 millones de pesetas), aproximadamente el 5% de lo presupuestado para gastos reservados de Interior en la década 1983-93, cantidad que queda lejos de la inicialmente denunciada.

El tribunal pasa por alto, por no tener relevancia penal, el 'maquillaje presupuestario' al que fueron sometidos los fondos reservados de Interior en aquellos años para poder hacer frente a los crecientes gastos de seguridad derivados de la ofensiva terrorista -en parte, para protección de jueces y fiscales-, pero no deja de señalar que esa falta de control posibilitó su uso delictivo con fines particulares. Ese maquillaje no sería posible hoy: desde abril de 1995, una ley establece el control parlamentario sobre el uso de los fondos reservados. Fue una contribución de los socialistas, poco antes de abandonar el poder, a la superación del vacío legal existente en la materia y que desde la absoluta discrecionalidad alimentó la corrupción; los socialistas pagaron por ella un alto precio político.

Pero ese coste no podía cerrar el capítulo de las responsabilidades por lo sucedido en Interior en esa década. Quedaban las penales. El Partido Popular, enfrascado entonces en una feroz batalla de desgaste contra el Gobierno socialista, no desaprovechó la ocasión de judicializar el asunto y de rentabilizarlo políticamente a su favor. Esas responsablidades penales, atribuibles a personas concretas, han quedado establecidas por quien debía hacerlo: los jueces.