Rebelión, pero en Praga
He leído en este periódico la crónica de una manifestación en Chequia que, como supongo les habrá pasado a otros muchos españoles, me ha dejado la sensación de haber leído una crónica de lo que nunca ha sucedido en España. Con el título Rebelión de periodistas en Praga se informaba el pasado día 4 de la manifestación ciudadana que el día anterior había tenido lugar en Praga en apoyo de la huelga de periodistas de la televisión pública de aquel país, encerrados en su lugar de trabajo desde el 24 de diciembre. La causa del conflicto era la gestión del nuevo director general de la televisión pública- que acaba de dimitir-, claramente escorada, al parecer, hacia los intereses del partido que le había propuesto para el cargo. Los sindicatos también manifestaron su solidaridad con la protesta y la Federación Internacional de Periodistas pidió a la Comisión Europea que interviniese en el conflicto. El presidente de la República, Václav Havel, había afirmado que aunque en principio pudiera parecer que la letra de la ley amparaba el discutido nombramiento, éste contradecía abiertamente el espíritu de la propia ley.
La noticia me ha hecho recordar los tiempos de la España de Franco. Cuentan los más antiguos del lugar que hubo en aquel entonces un director general de televisión que, cuando llegaban de algún país extranjero informaciones sobre una manifestación contra la falta de libertades en España, ordenaba con frecuencia que se emitiesen las imágenes, pero cambiando los textos. Dicen unos que lo hacía para no desperdiciar el material, y afirman otros que para vengarse de los países democráticos que criticaban el régimen español. Pero lo cierto es que, de ese modo, las imágenes de una manifestación en los Campos Elíseos contra el régimen de Franco podían servir, cuidando de que no se pudiesen leer las pancartas, tanto para 'ilustrar' gráficamente los comentarios de una supuesta manifestación contra Italia como los de una no menos imaginaria manifestación contra el Gobierno francés. De esa forma no sólo se ocultaba a los españoles la información, sino que éstos recibían además noticias del extranjero sobre hechos que nunca habían ocurrido.
Mucho tiene que ver aquella época -mucho más de lo que algunos parecen dispuestos a admitir- con el que ahora la noticia de lo que está pasando en Chequia sea también la noticia de lo que nunca ha ocurrido en España. Los abusos que han llevado en aquel país a la rebelión de los periodistas y la manifestación de los ciudadanos son idénticos, y si acaso menores que los que en España estamos acostumbrados a ver, desde hace muchos años, en Radiotelevisión Española y en las televisiones públicas de las comunidades autónomas, en las que los gobernantes de turno nombran a su gusto los directores generales, convirtiendo dichas televisiones en un descarado instrumento de propaganda.
Václav Havel acaba de afirmar en Chequia exactamente lo mismo que desde hace varios años vengo reiterando en España de palabra y por escrito: que, diga lo que diga la letra de la ley, en un país con una Constitución democrática no se puede permitir que un Gobierno utilice descaradamente la televisión pública para manipular la conciencia de los ciudadanos. Pero mucho me temo que ni siquiera la muy superior autoridad de Havel va a conseguir que la mayoría de nuestros gobernantes entiendan la verdadera naturaleza del problema.
¿Cómo puede explicarse que si a lo largo de la historia los españoles habían venido demostrando tanto valor y tanto aprecio por la libertad como el que puedan haber demostrado, por ejemplo, los checos, consientan ahora un atropello de sus libertades que otros pueblos europeos no parecen estar, lógicamente, dispuestos a admítir? Siendo el atentado contra la libertad de información prácticamente el mismo en Praga que en Madrid, el agudo contraste entre la decidida reacción de los checos y la permanente pasividad de los españoles obliga, cuando menos, a preguntarse por las posibles razones de esa notable diferencia de actitud: ¿estará acaso la cultura democrática del pueblo español menos desarrollada que la del pueblo checo? ¿Pesarán tal vez las secuelas del franquismo en nuestro país más de lo que las secuelas del comunismo puedan pesar en Chequia?
El que hoy España sea el único país de la Unión Europea en que el partido ganador de las elecciones puede utilizar la televisión pública para manipular impunemente la conciencia colectiva de los ciudadanos es sólo posible por la supervivencia de instituciones y comportamientos heredados de la dictadura.
La estructura del poder político en las televisiones públicas españolas es una momia del franquismo. La ley de 1980 que regula la televisión pública es un monumento a la ingenuidad democrática y una consagración del espíritu del régimen anterior. En esencia, en la organización política de Radiotelevisión Española no ha cambiado absolutamente nada, sólo han movido el decorado. Hoy, como desde hace 43 años, el único que realmente manda en la televisión pública es el Gobierno. Las televisiones públicas de las comunidades autónomas lo único que han hecho, en cuanto a organización, es clonar la momia. Es cierto que hay una diferencia importante con la televisión franquista: antes, la opinión pública la manipulaba un Gobierno que no estaba legitimado por las urnas y ahora la manipula un Gobierno democráticamente elegido. El lector sabrá lo que le parece peor.
Pero el que tiene poder tiende a abusar de ese poder mientras no haya nadie que se lo impida; para que las cosas fuesen de otro modo habría que cambiar la naturaleza humana. Lo sorprendente no es, pues, que los partidos políticos acaparen las televisiones públicas para convertirlas en instrumentos de propaganda. Lo verdaderamente sorprendente es que los ciudadanos españoles lo consientan, que durante 23 años de democracia la descarada utilización partidista de las televisiones públicas no haya merecido ni una sola rebelión de sus periodistas ni una sola manifestación de los ciudadanos. Y aquí es donde reside, a mi juicio, lo más grave de la herencia franquista: en el terreno de la cultura democrática, en la actitud ante el poder, en la concepción de las libertades.
Hoy, en España, para informarse, como para manifestarse, hay todavía demasiados ciudadanos que permiten que el Gobierno les lleve de la mano. Que el Gobierno haya tomado por costumbre ponerse al frente de las manifestaciones ciudadanas contra hechos que el Gobierno es el primer encargado de evitar es ya de por sí bastante significativo (lo ha explicado hace poco, en estas mismas páginas, mi colega Pérez Royo).
Pero es muchísimo más grave lo que sucede en el terreno de la libertad de información. Desde el punto de vista democrático, permitir que el Gobierno controle la televisión pública no es sólo ilógico, es además suicida. Esa televisión tiene entre sus principales obligaciones la de contribuir a la libre formación de la opinión pública y, siendo así, poner al Go-
José Juan González Encinar es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá.
