12M: Justicia

En algún momento previo a su llegada al poder en marzo de 1996, el PP abogó por la supresión del Ministerio de Justicia por motivos de reducción del gasto publico. No lo suprimió, pero le amputó enseguida -mayo de 1996- una de sus mitades, Instituciones Penitenciarias, pasándosela al Ministerio del Interior. Desde entonces se da la paradoja de que la política penitenciaria, que atañe fundamentalmente a la ejecución de las penas, no está en manos del departamento valedor en los sistemas democráticos de las garantías jurídicas y nexo de unión con el Poder Judicial, sino del ministerio garante de la seguridad ciudadana y del orden público.El tema da una idea del escaso peso político que Aznar ha otorgado al Ministerio de Justicia, y que no ha hecho sino menguar a lo largo de la legislatura. Otra demostración de esa marginalidad es haber nombrado titular del departamento a personaje tan inane como Margarita Mariscal de Gante. Cuando la ministra, cuyo mutismo ha sido clamoroso en la tramitación de la Ley de Extranjería, se ha visto en el trance de hacer un balance de su gestión, apenas ha podido esgrimir dos logros: la creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo, una medida que se venía posponiendo al menos una década, y la aprobación de la nueva Ley de Enjuicimiento Civil, si bien con el lastre de su rechazo por colectivos profesionales tan fundamentales para su aplicación como los abogados. Ante tal balance no es disparatado preguntarse si ha existido un Ministerio de Justicia en esta legislatura.

No es extraño que, a falta de iniciativas o de capacidad para sacarlas adelante, la legislatura haya terminado peor de lo que comenzó: el colapso sigue siendo colosal -dos millones de asuntos pendientes-, la dotación presupuestaria se mantiene en niveles mínimos -apenas el 1% de los gastos del Estado-, los procesos siguen anticuados como antes y brilla por su ausencia una oficina judicial acorde con el tiempo presente. Bajo el mandato de Mariscal de Gante ha aflorado además un nuevo problema: la llamada desertización judicial. Los jueces actuales, unos 3.500, no bastan para sacar adelante los casi seis millones de asuntos que llegan cada año a sus manos y para atender a los 12 millones de españoles que en ese tiempo acuden a la justicia. Únase a todo ello la reaccionaria política emanada de la Fiscalía General del Estado -un traspiés tras otro del ministerio- y tendremos delante la radiografía de un panorama bochornoso por inane y vergonzante.

En su programa electoral, el PP aboga nuevamente por una justicia rápida y eficaz. Y afirma que tendrá en cuenta las sugerencias del Libro Blanco sobre la justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Será el mismo Libro Blanco que el Gobierno ha mantenido orillado desde su elaboración, a mediados de 1997? En este asunto, la credibilidad del PP es cercana al cero (patatero).