Unas reglas ambiguas que se resistían al cambio
La Generalitat ha cambiado este año -sin ruido, discretamente- las imprecisas y controvertidas reglas que, en materia idiomática, regían las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) cuando se produjo, en 1998, el incidente en la Universidad Rovira i Virgili (URV) que ha derivado en el proceso por prevaricación contra su rector.
Tras los problemas generados por los reglamentos de usos lingüísticos de la Pompeu Fabra y de la propia URV, amén de la denuncia contra Arola, los servicios jurídicos de la Administración catalana advirtieron a principios de 2000 del potencial conflictivo de las reglas de la selectividad, construidas sobre una simple resolución administrativa de octubre de 1997 que recogía un acuerdo del Consejo Interuniversitario de 1995. Este se limitaba a señalar escuetamente que 'la comisión coordinadora publicará los enunciados de los exámenes en catalán', y añadía que 'en cualquier caso, se tomarán las medidas necesarias con tal de garantizar los derechos de los alumnos'.
El Manual del usuario. Resumen para los vigilantes de aula que recibían los profesores encargados de vigilar las pruebas, hacía mención especial a los 'alumnos con problemas de comprensión de la lengua catalana' y establecía cómo garantizar sus derechos. 'Si durante la celebración de la prueba un alumno tiene problemas con los enunciados debido a la poca comprensión de la lengua catalana', indicaba el manual, 'hay que atenderle y resolverle el problema. En caso de que esto resultara imposible, hay que dirigirse al presidente del tribunal, que tiene instrucciones precisas sobre el tema'. Esta ambigüedad respecto a quién y cómo se establecían las 'instrucciones', permitía todo tipo de interpretaciones y creaba auténtica indefensión.
Durante años se habían producido conflictos menores. Había universidades que entregaban directamente el cuestionario en castellano a los alumnos que lo solicitaban y otras que intentaban por todos los medios que no hubiera una sola copia del examen en castellano en las aulas, hasta el punto de que más de una vez el comisionado de Universidades tuvo que mandar furgonetas con copias en castellano.
El año pasado, la Generalitat decidió cambiar las reglas. Este periódico lo supo y lo publicó antes de que se hiciera oficial. El Departamento de Universidades y el coordinador de las PAAU lo negaron rotundamente ese mismo día. La norma se mantuvo, si bien -se supo después- se dio la orden de que no se le negara a nadie el examen en castellano. Arola movilizó a los rectores porque consideraba que se le desautorizaba. Lluís Martí Recober, coordinador de las PAAU, dimitió poco después.
