Bruselas confirma el procedimiento a España y otros tres países por las ayudas a las eléctricas
El comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, confirmó ayer en Bruselas que "próximamente" propondrá al Colegio de comisarios la apertura formal de un procedimiento contra "al menos" cuatro países miembros por las ayudas públicas otorgadas a las compañías eléctricas para que abrieran sus mercados a la libre competencia, los conocidos como costes de transición a la competencia (CTC). Monti afirmó que los denunciados serán los "casos menos recientes", lo que incluye, en primer lugar, a España además de Austria, Alemania y Bélgica.
Según fuentes de la Comisión Europea muy próximas al comisario, junto a España serán denunciados también Austria, Alemania y Bélgica. Pero los portavoces de Mario Monti sembraron la confusión al negarse a confirmar o desmentir esa lista. "No estamos autorizados a dar ningún nombre porque el comisario no quiere", declaró uno de ellos.La legalidad de las ayudas otorgadas a las eléctricas está en estudio en Bruselas desde hace ya dos años. "Se trata de casos muy delicados", se justificó el comisario. Pero el tiempo se le ha echado encima a la Comisión Europea y Monti confirmó lo que ya se sabe desde hace días en Bruselas: que ya no queda más remedio que activar oficialmente la denuncia.
Así lo exige una reciente decisión del Tribunal de Luxemburgo, que obligó a la Comisión a abrir una investigación formal en un caso que llevaba ya dos años estudiando sin que se hubiera abierto procedimiento de infracción. "Próximamente voy a proponer una decisión en relación con los casos menos recientes. Voy a abrir procedimiento de examen para al menos cuatro Estados miembros", confirmó en una rueda de prensa en Bruselas.
El caso español es el más importante por el montante total de las ayudas pactadas (1,3 billones de pesetas), pero también el más complejo por la controversia política que ha causado desde su concesión. La Comisión Europea está analizando también las subvenciones pactadas en otros seis países, como Italia, Holanda, Austria, Bélgica, Dinamarca y Alemania.
Bruselas pretende de esta manera hacer un paquete de denuncias que agrupe a varios países para dar respuesta afirmativa a la petición expresa del Gobierno español en ese sentido. Aunque no ha podido impedir que se abra una investigación formal sobre los CTC, el Gobierno sí conseguirá reducir en parte el impacto político que tendrá esa medida al lograr que la apertura oficial del proceso que debe determinar si España ha infringido o no el Tratado de Ámsterdam involucre también a otros países.
Durante estos dos años de examen informal, los contactos de Bruselas se han limitado al Gobierno y a las eléctricas. Con la apertura del procedimiento entrarán en juego también terceras partes interesadas, que podrán dar sus puntos de vista.
Fuentes de la Comisión admiten que, incluso en el caso de que quisiera ahora dar por bueno el montante total de las subvenciones pactadas en España, los dos años de investigación preliminar son motivo suficiente para que se deba abrir procedimiento. "No abrir el caso sería un riesgo. Una decisión tomada en el caso español sin investigación sería probablemente anulada por el Tribunal de Luxemburgo", reconoce un documento de la Comisión.
Las investigaciones de Bruselas en el caso de los CTC españolas empezaron en octubre del 1998, once meses más tarde de pactarse las subvenciones cuando el entonces comisario, Karel van Miert, decidió que se trataba de ayudas públicas, por lo que debían ser sometidas a la autorización de Bruselas.
La Comisión dispone desde hace meses de un dictamen privado que sostiene que las ayudas españolas son compatibles con la legislación comunitaria. Pero esa evaluación choca con el criterio de algunos funcionarios de Bruselas que examinaron antes el caso.
Monti dijo en Barcelona que la competencia sobre una fusión entre Endesa e Iberdrola corresponde a las autoridades españolas de la competencia por cuanto dos tercios de la cifra de negocios de ambas se genera en España. El comisario europeo felicitó a la Administración española por haber prohibido la fusión entre Hidrocantábrico y Fenosa.
