Cuando paz significa capitulación
El reciente atentado en el centro de Jerusalén llevado a cabo por un suicida palestino ha puesto en evidencia que la política de la fuerza aplicada por Israel en su ocupación de los territorios palestinos no busca la paz, sino que alimenta una espantosa violencia.
El Gobierno israelí, poniendo a toda marcha una política basada en el castigo colectivo y la revancha, se ha encontrado con que es respondido con su misma estrategia del 'ojo por ojo', con la diferencia de que son los palestinos los acosados por una ocupación que todas las leyes internacionales condenan y de que ha sido Israel quien ha iniciado este procedimiento ¿Acaso Israel pensaba que tenía la prerrogativa de la represalia para 'responder al terror'? Porque el bombardeo israelí de un edificio de siete plantas en Nablús el pasado 31 de julio, en el que murieron ocho personas, entre ellos dos niños, fue también una masacre y un acto terrorista igualmente condenable.
La cuestión está en el doble lenguaje y el monopolio de la fuerza que quiere arrogarse Israel. Su política de asesinatos contra el liderazgo palestino, que no son sino ejecuciones extrajudiciales que ignoran toda prueba de culpabilidad y derecho a la defensa (principios básicos del Estado de derecho y la democracia), son definidas como 'muertes selectivas' en actos de 'autodefensa'; sus bombardeos con F-16 y helicópteros Apache contra edificios e instituciones de la Autoridad Palestina son 'justificadas acciones preventivas' contra el 'terrorismo palestino', y cuando se habla del 'círculo de violencia' en el que se ha sumergido la realidad tanto palestina como israelí, Israel replica que en su caso es una justificada 'respuesta a la agresión', en tanto que parece no querer darse cuenta de que la detención arbitraria de palestinos, el sitio al que tiene sometida a la población palestina (en su mayor parte, sin capacidad para acceder a hospitales, escuelas, mercados, trabajos), la destrucción de sus casas (más de 500 desde que empezó la Intifada), de sus campos agrícolas y el modo de vida de los colonos en los territorios ocupados palestinos, muy parecido al de los blancos en el periodo del sistema racista de apartheid en Suráfrica (según ha afirmado textualmente el responsable danés de la Cruz Roja), son agresiones brutales y cotidianas.
En realidad, la principal diferencia con el sistema surafricano de apartheid es que éste fue internacionalmente denunciado y reconocido sin dobles lenguajes como una situación inhumana, se sometió a sanciones al Gobierno que lo aplicaba (que nunca bombardeó con Apaches y F-16), y nadie se atrevió a justificar las agresiones de los blancos contra los negros.
Ariel Sharon no quiere realmente abrir las negociaciones de paz con los palestinos, lo cual entra en la lógica de su tradicional posición (se opuso a la paz con Egipto en 1978, a la retirada del Líbano en 1982, a los acuerdos de Oslo en 1993, al acuerdo de Hebrón en 1997 y a la retirada del sur del Líbano en 2000). No quiere una paz negociada, quiere una capitulación palestina. Para ello ha puesto en práctica todos sus poderosísimos medios militares a fin de aniquilar al liderazgo palestino, promover la diáspora de las élites palestinas y aterrorizar a una población obrera y campesina que acabe dándose por vencida. Pero, entretanto, su estrategia del terror, la humillación y la desesperación, lejos de reducir la resistencia palestina, ha alimentado su rabia y unidad.
El Gobierno israelí juega también con un doble lenguaje que quiere transmitir a la comunidad internacional y a su sociedad que busca la paz, pero si analizamos las actitudes que han caracterizado la política de Sharon estos últimos meses poco nos permite pensar en que haya una voluntad real de paz que tenga en cuenta los derechos palestinos, que es la única paz posible. Cuando Israel anunció el 22 de mayo que iba a aplicar un cese el fuego unilateral y a continuación, el 28 de mayo, una política de 'contención' no buscaba más que acusar después a los palestinos de continuar con la violencia porque, en realidad, desde esa fecha diez palestinos, incluidos ocho civiles, murieron y otros diez fueron heridos por las balas del Ejército israelí, otros tres fueron asesinados por colonos, quienes intensificaron además sus ataques contra civiles y propiedades palestinas, y el sitio, el aislamiento y el uso abusivo de la fuerza contra civiles palestinos se continuó. El 20 de junio, mientras el Gabinete israelí reafirmaba el 'cese el fuego', decidió aplicar la política de asesinatos contra activistas palestinos a la vez que Sharon declaraba que 'el Ejército israelí tiene libertad de movimientos para llevar a cabo operaciones contra todos los que dañan a israelíes o planifican hacerlo' (Ha'aretz, 21 de junio).
Asmismo, la radical exigencia de Sharon de que para comenzar cualquier negociación o aplicación del Informe Mitchel es necesario que absolutamente toda resistencia palestina se detenga (y no un nivel aceptable y significativo de la violencia, como el propio presidente Bush insinuó), lleva la situación a una callejón sin salida y, como ha dicho Yossi Beilin, con ello no hace sino dar un poder de veto hasta al último radical de ambas partes. En las condiciones en que se encuentra la situación, Sharon se permite exigir diez días de absoluta tranquilidad, seguidos de seis semanas de periodo de enfriamiento para a continuación iniciar una fase de confianza de tres o cuatro meses. Entretanto exige a la Autoridad Palestina que esas 'medidas de confianza' se basen en la detención de 'terroristas', confiscación de armas y reducción de la fuerza de policía palestina. ¿Y a cambio Sharon reduce la presión y agresión contra los civiles palestinos o congela la ampliación y construcción de nuevas colonias, como piden los palestinos? No, absolutamente no. ¿Quiere, entonces, realmente Sharon el cese de la violencia? ¿O prefiere seguir con su estrategia de ocupación, asesinatos políticos y venganza, como la ocupación de la simbólica Orient House de Jerusalén nos demuestra? Todo ello nos conducirá a presenciar nuevas masacres y atentados en ambas partes.
Dada la situación, es muy difícil que una solución a este dramático conflicto pueda surgir del lado israelí, y es ahí donde la comunidad internacional debe ser mucho más activa y comprometida. ¿Cómo? Pues obligando a que se apliquen las resoluciones de Naciones Unidas y de la IV Convención de Ginebra, poniendo a la población civil palestina bajo protección internacional y aplicando las sanciones que las leyes exigen (como el artículo 2 del acuerdo de asociación europeo-israelí, que exige el respeto de los derechos humanos, o el Arms Export Control Act en EEUU, que establece que las armas que este país vende -como los Apache y F-16 a Israel- son sólo para ser utilizadas en legítima defensa.
Si no, de lo que ocurra de ahora en adelante todos en la comunidad internacional somos responsables.
Gema Martín Muñoz es profesora de Sociología del Mundo Arabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid.
