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Columna
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Purga

La destitución del arquitecto inspector de Patrimonio José Ignacio Casar es lo más parecido a una purga que se haya visto por estos lares en los últimos tiempos. Este profesional ha pagado -con la excusa de un 'reordenamiento interno' de ese departamento de la Generalitat que ha dado por concluido su periodo de comisión de servicios en la Consejería de Cultura- la osadía de firmar el informe contrario al hotel proyectado en el solar de Jesuitas y, sobre todo, el que rechazaba el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia para el barrio de El Cabanyal-Canyamelar. Y aunque se ha procedido con disimulo, al aplazar varios meses la decisión en lugar de adoptarla cuando el técnico emitió esos informes, para difuminar así la relación causa-efecto, lo cierto es que Casar estaba sentenciado desde que firmó esos documentos. Tanto la alcaldesa, Rita Barberá, como el delegado municipal de Urbanismo, Miquel Domínguez, habían pedido su cabeza. Ya la tienen. Ahora, con el apartamiento del arquitecto inspector, nuestros munícipes tienen vía libre para perpetrar sus planes. Ya se encargará la consejería de ordenar nuevos informes que interpreten la ley de Patrimonio de forma adecuada. Y es que las leyes son muy sufridas y valen tanto para un roto como para un descosido. Que un técnico considera que la ley de Patrimonio impide consumar las barrabasadas del solar de Jesuitas y del barrio de El Cabanyal, pues se busca otro que la interprete de otra forma, a la medida de los proyectos de la Administración, y ya está. Que se vayan preparando los técnicos que han informado en contra de la construcción de un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil de Alicante. Ya han recibido presiones y, si no se pliegan a los deseos de la Administración que les paga, seguramente tienen los días contados. El PP, que se dice liberal, ha recurrido al viejo método de la purga, al más puro estilo estalinista, para represaliar al díscolo y acallar al discrepante, y así poder llevar adelante un plan como el de El Cabanyal, que constituye un atentado al patrimonio. Quizá por eso, el convento de Sant Francesc de Vinaròs también puede ser impunemente derribado.

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