Dos juzgados investigan si ex altos cargos de Medio Ambiente prevaricaron al aprobar dos presas en Aragón

Dos juzgados de Madrid, el 19 y el 38, investigan a ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente en relación con la aprobación del proyecto de adjudicación de obras de los embalse de Santa Liestra (Huesca) y Yesa (Zaragoza). Entre los querellados figuran Benigno Blanco Rodríguez, ex secretario de Estado de Aguas y Costas y en la actualidad secretario de Estado de Infraestructuras, y Carlos Manuel Escartín Hernández, ex director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente.

La investigación es fruto de querellas presentadas por ayuntamientos próximos a estos embalses. A Blanco y Escartín se le atribuyen supuestos delitos de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas). Blanco está citado para declarar como querellado, mientras que Escartín prestó declaración el pasado 15 de febrero, como imputado, ante el Juzgado 19 de Madrid, que dirige Miguel Ángel Fernández.

El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, imputa a Escartín haber autorizado el recrecimiento del embalse de Yesa pese a existir informes técnicos que lo desaconsejaban por el 'alto riesgo' para el ecosistema y los vecinos de la zona. Se da la circunstancia, según las diligencias judiciales, de que el proyecto de obras de recrecimiento del embalse de Yesa fue adjudicado a la empresa ACS, Actividades de Construcciones y Servicios, en la que Escartín ocupa ahora el cargo de responsable de contratación. Escartín admitió ante el juez que el 4 de junio de 1999, en su calidad de director general de Obras Hidráulicas, 'dictó la resolución para el concurso de adjudicación del proyecto y posterior construcción del recrecimiento de la presa de Yesa'. Esta obra, dijo Escartín, se declaró 'de interés general' y se enmarca dentro del llamado Pacto del Agua por Aragón. Añadió que cesó como alto cargo del Gobierno el 31 de agosto de 2000 para incorporarse a ACS. Precisamente, ésta es la empresa a la que se ha adjudicado la obra, cuyo importe es de 18.889 millones.

En su declaración, Escartín afirmó que supo que 'ACS estaba interesada empresarialmente' en el citado proyecto cuando se abrieron las ofertas del concurso, 'entre noviembre y diciembre de 1999'. Pero subrayó que 'no participó en la mesa de contratación' del concurso.Fuentes jurídicas de la acusación replican que 'el departamento que dirigía Escartín informó a favor de conceder la obra a ACS'.

Escartín declaró que decidió trabajar para ACS tras descartar 'varias ofertas de consultoras y constructoras', y negó que le 'constase' la existencia en Hacienda 'de un informe' que pone de relieve su 'incompetencia' para aprobar el proyecto técnico de ese embalse.