El Consell interviene para zanjar la crisis en la Miguel Hernández
Las críticas de un sector cualificado del profesorado de la Universidad Miguel Hernández a la gestión irregular y vertical realizada por la comisión gestora (nombrada por el Consell para el periodo preestatutario) ha forzado la intervención del Gobierno Zaplana. El director general de Universidades, Salvador Forner, inició el jueves una ronda de negociaciones en busca de un pacto que garantice una salida airosa al actual equipo y permita organizar las primeras elecciones democráticas a rector sin convulsiones.
Proceso electoral
La quinta universidad de la Comunidad Valenciana, decretada por el Gobierno de Zaplana nada más llegar al poder, atraviesa uno de los periodos más críticos desde su entrada en funcionamiento en octubre de 1997. El director general de Universidades, Salvador Forner, prácticamente instalado en Alicante, ha emprendido una intensa ronda de negociaciones, por una parte, con una quincena de catedráticos de peso, algunos de los cuales han hecho públicas recientemente sus quejas contra las reformas departamentales y decisiones adoptadas por el equipo que dirige Jesús Rodríguez Marín y, por otra, con los miembros de la comisión gestora y de la gerencia, en busca de una salida a un conflicto que se puso de manifiesto inicialmente reducido a dos grupos afines del PP, pero que a estas alturas se ha hecho extensivo a una buena parte de profesores y funcionarios.De hecho, sólo en la facultad de Medicina, al menos 58 profesores se han adherido ya a la protesta de los alumnos y varios catedráticos contra la edificación de otro instituto de Neurociencias en medio del campus y se han dirigido al alcalde de San Juan para pedir que ceda a la universidad una parcela adyacente para trasladarlo allí. En este contexto, Salvador Forner ha mantenido encuentros con los catedráticos de Medicina con más autoridad académica como el ex decano Joaquín Rueda (que dimitió ante el bloqueo de la gestora al reglamento marco para que Medicina tuviera elecciones), Jordi Matías, Alfonso Puchades o José Horja, quienes transmitieronal la necesidad de "democratizar la universidad" y el riesgo que corre de proseguir con el actual sistema vertical de decisiones a la falta de juntas de facultad y de decanos electos y ante la alta tasa de interinidad del funcionariado.
El director general también se ha entrevistado con profesores de los campus de Orihuela y Elche, con miembros de personal de administración y dirigentes sindicales de todas las corrientes, según todas las fuentes consultadas. De entrada, la Administración ha fijado el techo de la negociación en el adelanto de unos meses de la convocatoria de elecciones, con la intención de que el proceso democrático no suponga la defenestración política del actual equipo nombrado por el Consell ni acabe en los tribunales, puesto que hay varios recursos que Forner trata de evitar que deriven en un proceso jurdídico que pondría en tela de juicio la apuesta de Zaplana por crear una universidad. Así, la oferta de Forner pasa por adelantar a enero del 2001 la elaboración del reglamento electoral para que éste estuviera aprobado en verano y se convocaran elecciones en enero del 2002, que en realidad es el plazo que marca la Ley de Creación de la Universidad (también elaborada por la Generalitat) para iniciar el proceso electoral. Ante la ambigüedad de la ley, Forner lo que hace es usar el plazo del 2002 fijado para, en vez de empezar el proceso electoral, culminarlo.
Sin embargo, este acuerdo no resuelve las quejas por la falta de transparencia en las contrataciones a dedo de una parte del personal de servicios, ante el retraso de la gestora en elaborar el instrumento legal de Relación de Puestos de Trabajo (retraso que en diciembre de 1999 forzó por primera vez la intervención en contra de la digitalización de plazas de la ex directora general Carmen Martorell y del Gabinete Jurídico del Consell), lo que obligó a elaborar una RPT que ayer fue aprobada por la gestora tras incorporar varias enmiendas de la Dirección General de Función Pública encaminadas a evitar que crezca el personal laboral y que instan a funcionarizar las plazas. Sin embargo, un estudio detallado del documento refleja que la RPT que será enviada de nuevo a la Dirección de Universidades para su aprobación no resuelve varios recursos susceptibles de acabar en los tribunales y no zanja la situación de 15 funcionarios del máximo nivel que siguen figurando en dos plazas (los llamados puestos colchón), pero sí consolida una parte del aparato de personal que fue nombrado a dedo y tendría su peso cuando se conformara el futuro claustro constituyente que deberá elegir al rector.
