La juez imputa a Cervera y a su esposa por tráfico de ifluencias, fraude y exacción ilegal
La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, Carmen García Mingo, ha imputado al ex consejero de Sanidad, José Emilio Cervera, y esposa, Dolores Santos, por la supuesta comisión de tres delitos: fraude, tráfico de influencias y exacción ilegal y negociación y actividad prohibida a los funcionarios. La magistrada, a instancia de la fiscalía y la acusación popular que ejerce EU, ha denegado la petición de archivo del caso realizado por el ex consejero además de ordenar la práctica de varias pruebas. Entre ellas, averiguar cómo se adjudicó Infoville.
La magistrada, encargada de investigar si Cervera y su mujer se han aprovechado ilícitamente de la actividad pública del ejecutivo, rechazó el pasado miercoles la petición del antiguo miembro del Consell, que solicitó el archivo de la querella interpuesta por EU al considerar que ésta no describía ningún hecho delictivo. Por el contrario, García Mingo, en anuencia con la petición del fiscal, considera "que existen en la causa suficientes datos objetivos, no negados por la propia parte imputada (...) que pueden ser constitutivos de un ilícito penal". De hecho, continúa la juez, las supuestas irregularidades denunciadas por EU tienen "base y fundamento en hechos y datos constatables que no son negados por el propio Cervera".
El ex consejero, subsecretario de Modernización de la Generalitat durante la legislatura anterior, dimitió el pasado 18 de mayo, después de las reiteradas denuncias respecto a su gestión. Tal como concretó posteriormente EU en su denuncia, Cervera pudo, en compañía de su esposa y utilizando varias empresas del sector de la informática, "buscar el lucro personal" mediante la adjudicación de varios concursos públicos a empresas en las que, directa o indirectamente, tenía intereses.
Vida laboral de Santos
Así, la juez basa la continuación de la investigación, entre otros argumentos, en que Cervera no declaró en los preceptivos registros de intereses su participación en Orangeville S. L. -una empresa informática- o contrató los servicios de IBM, la multinacional en la que trabajaba su mujer.
Una vez rechazado el archivo de la querella, la magistrada ha actuado con celeridad. Cervera comparecerá hoy mismo en el juzgado, su esposa lo hará en dos semanas y Rosa Escuin - hermana del director general de Tissat, una de las empresas teóricamente favorecidas por el imputado-, y José Antonio Vázquez -el técnico que cesó en el cargo tras tildar de innecesaria la renovación emprendida por el entonces subsecretario- testificarán a final de mes.
Además, la juez ha ordenado la práctica de una extensa batería de pruebas. Entre ellas, la investigación de las adjudicaciones que Cervera realizó de varios proyectos emblemáticos del Consell presidido por Eduardo Zaplana: Infoville, Infocampus o Infocole. Dolores Santos tampoco será ajena a la investigación.
Su imputación, acordada por la juez a instancia de la fiscalía, ha precedido a la orden para que la Seguridad Social entregue el historial laboral de la ex trabajadora de IBM. EU señaló en su denuncia que el alto cargo que Santos desempeñaba en la multinacional, donde se encargaba de las negociaciones con clientes de alto nivel, contrastaba poderosamente con su, hasta entonces, exiguo curriculum.
A pesar de ello, según criticó la oposición parlamentaria al PP y explicitó EU en su denuncia, Santos constituyó una sociedad (Orangeville S.L.) en compañía de otra persona relacionada con el director general de Tissat S. A., una mercantil participada por la Generalitat, Telefónica e IBM, entre otras empresas.
A partir de estos datos, y de la posición de Santos en IBM, la coalición presume que Cervera "se ha aprovechado de su cargo para obtener ventajas personales" favoreciendo el entramado de empresas de su entorno. Es más, la actividad del entonces subsecretario de modernización sólo ha servido, siempre según la denuncia, para "favorecer la existencia de un monopolio dentro del mercado informático".
La magistrada, siempre a petición de la acusación popular y la fiscalía, también ha solicitado que se clarifique quienes son los socios fundadores, los miembros del consejo de administración y los estatutos que rigen la actividad de Tissat y Orangeville. En caso de ser finalmente acusado, Cervera sería juzgado por un jurado popular. Este procedimiento, a diferencia de la investigación penal ordinaria, concede a las partes -fiscalía, acusación y defensa- la facultad de impulsar las pesquisas.
