Una apisonadora en las Cortes

El "rodillo" de la época en que los socialistas tenían la mayoría absoluta en las Cortes Valencianas se ha convertido en "apisonadora" ahora que la detentan los populares. Así lo entienden al menos los dos grupos de la oposición en el Parlamento autonómico -PSPV-PSOE y Esquerra Unida (EU)-, que denuncian el rechazo o el bloqueo sistemáticos por parte del Partido Popular (PP) de la mayor parte de las iniciativas de cierto calado presentadas desde el pasado verano en la Cámara autonómica para ejercer su labor de control al Consell, lo que constituye uno de los pilares del sistema parlamentario.Con la mayoría absoluta conseguida en las elecciones autonómicas del pasado año, el PP controla con comodidad el pleno, la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes, y hace y deshace a su antojo sin que la oposición pueda rechistar. Preguntas parlamentarias, solicitudes de documentación, peticiones de comparecencias de miembros del Consell que preside Eduardo Zaplana y de altos cargos, así como iniciativas para crear comisiones de investigación son víctimas de la apisonadora. Lo curioso es que, a pesar su mayoría absoluta, el PP ha acusado a la oposición de utilizar el "rodillo".

Frontón

Y es que las cosas han cambiado sensiblemente desde la última legislatura, en la que el PP tuvo que gobernar con el apoyo de los regionalistas de Unión Valenciana, que ahora ya no tienen representación en el Parlamento valenciano. En el periodo 1995-1999 y a pesar del pacto del pollo, o quizá precisamente por ello, el PP no podía actuar a su antojo. Los regionalistas actuaban de freno y en ocasiones se alineaban con la oposición, de manera que los populares tenían que medir más sus decisiones. Pero tras alcanzar la mayoría absoluta en junio de 1999, los populares se vieron libres y, a pesar de sus declaraciones de buenas intenciones respecto del buen uso de esa mayoría, empezaron a bloquear o retrasar propuestas presentadas por la oposición.

Así, muchas de las iniciativas de la oposición chocan con el frontón del PP, que las devuelve con variados argumentos y con las más diversas artes: desde cuestiones reglamentarias hasta contestaciones con monosílabos, pasando por respuestas extemporáneas que incluyen alusiones personales de dudoso gusto y escasa oportunidad. Y cuando no son devueltas al corral, simplemente se aplazan. Suele suceder con los asuntos polémicos, de manera que las interpelaciones o las comparecencias que la oposición solicita en torno a esas cuestiones se sustancian meses después de los hechos que las motivaron, cuando ya se han enfriado.

Otra táctica habitual es la de enredar a la oposición con asuntos que nada tienen que ver con las iniciativas que presentan para controlar al Consell y que en ocasiones son ajenas a la Cámara, como sucedió a principios de este mes con la ofensiva del PP contra los actos organizados por Acció Cultural del País Valencià para celebrar el 25 d'Abril.

"Situación preocupante"

"La situación es preocupante, porque se está impidiendo que la oposición pueda desarrollar su trabajo de control del Gobierno", asegura el portavoz del Grupo Esquerra Unida, Joan Ribó. "Están taponando una de las vías esenciales del sistema democrático", añade señalando al PP. "Si unas Cortes no pueden controlar al Gobierno, les queda muy poca cosa que hacer", se lamenta Ribó.

Por su parte, la diputada Cristina Moreno, del Grupo Socialista-Progresistas, acusa al PP de actuar con premeditación para impedir la discusión de asuntos espinosos: "Lo que no pueden evitar, lo retrasan, o lo tapan con otro asunto", dice, "un titular anula a otro titular y por eso buscan fantasmas ajenos para que no se hable de lo suyo". Según Moreno, cuando el PSPV y EU no les apoyan, los populares "se permiten decir eso del rodillo de la oposición".

La primera controversia seria de la legislatura entre la oposición y el grupo que sustenta al Gobierno se produjo a raíz de la polémica desatada en torno al Síndic de Greuges, Luis Fernando Saura, por la utilización de su cargo para un asunto personal. La oposición pidió de forma reiterada que Saura compareciera en las Cortes para explicar el asunto, pero el PP blindó al Síndic e impidió la comparecencia.

Pero depués se han multiplicado los casos. Uno de los más sonados fue el referido al llamado plus del pisito (el sobresueldo que cobran altos cargos cuya residencia oficial no está en Valencia) del exconsejero de Sanidad, José Emilio Cervera. El PP tampoco permitió que el asunto llegara a discutirse, a pesar de las múltiples evidencias de que el consejero podría estar percibiendo ese plus de manera irregular. Cervera ha sido uno de los más blindados, porque tampoco han prosperado las iniciativas de la oposición para crear comisiones de investigación sobre su gestión, entre 1995 y 1999, al frente de la dirección general y la subsecretaría de Modernización de la Generalitat. Las correspondientes peticiones están aparcadas y, en el mejor de los casos, sólo prosperarán cuando el asunto ya quede lejos. Por si eso no fuera suficiente, Cervera ha dimitido.

Algo parecido ha sucedido con el polémico agujero del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex). La comparecencia del consejero del ramo para explicar el asunto se produjo con meses de retraso y, cuando llegó, fue unida a una comparecencia a petición propia del titular de Industria y Comercio, Fernando Castelló, para explicar el plan estratégico del organismo exportador: el consejero dedicó casi una hora al plan estratégico y apenas 10 minutos al agujero.