Fujimori, acusado
El Parlamento peruano ha acusado políticamente a Alberto Fujimori de coautor de dos masacres en las que murieron 15 personas en Lima en 1991 y nueve estudiantes y un profesor en 1992, a manos de un escuadrón de la muerte, el Grupo Colina, montado por las autoridades de entonces para realizar acciones de guerra sucia contra el terrorismo, esencialmente de Sendero Luminoso. Numerosas causas e investigaciones abiertas contra Fujimori no han fructificado en los tribunales por falta de pruebas. La única acusación judicial contra él es la de abandono del cargo e incumplimiento de sus deberes. La que ha aprobado el Parlamento es la más grave acusación hasta la fecha contra quien, siendo aún presidente, huyó en noviembre pasado para buscar refugio en Tokio.
Ahí está el escollo principal. Pues Fujimori, presidente de Perú de 1990 a 2000, tiene también la nacionalidad japonesa. Japón no acepta la extradición de sus ciudadanos y con Perú no tiene convenio bilateral que le obligue a tal medida. Pero si, como se espera, la fiscalía peruana traduce judicialmente la acusación política y lanza una orden de búsqueda y captura internacional contra Fujimori, Tokio se enfrentaría a la primera demanda de extradición por un crimen de lesa humanidad, con la presión internacional que conlleva. En todo caso, el ex presidente peruano podría ser detenido casi en cualquier país, por lo que tendría que permanecer en su jaula de oro del país de sus antepasados.
La acusación parlamentaria fue aprobada por unanimidad (una diputada fujimorista prefirió ausentarse en la votación) tras un informe elaborado en subcomisión. A distancia, Fujimori se ha defendido de las acusaciones de homicidio, lesiones graves y desapariciones forzosas, declarando que se sentía con la conciencia tranquila, que había acabado con aquel terrorismo y logrado la pacificación, y destacando el hecho de que los principales líderes de Sendero Luminoso están condenados en la cárcel.
Pero en aquellas matanzas de 1991 y 1992 murieron inocentes, y los autores de estos y otros crímenes fueron felicitados en su día por Fujimori, y se vieron amparados por la Ley de Aministía de 1995. En cuanto a las pruebas, quien más información debe tener es el que fuera jefe de los servicios secretos y brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, encarcelado en Lima y pendiente de un juicio en el que pueden destaparse, además de datos sobre crímenes de Estado, numerosos casos de corrupción del régimen que contribuyó a sostener.
