La Junta pide al Gobierno central más autovías

La Cámara andaluza aprobó ayer una proposición no de ley del grupo socialista para que la Junta pida al Gobierno central que convierta varias carreteras nacionales claves para el turismo en autovías, así como que culmine las obras de saneamiento integral y depuradoras declaradas de interés general. Los portavoces de PSOE, Carmen Ortiz, y PP, Eugenio Monsalves, se enfrascaron en una discusión sobre lo que hicieron los socialistas cuando gobernaron el país y la gestión actual de los populares. Ortiz recordó que el PP lleva ya cinco años en la Moncloa, por lo que su grupo tiene 'toda la legitimidad' para exigir que cumplan sus compromisos.

A propuesta del PSOE, y con el respaldo de todos los grupos, excepto el PP, se aprobó una proposición no de ley por la que se respaldan las resoluciones del Consejo Asesor de RTVE de Andalucía, en el sentido de que esta comunidad no recibe un tratamiento adecuado de TVE y 'no actúa con rigor, independencia y pluralismo'. El portavoz del PSOE, Bernardo Bueno, dijo que la situación de indefensión e impotencia es 'muy grave', ya que Andalucía siempre sale en TVE 'en negativo', y calificó la emisora estatal de 'gubernativa y partidista'. José Luis Sanz, del PP, señaló que el PSOE fue 'sectario' con TVE cuando controló el ente y destacó que los informativos territoriales de la 'española' son los más vistos en la comunidad.

'Pandereta'

Mientras que el Grupo Mixto intentó sacar adelante una enmienda para que Canal Sur reforzarse la imagen positiva de la comunidad y contrarrestar este desfase, IU dijo que TVE está centralizada y con un mal tratamiento territorial generalizado a todas las comunidades autónomas, así como un tiempo dedicado al PP 'abrumador'. El PA agregó que la imagen que ofrece TVE de Andalucía es de conflictividad social o de 'pandereta'.

Por el contrario, la mayoría PSOE y PA rechazó una proposición no de ley del PP para que la Junta ponga en marcha un plan de que refuerce las medidas de seguridad en los juzgados, con una inversión inicial de 800 millones de pesetas. El diputado popular Carlos Rojas argumentó que la Administración andaluza, que tiene las competencias, ha sido incapaz de evitar los robos ocurridos este verano en los juzgados de Marbella y Torremolinos. La socialista Cinta Castillo dijo que la responsabilidad y custodia de los documentos es de los secretarios judiciales, quienes dependen del Ministerio de Justicia.