La acusación pide 7 años por estafa a un ex directivo del Banco Herrero
La acusación particular en el caso del Banco Herrero, una supuesta estafa millonaria denunciada por una clienta de dicha entidad bancaria en octubre de 1991, solicitó ayer para el único encausado, el ex interventor del Banco Herrero en Bilbao, Julio García Rionda, cuatro años de cárcel por un delito continuado de estafa y otros tres años por falsificación de documento mercantil. Tanto la fiscalía como los abogados del acusado y del Banco Herrero pidieron la libre absolución del imputado. Las tres partes defendieron que durante el procedimiento la acusación particular, que representa a la clienta, había ocasionado indefensión al ex interventor y al banco, responsable civil subsidiario, por no "haber aclarado" en su escrito inicial los delitos que solicitaba, las penas y la cuantía de la responsabilidad civil subsidiaria.
Juicio tras diez años
Casi diez años después de que la denunciante, Dora Gras Díez, llevara a los tribunales al ex interventor y a la propia entidad, la Audiencia vizcaína dejó ayer visto para sentencia un caso de estafa que en su investigación inicial el primer juez instructor, Ramiro García de Dios, derivó en parte hacia una supuesta vía de financiación ilegal del PP, lo que negaron en todo momento los responsables populares de la época. Aspectos meramente circunstanciales, como que una de las empresas relacionadas con las letras libradas de manera irregular, Gráficas Zancoeta, fuese cliente de las campañas electorales del PP, que el acusado fuese defendido en un principio por el dirigente popular Leopoldo Barreda, o que Ana María Machín Expósito, hija del entonces gerente popular, Félix Machín, se viese relacionada con el movimiento irregular de descubiertos, cuentas y letras de cambio forzaron esa línea de investigación del juez.
Ni en la instrucción, que duró hasta 1996, cuando se produjo la primera apertura de juicio oral -posteriormente retrasada hasta marzo de 1999 por problemas formales con el escrito de la fiscalía-, ni ahora en el juicio, se ha podido apreciar ningún indicio racional de delito que pueda implicar al PP como destinatario de los movimientos irregulares que acabaron por aflorar con "descubiertos por valor de 200 millones" en la sucursal bilbaína, según cifró el letrado acusador.
Despojada de esa lectura política, la vista quedó convertida en un caso más de presunta estafa. El abogado de la denunciante, Juan Carlos Celada, acusó en su informe a Rionda de tener "organizado un banco paralelo" que permitía prestamos con descubiertos a clientes preferenciales a cambio de "letras de cambio en blanco que posteriormente él ponía en circulación sin contar ni con el librador ni el librado". Y le responsabilizó de haber ocasionado a su defendida un perjuicio superior a ocho millones. También acusó al banco de "complicidad" con los hechos. Rionda no fue sancionado y causó baja voluntaria en abril de 1990.
