Democracia e inmigración
El debate sobre la inmigración y sus consecuencias está siendo, en los últimos meses, parte permanente de la discusión social y política, realizándose, con frecuencia, reflexiones y propuestas de escaso rigor y, a menudo, peligrosas.España en su historia más reciente ha sido un país de emigrantes; hoy, más de dos millones de españoles y españolas viven y trabajan en otros países. Éstos recuerdan cómo eran rechazados, vivían en guetos y tenían los trabajos más descualificados y con peor remuneración. Rosa Regás nos contaba hace poco cómo en su emigración en Alemania encontraba en las cafeterías unos carteles en los que se podía leer "Prohibida la entrada a perros y a españoles"; también Goytisolo nos refrescaba la memoria con los manuales que se editaban en Francia para explicar a las señoras cómo "tratar y domesticar a una criada española". Con demasiada frecuencia sufrimos amnesia sobre nuestra historia más reciente.
Actualmente, y debido a nuestro desarrollo económico y social, nos hemos convertido en un país receptor de inmigración. Hablamos de 450.000 inmigrantes no comunitarios, incluyendo en esta cifra a los que se encuentran en situación irregular, que trabajan de manera mayoritaria en la agricultura, la construcción, la hostelería y en el servicio doméstico, es decir, en los sectores donde existe más precariedad. Esta cifra representa aproximadamente el 1,2 % del total de la población, algo muy alejado del 9% de inmigrantes que viven en Alemania, del 8% de Francia y Bélgica o del 37% de Luxemburgo.
Es fundamental asumir la importancia que tiene la inmigración, teniendo en cuenta que los inmigrantes no son el mayor problema del siglo que comienza, sino una fuente de riqueza, como lo han sido los emigrantes españoles en tantos países. Sólo puede entrar dentro de la lógica del "teníamos un problema y lo hemos solucionado", situar a la nueva Delegación del Gobierno de Inmigración en el organigrama del Ministerio del Interior, en lugar de haberle dado el máximo nivel de coordinación vinculándola a Presidencia. Es muy complicado argumentar, por mucho empeño que se ponga, que la visión dominante no es la de una política de control de fronteras y de seguridad. Un error de fondo y forma que pone en un segundo plano lo prioritario, una política global de imnigración que refuerce la integración laboral y social de los y las inmigrantes.
Tenemos miles de ejemplos de la aportación cultural, social, política y económica que a lo largo de la historia han dejado los inmigrantes. Hoy en día, una parte importante de nuestro desarrollo económico depende del trabajo de personas que tienen una partida de nacimiento diferente a la nuestra. Las hortalizas del levante y poniente almeriense y las de la huerta murciana, las frutas de Lleida o Alicante, las fresas de Huelva, las nuevas viviendas de Madrid, Barcelona o Mallorca, o las cuidadoras de ancianos y niños, son un ejemplo de ello.
Es importante aclarar que, ante el fenómeno de la inmigración, es muy peligroso pretender justificar una posición dando un mensaje alarmista que intenta reflejar de manera irresponsable una especie de pequeña invasión sobre la que hay que actuar. Esto, que ensalza el discurso de los más racistas y xenófobos y que permite hacer público sin miedo y sin ninguna moderación el rechazo de la inmigración, ha sido el germen en otros países de nuestro entorno europeo, de la consolidación de posiciones políticas de extrema derecha -véase el caso de Francia , Austria o Bélgica-.
En este contexto, afrontamos el debate de modificación de la actual Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (4/2000).
En primer lugar, conviene ser riguroso al anunciar que la previsión de solicitudes de regularización se ha desbordado, reconociendo que una parte importante de las mismas están siendo tramitadas por inmigrantes regulares que ven en este proceso un cauce más rápido y eficaz para la renovación de su permiso. Relacionar este dato con la ley 4/2000 sería igual que afirmar que los 130.406 inmigrantes que solicitaron ser regulados en el proceso de 1991 lo hicieron como consecuencia del efecto llamada de la tan denostada ley del 85 .
Se argumenta que uno de los problemas de la Ley 4/2000 es que se encuentra al margen de las directrices marcadas por la Unión Europea, algo que han desmentido personas tan autorizadas como el comisario europeo de Asuntos de Justicia. La actual Ley de Extranjería no contradice las directrices de la Unión Europea, porque no existe ninguna normativa comunitaria sobre inmigración y suele resultar difícil vulnerar lo inexistente. Por el contrario, esta ley sí desarrolla algunas normativas internacionales que nuestro país ha suscrito, como la Declaración de Derechos Humanos o la de Derechos del Niño. Otro de los argumentos perniciosos es el llamado efecto llamada. Parece poco probable que sea el conocimiento exhaustivo de esta ley el que motive la llegada de inmigrantes, máxime cuando los datos del propio Ministerio del Interior demuestran mayor entrada de inmigrantes irregulares en años anteriores o cuando el número de inmigrantes que hoy se encuentran en los albergues de Ceuta y Melilla no representa ni el 10% de los que había hace año y medio.
