Acuerdo 'in extremis'

La Conferencia Mundial del Clima concluyó en la madrugada de ayer en Bonn con un acuerdo in extremis que parecía improbable hace tan sólo unos días y cuyo principal muñidor ha sido la Unión Europea. Sólo Estados Unidos ha quedado al margen de este convenio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, singularmente del dióxido de carbono que resulta del uso de combustibles fósiles como fuente de energía. Uno de los grandes éxitos ha sido que Canadá y Japón, tradicionalmente muy sensibles a las posiciones de Estados Unidos, hayan tomado una decisión independiente de Washington para hacer posible la ratificación del Protocolo de Kioto, ya que sin ellos no se habría conseguido la firma de Estados que representan el 55% de las emisiones.

La conferencia de Kioto estableció, en 1997, una serie de objetivos para disminuir la contaminación atmosférica. Entre ellos figura el compromiso de los países desarrollados de reducir en un 5,2% el volumen de gases de efecto invernadero registrado en 1990. Este objetivo debería ser alcanzado entre los años 2008 y 2012. Se trata de una meta aparentemente modesta, pero de gran importancia simbólica y también práctica, puesto que implicaría acometer reformas profundas en la política energética e industrial.

Durante la Administración de Clinton, Estados Unidos fue renuente a ratificar el protocolo a menos que se introdujeran procedimientos que permitieran minimizar los cambios en la industria, el transporte y la energía en un país caracterizado por los bajos precios de los combustible fósiles y, en consecuencia, por un uso demasiado laxo de este recurso energético. La Administración de Bush, por su parte, ha llevado estas reticencias al límite, con una posición de rechazo a la ratificación, mientras que la Unión Europea ha mantenido una posición favorable en las condiciones más rigurosas y con los menos subterfugios posibles.

La insistencia de la UE y la rebaja de algunas de las condiciones inicialmente propuestas ha conseguido atraer a la ratificación del Protocolo de Kioto a todos los países desarrollados, pero no así a Estados Unidos. Estas condiciones se refieren, en particular, a la compraventa de derechos de emisión y a la contabilización de sumideros de gases, gracias a la plantación de nuevos bosques, que tendrían la consideración de emisiones negativas. La conferencia ha aceptado estos procedimientos, pero con límites que impidan eludir la necesaria transformación de las políticas internas de los países firmantes.

La ausencia de Estados Unidos, el mayor contaminador de gases de efecto invernadero, en términos absolutos y relativos, es grave, porque limita el alcance práctico del acuerdo, pero hubiera sido un desastre que no se alcanzara el consenso necesario para la ratificación del Protocolo de Kioto. El motivo aducido por Estados Unidos es el impacto negativo que la aplicación de tales normas tendría sobre la economía norteamericana. Seguramente dicho impacto es real a corto plazo en una economía tan dependiente de una energía barata y abundante. A largo plazo, sin embargo, todo, incluyendo la economía, puede resultar fatalmente dañado por las perturbaciones climáticas producidas por el calentamiento global. Y, en todo caso, ese impacto afecta también al resto de los países. Pero la Administración de Bush no parece tomar en demasiada consideración la opinión y las demandas de sus aliados europeos, aunque dice considerar muy seriamente el problema del calentamiento global y estar preparando su propia alternativa. Esperemos que la presión internacional y la de su propia opinión pública le lleven a incorporarse más adelante a un protocolo ya en vigor. En tiempos de contestación popular a las políticas globalizadoras de las multinacionales y los países más poderosos, ratificar el Protocolo de Kioto, y obrar en consecuencia, puede suponer una muestra de buena globalización.