El juez que archivó el 'caso Casinos' declara que no lo investigó más por "prudencia"

Barcelona - 16 mar 2000 - 00:00CET

El juez que archivó el caso Casinos, Ramon Gomis, reconoció ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que durante la instrucción de esa causa constató una financiación irregular de Convergència Democràtica (CDC), pero que, a tenor de lo establecido por el Tribunal Supremo en el caso Filesa, no podía considerarlo delito y decidió archivar el caso por "prudencia". Añadió que le correspondía al fiscal y no a él llevar la iniciativa de la investigación.

Gomis, que es titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, declaró durante casi cuatro horas como inculpado después de que el TSJC ordenara investigar una querella contra él por presunta prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos supuestamente cometidos al archivar el caso Casinos, en julio de 1997 y tras ocho años de investigaciones.La querella contra Gomis la había interpuesto José Manuel Novoa, ex administrador del desaparecido diario El Correo Catalán, y fue archivada por la juez del TSJC Núria Bassols sin tomar declaración al acusado. Por ese motivo, Novoa recurrió y la Sala Civil y Penal presidida por Guillem Vidal, reabrió el caso y ordenó que se tomara declaración al juez y se practicaran las pruebas necesarias. La fiscalía informó a favor del archivo de la querella contra el juez y ayer no acudió a la declaración de éste.

Durante esa comparecencia Gomis defendió su decisión de no investigar los informes policiales en los que constaba el pago por diferentes procedimientos de diversas cantidades de dinero a CDC por parte de la sociedad Casinos-Inverama, adjudicataria de casinos y otros juegos. El denunciante del caso, Jaume Sentís, había evaluado estos pagos en 3.000 millones. El juez Gomis declaró que correspondía al fiscal el "impulso procedimental" en esas investigaciones y que, teniendo en cuenta "la trascendencia y repercusión que tuvo el caso Casinos", pensó que era mejor adoptar "una postura prudente, más próxima a la imparcialidad, demanda que se encuentra en el sentir social, que ha establecido el término de juez estrella" para calificar determinadas actuaciones.

Gomis recordó que la querella presentada en 1989 por Sentís, ex director financiero de Casinos, imputaba unos delitos de falsedad documental y apropiación indebida. Por eso, añadió, la ampliación a nuevos delitos derivados de la investigación "debe efectuarse con suma prudencia" y no se lo había pedido ni el fiscal especial del caso ni ninguna acusación.PASA A LA PÁGINA 5

El juez del 'caso Casinos' se justifica por no haber pedido más pruebas

VIENE DE LA PÁGINA 1 La querella de Novoa acusaba al juez de no incoporar a la causa diversos escritos en los que aquél le solicitaba nuevas pruebas. El magistrado explicó ayer en el TSJC que no tramitó esas peticiones porque no aportaban nada nuevo y porque, además, ya había acordado archivar el caso.

Esa decisión, según el juez, la adoptó en enero de 1996, aunque no la materializó hasta el 30 de junio de 1997, la fecha que consta en el auto de archivo del caso Casinos, que ocupa cuatro páginas.

Fernando Moreno Pardo, abogado de Novoa, preguntó el porqué de esos 18 meses de espera y el instructor invocó a la "complejidad y volumen de la causa" y la "carga de trabajo" que tenía el juzgado. En ese sentido, Ramon Gomis recordó que también le correspondió la instrucción de una querella presentada por la fiscalía por los créditos del Instituto Catalán de Finanzas, en la que tuvo que realizar escuchas telefónicas, y recordó que el Tribunal Supremo dictó un auto el 20 de diciembre de 1996 sobre el caso Filesa, en el que estableció que la financiación ilegal de partidos políticos no era un delito, lo cual le obligó a repensar su decisión.

El juez añadió también que "en el auto de archivo no se afirma que CDC fuera receptora directa de los fondos, sino que los pagos servían para la financiación, cuestión distinta". En este sentido, añadió que los pagos de Casinos al partido nacionalista se realizaron con el IVA de los importes facturados, por lo que no tenía sentido entonces investigar un supuesto delito fiscal, como sugiere la querella de Novoa.Su abogado explicó que hoy mismo reclamará del TSJC diversas pruebas, entre ellas un informe de la Agencia Tributaria.

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