EL JUICIO POR EL 'CASO LASA-ZABALA' Un cuarto testigo se retracta en la vista de sus declaraciones anteriores
El policía nacional Rafael Barranco se retractó ayer, durante la vista del caso Lasa-Zabala, de las declaraciones prestadas anteriormente, primero ante la propia policía y luego ante el juez Javier Gómez de Liaño. Barranco está de baja y en tratamiento psiquiátrico desde que en mayo de 1996 declaró en este asunto. Es el cuarto testigo, tras el policía Julio Vázquez Aira, y los ex guardias de Intxaurrondo José María Velázquez Soriano y Francisco Javier Olivar, que se desdice de lo que manifestó en el sumario.
También el procesado Felipe Bayo se retractó en su día de las declaraciones prestadas ante el juez. Barranco, que antes de comparecer bajo apercibimiento de ser detenido fue citado sin éxito por el tribunal para el 24 y 28 de enero y el 25 de febrero, hizo una declaración muy peculiar. Por un lado, confirmó los extremos de sus declaraciones anteriores en lo relativo a que el ex gobernador Julen Elgorriaga y el general Enrique Rodríguez Galindo pagaban mensualmente a policías franceses a través suyo para que les proporcionasen información sobre los movimientos y domicilios de los etarras que vivían en el sur de Francia. Y por otro, desmintió los aspectos relativos al destino final de los etarras Lasa y Zabala y a la estrecha relación del policía Ángel López Carrillo con Elgorriaga.
El policía Barranco había dicho, primero ante la policía en Lanzarote y luego ante el juez, que antes de abandonar San Sebastián en 1987 López Carrillo le contó el viaje con Elgorriaga y Galindo, cómo recibieron la llamada de Intxaurrondo, pararon en un pueblo y Galindo volvió diciendo que habían caído dos peces. Agregó que Lasa y Zabala estaban muertos y enterrados en el Palacio de La Cumbre, extremo que López Carrillo nunca ha declarado. También había manifestado que el policía López Carrillo era "paso obligado para estar con el gobernador".
Ayer, sin embargo, dijo que todo era falso y que Carrillo era un fabulador. Agregó que había declarado todo eso porque López Carrillo le amenazó por teléfono. Y agregó que incluso presentó una querella contra él y contra los diarios EL PAÍS y El Mundo por haber publicado su nombre en relación con estos hechos. A preguntas del fiscal, Barranco tuvo que reconocer que nunca se querelló por amenazas.
Temor a verse implicado
El policía sostuvo que fue Carrillo quien le dijo lo que tenía que decir, que tenía que avalarle o se atuviera a las consecuencias y que si no declaraba como testigo lo haría como imputado. Pero el 5 de marzo de 1997 Barranco hizo una comparecencia voluntaria en Lanzarote ante el comisario de Arrecife para aclarar detalles, que no tenían que ver con las muertes de Lasa y Zabala "por temor a verse incriminado en algún acto criminal cometido por sus superiores".
Barranco dijo también que en la actualidad se siente "amenazado", y preguntado por qué no ha dicho nada desde 1996, afirmó: "Bastante tengo con lo que tengo". Poco después agregó que está en tratamiento psiquiátrico y tiene problemas con el alcohol desde finales de 1995. El agente incurrió en varios errores, como señalar que Carrillo le dijo que era amigo del juez, y citó a Carlos Bueren, cuando en realidad ambos declararon ante Javier Gómez de Liaño.
El policía precisó que fue escolta del ex gobernador de Guipúzcoa Joaquín Argote, hermano del abogado y procesado en esta causa Jorge Argote, con el que tenía un trato cordial.
También declaró ayer el comandante de la Guardia Civil Manuel Montoya, quien afirmó que las detenciones de Tolosa de enero de 1984 fueron una operación de la Unidad de Servicios Especiales contra ETA político-militar, pero luego no sabía qué mando había dirigido la operación y tuvo que admitir que en los atestados de 14 de los detenidos en los que él constaba como instructor figuraba que estaban implicados en actividades de ETA militar.
