Terrorismo común
En ningún Estado de la Unión Europea es hoy concebible que se otorgue el estatuto de refugiado político a miembros de organizaciones armadas acusados de delitos de terrorismo en un país socio. Las reticencias que al respecto ha habido en el pasado, en virtud de un concepto de asilo de fuerte raigambre en suelo europeo, han sido superadas ante la constatación de la común realidad democrática de todos los miembros de la UE. Pero quedaba por dar un paso crucial en la armonización y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales que permitan la detención y la rápida puesta a disposición de la justicia de quienes utilizan la violencia contra las personas, la población en general o las instituciones aduciendo razones políticas e ideológicas plenamente defendibles por cauces legales en el ámbito de la UE. Ese paso lo dio ayer el Parlamento Europeo.
Basándose en un informe del eurodiputado liberal británico Graham Watson, el Parlamento Europeo ha propuesto al Consejo de Ministros de la UE la adopción de cuatro medidas básicas para un tratamiento común del fenómeno terrorista: una tipificación delictiva del terrorismo que sea coincidente (ocho países carecen de legislación específica sobre este delito), el establecimiento de una orden europea de busca y captura de terroristas y narcotraficantes que simplifique o elimine el tradicional procedimiento de extradición (una medida que España reclama con especial interés), el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el espacio de la UE y la armonización de las legislaciones nacionales en materia de indemnizaciones a las víctimas de delitos terroristas.
España ha puesto especial empeño, por causa de ETA, en la respuesta común de la UE a la amenaza terrorista, pero, como señala el informe Watson, 'en los últimos años, todos los países europeos han resultado afectados, de manera directa o indirecta, por estos actos de violencia'. Corresponde al Consejo de Ministros de la UE traducir en medidas concretas las resoluciones del Parlamento Europeo, una tarea en la que España puede tener un papel relevante durante su presidencia comunitaria en el primer semestre de 2002.