El tercer argumento, y el más increíble, utilizado para justificar esta rápida modificación legislativa es el de la lucha contra las mafias. Es cuando menos curioso que, para conseguir este objetivo, lo que se pretende reformar son los derechos y garantías individuales, como si los indeseables que trafican con personas, fuera o dentro de nuestras fronteras, tuviesen alguna preocupación porque a un inmigrante no se le motivase la denegación de visado, no tuviese derecho a reunirse con su familia o no pudiese acceder a una beca de estudios. Tampoco parece justo que se argumente la necesidad de endurecer el régimen sancionador cuando hoy se puede expulsar a cualquier persona que entre en territorio español por lugares que no sean los pasos habilitados.
Luchar contra las mafias que trafican desde otros países con personas sólo es razonable desde acuerdos internacionales que agilicen los mecanismos de seguridad en sus fronteras, que permitan el reconocimiento de los extranjeros que entran de manera ilegal, que desarrollen una política de flujos migratorios orientada a garantizar los derechos de los que vienen a trabajar y, de manera prioritaria, que inviertan en el desarrollo económico y social y en la cooperación para asegurar una mayor estabilidad en los países de origen.
Luchar contra los que en nuestro país abusan diariamente de la indefensión de los sin papeles, los que Eduardo Galeano llamaría "los nadie", debe hacerse interviniendo en los espacios donde se produce la explotación y, obviamente, con medidas punitivas hacia quien comete ese delito y no contra quien la sufre, como recoge el artículo 55 de la actual ley, que favorece la regularización de los y las inmigrantes que denuncian estar sometidos al abuso por alguna persona o red. Es conocido dónde se concentran un mayor número de inmigrantes y dónde se prodigan relaciones de semiesclavitud, y, por tanto, dónde es necesario un aumento de las medidas inspectoras en materia de seguridad, que, por ejemplo, en el sector de la agricultura no representen más que el 1,5 % del total de las realizadas. ¿Cómo es posible luchar contra las mafias si no se establece una política real de flujos migratorios que garantice condiciones dignas para los que vienen a trabajar y que permita establecer vías permanentes de acceso al empleo?
No se puede hablar sólo de esta ley para vincularla al aumento de inmigrantes irregulares y no pensar en el efecto que ha tenido la gestión de los Contingentes. En 1998 se concedieron 28.000 permisos de trabajo y residencia frente a 67.000 solicitudes, y en el año 1999 han sido 30.000 los concedidos y 100.000 las solicitudes; si tenemos en cuenta que una de las exigencias para solicitar este permiso es la de tener una oferta real de empleo, no será dificil demostrar que existe un porcentaje amplio de personas que no pueden ver satisfecho sus intereses. Cuando más del 50% de las solicitudes del contingente responde a inmigrantes que ya se encuentran en nuestro país, no ligar oferta y demanda significa abocarles a una situación de irregularidad.
¿Cómo es posible luchar contra las mafias si no hacemos nada ante la mofa y el desprecio de algunos, mal llamados empresarios del sector agrícola, que se dedican de manera exclusiva a realizar grandes ofertas de empleo a través de los medios de comunicación sin concretar ni una sola en las mesas tripartitas creadas para ello y que tienen como función ordenar los relaciones laborales, al igual que se hace, por ejemplo, en la vendimia francesa con los trabajadores españoles?
En 1999 se presentaron en estas mesas solamente 2.500 ofertas de empleo, y resulta llamativo que en provincias como Almería no se presentara ninguna. Ante este dato la pregunta parece obvia: ¿qué tipo de relación laboral se da en la recogida de hortalizas en los plásticos de El Ejido? Es imprescindible reforzar las inspecciones de trabajo en las zonas donde, existiendo una gran producción agrícola y un número destacado de inmigrantes, no se presentan ofertas de empleo.
La política de inmigración requiere de un gran pacto de Estado, político y social, un pacto precedido de un debate serio y riguroso donde los estereotipos o los prejuicios queden a un lado, donde el objetivo no sea otro que la plena integración de los extranjeros en nuestro país. Un pacto que ha de partir del amplio consenso alcanzado sobre inmigración en nuestra democracia a partir de la actual ley.
José Luis Sánchez es secretario de Política Institucional de CC OO; Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC OO, y Gregorio Peces Barba, rector de la Universidad Carlos III. Firman también este artículo: Manuel Pimentel, Carles Campuzano, Víctor Ríos, Diego Garrido, Francisca Sauquillo, Abdel Hamid Belluky, Enriqueta Chicano y Paloma López.
